Aunque pueda íntimamente desearlo, Nicolás Sarkozy no va llegar hasta el final en su actual política de desmantelamiento de campamentos gitanos en territorio francés ni de expulsión de todos sus moradores.

Y no lo hará no tanto por la presión que pueda ejercer la Unión Europea- dividida también en este tema- o por los considerables costes económicos que supondría la operación, sino, sobre todo, porque para sus propósitos ya le basta con este gesto puntual de criticable firmeza.

Recordemos que la popularidad de Sarkozy llegó este verano a su nivel más bajo desde que ocupa el palacio del Elíseo. Si a esto se añade el impacto del escándalo de L’Oreal, que afecta directamente a su credibilidad política, podemos entender su necesidad de provocar un giro en la opinión pública con alguna decisión de marcado perfil populista y mediático.

Nada mejor para ello que repetir el tipo de actuaciones resolutivas que, siendo ministro de Interior, le hicieron ganar un amplio apoyo popular hasta el punto de convertirlo en presidente. Así hay que entender, en primer lugar, la operación militar lanzada el 21 de julio para intentar rescatar al ciudadano francés Michel Germeneau, en manos de una célula terrorista de Al Qaida del Magreb Islámico en algún lugar de Mali. Como es bien sabido, el asalto se saldó con un estrepitoso fracaso de inteligencia y de ejecución operativa y, aún más, con la muerte del rehén.

Ese fiasco hizo aún más perentorio lograr un éxito aparente con la segunda de las medidas previstas, en este caso de orden interno: el desmantelamiento en tres meses de los más de 600 campamentos habitados por personas en situación irregular (especialmente gitanos de procedencia rumana y búlgara). Muy pronto, como hemos tenido ocasión de contemplar con vergüenza ciudadana, a esta medida le ha seguido la expulsión masiva de territorio francés de casi 10.000 personas a día de hoy (a los que cabe sumar los 9.000 del pasado año).

Si estas expulsiones están ocurriendo- en abierta violación de las normas que rigen el espacio de libertad y justicia que caracteriza a la Unión Europea- es, sin duda alguna, porque existe un sustrato xenófobo que facilita a un gobernante jugar irresponsablemente con los sentimientos de una población, afectada por una profunda crisis, que interpreta equivocadamente que los “otros” son siempre los culpables de las desgracias propias.

Con una pasividad tan acusada como suicida, esto mismo ya ha ocurrido en ocasiones anteriores en la UE- basta citar el ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia (2008). Tanto en este como en los casos anteriores, nos encontramos ante un discurso que juega a confundir interesadamente inmigración con delincuencia- cuando no con terrorismo- y que se alimenta del temor generado por una crisis que cuestiona el modelo de bienestar que nos define como miembros del club más privilegiado del planeta.

En el caso concreto de los gitanos rumanos y búlgaros- como ejemplo de tantas otras minorías entre nosotros- el primer nivel de referencia nos lleva directamente a sus países de origen. Tanto en Rumanía (donde residen en torno a 2,4 millones; 8% de la población total) como en Bulgaria (0,75 millones; 9% de la población) se trata de minorías tan marginadas hoy, en democracia, como ayer, con regímenes totalitarios.

En ambos casos su plena integración sigue siendo una notable asignatura pendiente para los gobiernos respectivos, escasamente interesados hasta hoy en conformar sociedades que atiendan por igual las necesidades de todos sus habitantes en términos de bienestar y seguridad. Ni antes ni después de su entrada en la UE (2007) han asumido esta tarea como una prioridad destacada de su labor gubernamental. Aunque solo sea por esto, no deja de resultar chocante (en una nueva muestra de la demagogia reinante) las críticas que ahora lanzan los más altos representantes de estos dos gobiernos contra Francia.

En un segundo nivel, esta asignatura afecta igualmente a toda la Unión, en la medida en que en su territorio reside el 80% de todos los gitanos del mundo (en torno a 10-12 millones de personas). Hablamos de la mayor comunidad étnica de Europa, presente en todos los países miembros de la Unión y, en su práctica totalidad, como ciudadanos comunitarios. En Francia residen unos 400.000 (0,6% de la población nacional), mientras que en España, por añadir otro ejemplo, se estima su número entre 600.000 y 725.000 (1,6% del total de población).

Como se está comprobando en este caso, la UE no ha logrado todavía encajar las piezas institucionales y hacer operativas las dinámicas que emanan del Tratado de Lisboa, para hablar y, sobre todo, actuar con una sola voz. Mientras el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución condenatoria contra lo que entiende como una política francesa violadora de las normas comunitarias, y la Comisión inicia un proceso sancionador que puede llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE, el Consejo Europeo reunido hoy apunta a una componenda que permita a todos salvar la cara.

Llegados a este punto, para Sarkozy no tiene interés ir más allá en su política de fuerza, arrostrando el peligro de una crítica generalizada y hasta una condena, una vez que ha logrado el incremento de popularidad que buscaba (voluble en todo caso y, por tanto, susceptible de cambios inmediatos). Para Bruselas chocar frontalmente con Francia solo ahondaría la debilidad estructural de la Unión y daría aún más alas al creciente euroescepticismo que registran los ciudadanos comunitarios.

Visto así, cabe prever que se llegue a una solución de compromiso que permita a cada uno de los actores participantes en esta representación “vender” su éxito. Como suele ocurrir en tantos casos, el actor más débil- los gitanos- está condenado a ser el perdedor neto. Pero eso ya se sabía desde el principio.

Jesús A. Núñez Villaverde es Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)