El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, acaba de decretar un "estado de calamidad pública" para enfrentar la crisis alimentaria que afecta al país a consecuencia de una fuerte sequía.
 

"He decidido hacer uso de la ley de orden público y declarar un estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, ya que las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectará solamente a los departamentos del corredor seco, sino al conjunto del país", afirmó Colom en un mensaje al país.

Según el mandatario, gracias a este decreto se podrá tener acceso a la cooperación internacional y al mismo tiempo movilizar recursos del presupuesto nacional.
 

Según un estudio del Ministerio de Salud, la sequía ya ha provocado este año la muerte de cerca de quinientas personas. El hambre estaría afectando directamente a 54 mil familias y podría llegar a afectar a otras 400 mil familias antes de fin de año. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzó este martes la entrega de 20 toneladas de galleta nutritiva en 164 comunidades afectadas por el hambre.

Por su parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, manifestó su preocupación por la situación nutricional en Guatemala. De Schutter, quien acaba de visitar el país, señaló que existe una gran desigualdad en los ingresos y que la pobreza en las zonas rurales, especialmente indígenas, es alarmante. El Relator abogó por una mejor recaudación de impuestos, tal como se ha acordado en los Acuerdos de Paz de 1996. Del 12,5 % del Producto Interno Bruto convenido en aquel entonces con la ex guerrilla, sólo se recauda menos del 10 %, lo que deja al Estado sin recursos para combatir la desigualdad.
 

En entrevista con Radio Nederland Wereldomroep, Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina de Guatemala (CONIC) dijo que “el estado de calamidad del pueblo de Guatemala tendría que haberse decretado desde hace muchas décadas. Si bien es cierto que nuestra situación socioeconómica se agrava con la sequía que estamos viviendo en este momento, ni modo es el momento para decretar esta situación. Sin embargo hemos vivido momentos de estado de calamidad, como con los huracanes Stan y Mitch, pero lo que hemos visto hasta ahora son los resultados de estos decretos: En vez de beneficiar a la población se ha beneficiado a sectores que realmente no les interesa. Para atender la situación calamitosa en que vive el 80 por ciento de la población guatemalteca, no se necesita de un decreto sino de acciones concretas, coherentes con esta realidad”.
 

Juan Tiney teme que gracias al decreto de calamidad, el gobierno pueda disponer de dinero del presupuesto nacional para aplicarlo como mejor le plazca sin control de las instancias respectivas, y que lo utilizará para la campaña electoral que prácticamente ya se ha iniciado. Al mismo tiempo se beneficiará a las empresas importadoras y distribuidoras de alimentos pero que no se resuelven los problemas estructurales que aquejan a la mayoría de la población humilde del país.
 

Tiney asegura que más del 50% del presupuesto nacional se asigna a Ciudad de Guatemala, dejando en el desamparo a la mayoría de la población indígena del país, hecho que califica como “la actitud racista del Estado Guatemalteco. Cuando suceden calamidades sobre la población indígena, fundamentalmente en el occidente del país, no pasa nada, no mueven un dedo. Pero ahora destinan dinero para el corredor seco, si bien es cierto que hay sequía en esos departamentos, cuando en otras regiones afectadas desoyeron todos los reclamos”.