Un accidente ha puesto en evidencia las condiciones de trabajo de inmigrantes en situación irregular, que no sólo amenazan sus vidas sino que además vulneran sus derechos más elementales.

Laura Corvo, Madrid

Trabajaba 12 horas al día por 700 euros, y no era el único de la empresa que no tenía contrato ni papeles. Lo que podía haberse quedado en un desafortunado accidente laboral, en esta ocasión traspasa los límites de la explotación. La precariedad a la que tienen que hacer frente hoy en día muchos inmigrantes en situación irregular para trabajar, pone en riesgo su vida y vulnera sus derechos más elementales.
 

El suceso al que nos referimos ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando el boliviano Franns Rillles perdió su brazo izquierdo en una máquina de la empresa para la que trabajaba, una panificadora de Gandía (Valencia). La falta de humanidad de sus empleadores, que le dejaron a varios metros del hospital y tiraron el miembro amputado a la basura, no sólo pone de manifiesto las intenciones de quienes contratan inmigrantes en estas condiciones, sino la gravedad de la situación de esa ‘economía sumergida’, en la que las amenazas y la explotación son protagonistas absolutas.
 

Radio Nederland ha hablado con la Asociación de Ayuda al Inmigrante ALMASI – MADRID, especializada en orientación laboral de inmigrantes con y sin papeles. “En este caso se han sumado varios factores, pero el fundamental ha sido el de la situación de irregularidad de ese trabajador, que hace que se encuentre mucho más desprotegido ante cualquier tipo de explotación”, asegura.
 

Factores de riesgo
Un factor que ahora mismo está acentuando la explotación de los trabajadores en situación irregular es, como hemos podido apreciar en los últimos tiempos, la crisis económica. La situación del inmigrante sin papeles le lleva a aceptar empleos que no cumplen ni las condiciones mínimas de seguridad, que se desarrollan en horarios extremos, en lugares insalubres, por los que se paga una miseria y bajo la constante amenaza de la denuncia por parte de sus empleadores.
 

En este sentido, los explotadores se han podido aprovechar de su situación de vulnerabilidad, privando de todo derecho a los trabajadores. Y muchos lo tienen perfectamente calculado: las inspecciones de trabajo son comunes en España, es algo de lo que la administración está profundamente concienciada. Por eso, las personas que contratan inmigrantes en situación irregular, saben lo que tienen que hacer para evadir las sanciones. Normalmente, “esconden” a los sin papeles. Ellos nunca trabajan de cara al público. Se dice también que suelen estar avisados de las posibles inspecciones que puedan realizar en sus empresas. La necesidad del inmigrante y la falta de escrúpulos de los explotadores, recrean una combinación peligrosa e injusta.
 

Desde ALMASI – MADRID explican cómo esta situación es bastante habitual. “Lo que hemos observado desde nuestra bolsa de empleo es que lo más habitual es que esta gente no cobre. Trabaja un tiempo, con promesas de un sueldo y luego, después de estar trabajando en condiciones infrahumanas, encima no percibe un salario”, afirman desde la organización.
 

Protección legal
Lo que no saben muchos inmigrantes que trabajan cada día bajo estas condiciones es que la legislación española sí contempla la protección de sus derechos. De hecho, ellos pueden denunciar las situaciones de explotación e incluso formalizar su regularización por haberlo hecho. Tal vez el miedo, la falta de información y de recursos se lo impiden. “La legislación española y los sindicatos en lo que sí han hecho hincapié es en que se denuncie. Este tipo de denuncias les puede ayudar a regularizar su situación en España”, comentan desde ALMASI – MADRID.
 

En el caso del boliviano Franns Rillles, el Gobierno ya está estudiando la posibilidad de regularizar su situación gracias a los supuestos que se contemplan en la ley por razones humanitarias.
 

Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha exigido, a través de un comunicado, sanciones ejemplares para los empresarios que lleven a cabo esta clase de explotación, así como protección para los inmigrantes que se vean obligados a trabajar en tan precarias condiciones.