El pasado 11 de abril se tenía que votar en torno al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en el pleno de la Asamblea Nacional. Luego de un conflictivo inicio de sesión, la votación quedó suspendida. Tanto por mandato constitucional como por decisión plebiscitaria, el organismo legislativo tenía, desde hacía tiempo, la obligación de dictar una Ley en este ámbito.

Cuando inició la reunión, el asambleísta de oposición César Montúfar mocionó archivar el proyecto de Ley. Se votó la propuesta y perdió ampliamente. A continuación, un asambleísta independiente, Tomás Cevallos, que ha actuado más del lado opositor al Gobierno, mocionó votar artículo por artículo todo el proyecto de Ley. Esta vez la propuesta tuvo apoyo. Los mismos asambleístas de Alianza PAIS vieron interesante hacerlo así, “para que el pueblo se diera cuenta quiénes están en contra de los intereses de los indígenas, de las personas con discapacidades y otros grupos vulnerables”, como lo señaló luego la legisladora Betty Carrillo.

En ese punto, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspendió la reunión y planteó que, dado que se había decidido votar artículo por artículo, el presidente de la Comisión Temporal de Comunicación y responsable del proyecto de Ley, Mauro Andino, se reuniera con los distintos bloques legislativos para buscar acuerdos. En próximos días se sabrá cuándo se retomará el tema.

Las razones de la oposición
El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación ha tenido una feroz oposición, tanto de los sectores mediáticos de comunicación privada como de políticos opositores al régimen. El doctor Rómel Jurado, asesor del legislador Mauro Andino en esta materia, cree que el punto neurálgico para los opositores es la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo que se plantea en el proyecto de Ley. Según Jurado, la oposición dice que, por buena que sea la Ley, al estar conformado este mecanismo de control por gente allegada al Gobierno, no se la aplicará cabalmente o se la aplicará con discrecionalidad.

El Consejo de Regulación y Desarrollo se conformaría con cinco miembros, solo uno representaría al Ejecutivo. A pesar de esto, según Jurado, la oposición argumenta que las personas que serían nombradas por los Consejos de Igualdad, así como el representante de los gobiernos seccionales y la representación de las universidades públicas responderían al Ejecutivo. “Esto ya no implica una interpretación de la Ley y sus sentidos, sino una interpretación interesada de cómo podría ejecutarse y una especulación sobre quienes podrían ser los miembros elegidos a ese Consejo. Lo que hay en el fondo es una disputa política, no un deseo de racionalizar y regular la comunicación sino de negarse a toda forma de regulación y hacer de esto una batalla política”.

El tema de la redistribución de frecuencias
Más allá de este tema, Jurado no cree que haya otro punto de gran divergencia, salvo el tema de la reversión de frecuencias que no fueron adecuadamente concedidas, porque algunas de esas frecuencias estarían en manos de sectores de la oposición. Sin embargo, dice: “no se revierte al opositor, se revierte al que haya adquirido ilegalmente la frecuencia, independientemente de su signo o tendencia política”. El proyecto de Ley plantea que el espacio radioeléctrico debe dividirse en un 33% para medios privados, un 33% para medios públicos y un 34% para medios comunitarios. Jurado considera que, de aprobarse la Ley, sí va a ser posible revertir estar frecuencias al Estado para su consiguiente redistribución.

Los organismos internacionales no han objetado el proyecto de Ley
A la pregunta de si este proyecto de Ley fuera sometido al escrutinio de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha criticado al Gobierno de Ecuador en materia de libertad de expresión, Rómel Jurado señala que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, hizo una invitación abierta a todos los organismos internacionales para que se pronunciaran sobre la compatibilidad de la Ley con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. “No se ha recibido hasta la presente fecha ninguna objeción y, por el contrario, varios organismos internacionales de radios comunitarias, de organizaciones cristianas y otras han expresado abiertamente su respaldo al contenido de la Ley y la han calificado de democratizadora”.

Lo que se viene
En torno a lo que ocurrió el 11 de abril, Rómel Jurado señala que la oposición perdió en su propuesta de archivar la Ley. “Supuestamente esta era una tesis nacional, cargada de fuerza en la propia oposición y no alcanzó una votación respetable, apenas si una cuarta parte de los asambleístas votaron a favor de dicha tesis, por lo cual fue negada”. Y añade: “en política los votos y las alianzas se ven en las votaciones, y la coyuntura y el azar permitieron que esta Ley sea votada artículo por artículo, que desde mi perspectiva es la forma más democrática de debatir y aprobar una Ley”. Jurado aclara que votar así, de artículo en artículo, no fue una propuesta del oficialismo sino de un asambleísta opositor.

Finalmente, el asesor de la Comisión de la Comisión Temporal de Comunicación de la Asamblea dice que la posición más saludable y digna para todos los asambleístas, inclusive los de oposición, es ponerse de acuerdo en los contenidos más razonables y manifestar claramente cuáles son los artículos en los que no están de acuerdo. “Así, todos tendremos una Ley de Comunicación coherente, y, en los puntos críticos, habrá que ganar con votos las posiciones que sean más convenientes para el país”.

“Lo que no puede hacer la oposición ni el oficialismo –finaliza– es negarse a darnos una buena Ley de Comunicación”.