En un reciente informe, Amnistía Internacional (AI) denuncia la violación de derechos humanos en España. Desde años, AI manifiesta preocupación por la impunidad de agentes implicados en casos de tortura.

Por Pepa Palma
 
Escuche la entrevista a Rachel Taylor*

La detención en régimen de incomunicación en España “está en clara violación de la legislación internacional sobre derechos humanos,” denuncia Rachel Taylor, autora del Informe publicado esta semana por Amnistía Internacional.
 
Este informe señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días en todos los casos, y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Durante este tiempo, “el detenido no puede avisar a su familia de su detención, así que durante varios días los familiares del detenido no tienen ninguna idea de dónde está su persona querida,” indica Taylor.
 
Además, la persona que sufre esta incomunicación no tiene acceso a la organización de una defensa adecuada porque “esta legislación deniega al detenido el derecho de consultar con un abogado de confianza,” señala Taylor, algo que recoge el derecho internacional a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cualquier caso, si un detenido en régimen de incomunicación tiene acceso a un abogado de oficio “tampoco puede hablar con su abogado en privado, es decir, no puede hacerlo sin que estén presentes policías,” añade la autora del informe.
 
Diferentes organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, han llamado la atención sobre la posibilidad de que los detenidos en régimen de incomunicación sufran torturas o malos tratos. Como comenta Rachel Taylor, “incluso se ha dicho desde el nivel de las Naciones Unidas que el régimen de incomunicación en sí mismo puede ser una forma de tortura o trato cruel e inhumano”.
 
Coordinadora para la Prevención de la Tortura
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, formada por organizaciones que luchan contra este tipo de castigos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Asociación Libre de Abogados, recogía en su informe del 2008 un total de 274 casos de tortura que afectaron a 579 personas. La propia organización reconoce que en esta cifra no se recogen todos los casos, bien por petición expresa de las personas agredidas, bien porque la información presentada no era suficiente o no estaba contrastada, o bien porque no se ha llegado a presentar una denuncia.
 
La Coordinadora confirma que esta tendencia a no denunciar va en aumento en los últimos años, pasando de ser habitual en inmigrantes sin documentos, en personas presas y en miembros de la etnia gitana, e incluye también personas agredidas tras participar en movilizaciones sociales, tanto por temor a recibir contradenuncias de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones.
 
Falta de investigación
En este sentido, Amnistía Internacional lleva años mostrando su preocupación por la impunidad de los agentes de policía en casos de tortura y malos tratos en España. En el 2007, la organización presentaba un informe específico sobre este tema. Rachel Taylor nos contaba que, aunque la organización ha recogido muchas denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación, “son raramente investigadas de forma adecuada por las autoridades, así que las posibles víctimas de malos tratos no reciben justicia, y tampoco se puede demostrar que algunas denuncias sean ciertas o falsas”.
 
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura añade que es común que estas denuncias contra miembros de Fuerzas de Seguridad o de Instituciones Penitenciarias se archiven rápidamente tras una limitada y deficiente investigación. En caso de que la denuncia prospere, la Coordinadora indica que el proceso puede tardar entre cuatro o cinco años para denuncias por lesiones, y hasta 20 años si la acusación es por delito de tortura.
 
Como nos contaba Taylor, este régimen de incomunicación es “excepcional a nivel europeo,” y ha sido mantenido por diferentes Gobiernos españoles, e incluso se amplió, en el 2003, de 5 a 13 días el periodo máximo de detención en régimen de incomunicación. La autora del informe explica que el Gobierno español justifica el uso de estas prácticas en su lucha contra el terrorismo. Y aunque la ley permite aplicar este régimen a todos los detenidos, Rachel Taylor nos cuenta que “en la realidad, se usa solamente en casos de sospechosos de terrorismo y de estar involucrados con crimen organizado”.
 
Desde la organización se espera que España haga por fin caso a las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura en su próxima cita de noviembre, ya que, en su última comparecencia ante este organismo en el 2003, desoyó las fuertes críticas hacia el régimen de detención en incomunicación.
 
A nivel interno, Rachel Taylor nos explica que “a finales de este año o principios del que viene, va a haber una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,” lo que sería una oportunidad para que el Gobierno español “pueda dejar el uso del régimen de incomunicación en el pasado”.
 
Rachel Taylor es responsable de investigaciones de Amnistía Internacional y autora del informe España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación.