El debate sobre el aborto está de plena actualidad en España. El gobierno socialista ha emprendido una reforma de la legislación actual que ha encontrado la oposición no sólo de los partidos políticos conservadores sino de parte de la sociedad española.

Con el lema “Cada vida importa”, decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid, la capital de España, contra la ley de reforma del aborto que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero desea aprobar en esta legislatura.
 

Más de 42 organizaciones antiabortistas convocaron la marcha, que fue secundada por varios representantes del principal partido de la oposición en España, el Partido Popular. Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el ex presidente del gobierno español, José María Aznar. Vista la multitudinaria manifestación del sábado, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que esta semana pedirá en el Congreso español la retirada del proyecto de ley.

Una reforma controvertida
Desde 1985, el aborto no se penaliza en España en tres supuestos: si la salud física y mental de la madre está en riesgo, si el embarazo es producto de una violación, o si hay riesgo de que la criatura nazca con severas deficiencias físicas o psíquicas. La mayor parte de los casos de aborto que se practica en España encaja dentro del supuesto de riesgo para la salud mental de la madre.
 

Los partidarios de la modificación legislativa consideran que España debe adoptar una ley de plazos similar a la que existe en numerosos países europeos, entre ellos Holanda, para evitar que la decisión de una mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo esté a merced de la interpretación de un médico especialista.
 

Luisa Torres, portavoz de la Clínica DATOR, una de las instituciones autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, aclara que lo que hay ahora en España no es una ley. “El aborto estaba, o está mejor dicho, en el Código Penal, lo cual significa que el aborto sigue siendo un delito, a no ser que la mujer demuestre que se encuentra dentro de las tres circunstancias previstas. Entonces, yo creo que la propuesta de esa nueva ley significa un paso adelante en el sentido de que supone sacarlo del Código Penal”.
 

Ley de plazos
Impulsado por esta idea, el Partido Socialista, en el poder desde el 2004, ha promovido la reforma de la legislación sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en España en esta segunda legislatura. El proyecto de ley contempla un sistema de plazos en el que el aborto estaría permitido dentro de las primeras 14 semanas de gestación y, más allá de ese plazo, en casos concretos de grave riesgo para la salud.
 

Los socialistas defienden que, con la nueva ley, se ofrece mayor protección jurídica a la mujer que decida abortar, al tiempo que se imponen normas más claras para actuar contra quienes excedan los límites establecidos por la ley. La portavoz del grupo socialista en la Comisión de Igualdad del Parlamento español, Carmen Montón, explica los motivos por los que su partido decidió impulsar la reforma de la ley.
 

“Yo creo que una pieza clave que da una ley de plazos es la seguridad jurídica. Luego además la parte de las indicaciones también nos va a evitar casos que se daban en España de fetos inviables con una anencefalia, por ejemplo, que quedaban en un limbo y que en algunas situaciones esas mujeres tenían que salir fuera porque estaban embarazadas de un feto que iba a nacer muerto o que no tenía ninguna expectativa de vida después de nacer, y que en España no acababa de resolverse. Por lo tanto, esta ley lo que da es más garantías y más seguridad jurídica al conjunto de la sociedad”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que pedirá en el Congreso la retirada de la ley por considerar que no es necesaria y que, además, divide a la sociedad. Sandra Moneo, portavoz del grupo popular en la Comisión de Igualdad del Congreso, subraya esta idea.
 

“Es cierto que en España no existía una demanda real, ni sigue existiendo una demanda social para la reforma de la actual legislación del aborto. A nuestro juicio es más una demanda que responde a intereses políticos, quizá para introducir otro debate en un momento en que España está sumida en una profunda crisis económica, más que a dar respuesta a esa demanda social”.
 

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta de ley del gobierno español es que ampara la autonomía de las adolescentes de 16 o más años para decidir si se someten a un aborto sin contar con el consentimiento de sus padres. Antonio, padre de familia que apoya la reforma de la ley del aborto en España, tiene sus dudas ante esta posibilidad. “A mí me gustaría en cualquier caso conocerlo para yo también ampararla en su decisión. Dependería de la edad, aunque hay personas que son más maduras con una edad que otra, pero está claro que hay que establecer una edad... bueno, en algún caso es verdad que con 16 años la madurez no está garantizada. A mí me gustaría; en mi caso yo tengo dos hijas, que contasen conmigo, sinceramente, pero bueno, hay gente que con 16 años yo creo que es suficientemente madura para no contar con permiso paterno para llevar a cabo un aborto”, dice.
 

Fase final
El proyecto de ley se encuentra actualmente en la última fase, antes de su futura aprobación o rechazo. El Consejo de Ministros dio luz verde a la propuesta inicial. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial se abstuvo de emitir un juicio contrario o favorable, y el Consejo de Estado dio su visto bueno. Queda, por tanto, el trámite parlamentario, para el cual el Partido Socialista cuenta con suficiente apoyo para que la ley sea aprobada.
 

Si su petición de retirada de la nueva ley no es secundada por el Congreso, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad del texto. Los populares se encuentran ante una disyuntiva delicada. Se oponen frontalmente a la reforma legislativa, pero no pueden alinearse con quienes proclaman la derogación de la legislación actual, ya que durante sus ocho años de gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta en el Parlamento, no hicieron nada para cambiar la ley.