El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha pedido a las instituciones del Estado que modifiquen el Código Penal para aumentar las penas por los delitos que se cometan contra la mujer.

Violado, desmembrado y mutilado. Así fue encontrado el cadáver de la quinceañera y atleta de lucha Alison Renderos el pasado mes de mayo en una fosa de San Salvador después de que unos pandilleros decidieran arrancarle la vida.

La brutalidad de los hechos ha sobrecogido al país y ha desatado una alarma social que incluso ha llevado a su presidente, Mauricio Funes, a exigir al sistema judicial salvadoreño la “aplicación plena” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Además, Funes solicitó que se eleven las condenas establecidas en el Código Penal para aquellos que atenten contra la integridad de una mujer. A partir de ahora, los agresiones a la mujer serán consideradas “delitos contra la sociedad y la patria”.

“La verdad es que esta noticia nos ha sorprendido mucho y a la vez nos ha llenado de alegría”, dice a Radio Nederland Deysi Cheyne, Directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU). “Por primera vez el discurso de un mandatario señala un compromiso importante por parte del gobierno y un reconocimiento de que estamos frente a una problemática nacional de gran envergadura que hasta ahora el Estado no ha sabido resolver”, comenta Cheyne.

La mujer como objeto de ira
Las cifras de violencia de género en este país centroamericano son escalofriantes. En 2011, cada 18 horas una mujer moría a manos de su pareja y cada hora dos mujeres denunciaron ser víctimas de agresiones, según fuentes gubernamentales. Este año no parece que la situación vaya a mejorar pues hasta el momento se han producido ya 186 feminicidios según el IMU.

Además, un dato a tener en cuenta es que a partir de la tregua que se anunció entre las pandillas el pasado 9 de marzo “los homicidios oficialmente bajaron pero, paradójicamente, el número de mujeres asesinadas aumentó en relación al año pasado. Estamos hablando de casi cinco mujeres asesinadas diariamente, algo escandaloso”, dice Cheyne.

Las penas
Actualmente, el Código Penal establece penas que van de seis meses a ocho años de prisión, en casos de delitos relativos a la integridad de una persona. El castigo varía según la gravedad de estas lesiones pero por ejemplo un asesinato puede llegar incluso a los 30 años de cárcel.

“Estamos a la espera de esa propuesta de endurecimiento de penas pero sabemos que sólo eso no resuelve la problemática. Es una debilidad en el discurso del presidente que no se haya hecho mención de la necesidad de estrategias de prevención de la violencia de género, porque aquí se puede hacer mucho esfuerzo para que la violencia deje de ser naturalizada y sea condenada socialmente. La sociedad debe sentirse indignada ante cualquier acto de violencia contra las mujeres”, comenta Cheyne.

El morbo mediático
“Esta reforma pasa también por una regulación mayor de los medios de comunicación y de todo este aparato de espectáculos públicos que hoy por hoy no tiene ninguna restricción”, dice Cheyne, y lamenta que hoy “en la televisión o en el cine se vea cualquier cosa, lo que supone una promoción realmente grave en la violencia contra las mujeres”.

Como solución, esta feminista propone un primer paso: instalar una mesa permanente para discutir sobre la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Una propuesta que, según dice, lanzaron hace tiempo pero que hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta. “Esperamos que a raíz de este anuncio del presidente haya más apertura alrededor de esto. En todo caso, el movimiento de mujeres tendrá que instalar esta mesa para tener, desde ese espacio de sociedad civil, una mejor interlocución con el aparato gubernamental”.