El juez Baltasar Garzón vuelve a enfrentarse a un juicio como imputado. En esta ocasión, por supuestas irregularidades procesales en su investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Si hace tan sólo unos días se sentaba ante el Tribunal Supremo acusado de prevaricación por ordenar las escuchas telefónicas en la trama Gürtel, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos tiempos en España, durante los próximos días se someterá a un nuevo proceso cargado de polémica.

Baltasar Garzón afronta ahora esta nueva amenaza, que podría acabar con su carrera profesional, como una causa planteada por parte de una acusación popular del pseudo sindicato derechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que piden 20 años de inhabilitación para el juez por considerarle incompetente para investigar las muertes y desapariciones que se sucedieron durante más de 40 años de dictadura del General Francisco Franco. Una acusación que ha provocado la indignación de muchas organizaciones de derechos humanos y que sorprende en el exterior, especialmente por el papel del magistrado en grandes casos de justicia internacional para la condena de crímenes cometidos en el marco de otras dictaduras, como la argentina o la chilena.

La “herencia franquista”
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consideran que el simple hecho de juzgar a la única persona que ha abierto una investigación formal sobre los crímenes de la dictadura es algo lamentable. Sin embargo, también creen que es positivo que por fin sea visible el poder que ha dejado la herencia franquista en este país.

Radio Nederland ha hablado con Emilio Silva, presidente de esta asociación: “la propia existencia de este juicio es lamentable. Que se juzgue a la única persona que ha intentado ayudar a las familias de los más de 113.000 desaparecidos que todavía están en fosas comunes como consecuencia de la dura represión de la dictadura militar, y que vaya a ser tratado como un delincuente es simplemente lamentable y casi un maltrato de la sociedad a esas familias, porque no han tenido ningún tipo de reparación en 35 años de democracia y 40 de dictadura”, afirma Silva. “Pero dentro de lo malo, esto nos va a ayudar a hacer una especie de radiografía de la sociedad española y nos va a permitir ver un poder que durante muchos años ha estado latente, y que se ha visto amenazado en su estatus por este juez. Vamos a ver cómo se comportan”.

Miedo a reabrir las heridas
Porque parece que hay un sector de la sociedad española que se muestra bastante reacio a hablar de memoria histórica, de víctimas, del derecho a recordar. Se amparan en la Ley de Amnistía del año 77, que suponía un punto y aparte para realizar con garantías la transición democrática. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que no ha existido reconocimiento a las víctimas, no se han reparado los daños, y que las heridas siguen abiertas mientras aquellos que cometieron toda clase de violaciones de los derechos humanos, siguen disfrutando impunemente de su libertad.

Es lo que reclaman en España muchos colectivos, a los que apenas se les da voz, como la recién creada asociación La Comuna, organización de ex presos políticos que lucha para que se reconozcan los daños de los crímenes y de la represión franquista. Afirman que la realidad en este país es que muchos no están dispuestos a reconocer que hay cosas que no se pueden olvidar fácilmente.

Según Chato Galante, ex preso de la dictadura franquista, “hay un sector de la sociedad interesado en que esto no se sepa. Lo que hay que entender es que en este país la Ley de Amnistía supone una ley de punto final. Muchos funcionarios de este país han seguido recibiendo parabienes en mitad de una sociedad democrática. Ése es el miedo para un sector social, para el que recuperar la memoria supone poner sobre la mesa que durante más de 40 años de dictadura franquista hubo víctimas pero también hubo verdugos”, asegura el activista.

Justicia desde el exterior
Precisamente desde esta organización pretenden presentarse como parte de la querella que se ha interpuesto en Argentina contra los crímenes del franquismo, para reunir testimonios y casos que apoyen la causa.

Carlos Slepoy, abogado argentino especializado en derechos humanos, es uno de los principales promotores de las demandas de españoles presentadas en los tribunales de Buenos Aires. “Me parece importante destacar que la acción judicial en Argentina es una especie de devolución a la causa abierta en España por el juez Garzón, que ahora increíblemente está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. Recordemos la iniciativa que tuvo en su momento para investigar los crímenes en diversos países de América Latina. Lo que hacemos ahora es la aplicación del principio de justicia universal que establece que, dada la naturaleza de estos crímenes, lo mismo deben ser perseguidos en distintos lugares del mundo y juzgados”.

El reconocimiento internacional al trabajo del Juez Garzón en defensa de los derechos humanos, contra la impunidad de los crímenes cometidos en el marco de dictaduras en América Latina, es innegable. Por este motivo sorprende tanto en el exterior que precisamente en España, en su país, no haya podido alcanzar el mismo grado de compromiso y que además haya sido apartado de sus competencias.

Sin embargo, el efecto que puede provocar esto es que bajo el amparo del derecho universal, la impunidad del franquismo pueda ser juzgada en cualquier parte del mundo. “Lo que nosotros creemos es que ahora puede pasar algo similar que en Argentina y Chile. Cuando reinaba la más absoluta impunidad, la actuación de algunos tribunales europeos, lo que demostró al mundo es que el único refugio que tenían los acusados era el propio país donde habían cometido sus delitos”, comenta Carlos Slepoy.

Un proceso imparable
Aunque muchos se muestran pesimistas ante algo que consideran como una estrategia definitiva de determinados sectores para enterrar el pasado y dejar los crímenes franquistas en la más absoluta impunidad, otros creen que ante la injusticia de la imputación a Garzón por sus investigaciones, se ha abierto un proceso que es imparable.

Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ya ha comenzado. “Yo soy bastante optimista porque estos procesos cuando han comenzado en algún país, nunca se han detenido. Quién nos iba a decir hace diez años que en Argentina tendrían tumbada por su Tribunal Supremo la Ley de Punto Final, que haya decenas de militares que estén encarcelados y que incluso se haya atacado a la trama civil y religiosa.”

Se estima que el proceso que comienza este martes y donde se plantearán las cuestiones preliminares y técnicas, se prolongue durante al menos 15 días. El día 31 de enero el propio Baltasar Garzón realizará su declaración inicial. Además, más de una veintena de testigos procedentes de asociaciones de la defensa de la Memoria Histórica, tendrán la oportunidad de aportar su testimonio. Hay que tener en cuenta que durante estos días también podría conocerse la resolución del juicio sobre las escuchas del caso Gürtel.