Desde el 16 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, en representación del gremio de periodistas, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija al Estado hondureño medidas cautelares para proteger a los periodistas.

En menos de tres años, diez reporteros han sido asesinados. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio López, critica la pasividad del órgano interamericano. 

“Esto se produce desde el 2007 de forma extrajudicial. Decimos esto porque no sabemos el grado de involucramiento o no de autoridades o de personas dedicadas al crimen organizado. En el 2007 y en el 2008, durante la administración anterior, ya se dieron ese tipo de agresiones, y nunca se ha hecho nada”, dijo a Radio Nederland al comisionado nacional de Derechos Humanos de Honduras.
 

“Dimos a conocer esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque de acuerdo a la Convención Americana, ellos pueden pedir al Estado miembro las medidas cautelares. Así lo hicieron durante la pasada crisis. Más de 100 personas fueron puestas a trabajar para garantizar medidas cautelares. De hecho muchas de esas medidas fueron un éxito, porque las personas protegidas por estas medidas salvaron sus vidas”, enfatizó Ramón Custodio López.

Politización
Según el comisionado nacional, “lo que nos llama la atención es que desde el 16 de marzo no he tenido ninguna respuesta oficial ni extraoficial de ellos, lo cual me hace pensar que se estaría politizando esto de las medidas cautelares. Cuando se habla de miembros de la oposición política, ellos sí asienten”.
En la solicitud enviada a la CIDH se piden las medidas cautelares ya que están siendo víctimas de homicidio, amenazas de muerte y viviendo una situación de alto riesgo generalizado por el ejercicio de su profesión.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras detalla en la petición los asesinatos en los últimos dos años de los periodistas Carlos Salgado, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López, Bernardo Rivera Paz, Gabriel Fino Noriega, Joseph Hernández Ochoa, David Meza Montecinos y Nahúm Palacios.
La misiva dice también: “la situación de alto riesgo de este importante sector de la sociedad hondureña se da en medio de una ola continua de violencia sistemática que perjudica los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente el derecho a la vida, como se refleja en la elevada tasa de homicidios, la cual excedió las 60 víctimas por cada cien mil habitantes en el 2009, chocante por ser la mundial un poco más de 8”.