Los oficiales salvadoreños supuestamente implicados en la matanza de seis jesuitas, en 1989, no podrán obviar la orden de extradición expedida por la Audiencia Nacional de España.

Isabel Caro

Los nueve oficiales se han entregado a la justicia militar confiando en que ya habían sido juzgados en El Salvador, donde una ley de amnistía aún está vigente.  La Corte Suprema de El Salvador decidirá si extradita a España a estos oficiales acusados por la matanza de seis jesuitas (cinco de ellos españoles).

El abogado defensor de dos de los militares, Eduardo Cardoza, se refirió en la radio estatal salvadoreña a la ilegalidad de la orden, alegando que algunos de los oficiales ya se beneficiaron de una ley de amnistía vigente desde 1993. También argumentó que, por falta de pruebas, otros ya habían sido puestos en libertad en el 2000. El letrado confía en que esta situación beneficie a los procesados en el veredicto final.

Curiosamente, en este sentido se ha pronunciado también la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de El Salvador, entidad que ha pedido a la Corte hacer valer la “soberanía nacional”. En su comunicado, la asociación concluía que "el sector empresarial considera un retroceso para nuestra democracia y la reconciliación alcanzada tras la firma de los Acuerdos de Paz (1992), que se intente perseguir hechos de la guerra que ya fueron juzgados, violentando incluso nuestra misma Constitución de la República al no respetar la amnistía acordada".

Opinión de expertos
Sin embargo, expertos coinciden en considerar legal la orden de la Audiencia Nacional española. Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), explica que la ley de amnistía en El Salvador “es una de las más cuestionadas en la historia de las amnistías por Naciones Unidas, los órganos de protección de derechos del sistema interamericano, la sociedad salvadoreña y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional. La amnistía viola todos los estándares en materia de derechos humanos y, por lo tanto, no es válida”.

En esta línea se pronuncia el abogado argentino afincado en España, Carlos Slepoy, quien afirma que “es una jurisprudencia muy consolidada de la Corte Interamericana de DDHH que ninguna ley o medida de gracia puede alcanzar a quienes cometan crímenes contra la Humanidad, genocidios o crímenes de guerra. Es absolutamente irrelevante para la justicia internacional”.

Sobre el juicio que algunos militares ya protagonizaron en El Salvador, Cuéllar asevera que “la cosa juzgada tiene  excepciones, la fundamental es que los procesos que se han desarrollado en un país no cumplan con los estándares de derechos humanos en lo relativo a los derechos de las víctimas y las garantías de los imputados. Por tanto, tampoco ese argumento funciona”. 

En este supuesto,  Slepoy afirma que habría que analizar “si han sido juzgados por los mismos hechos”. En caso afirmativo, hablaríamos de un caso de “cosa juzgada” y “tendría que analizarse, conforme a las pautas de la Corte Penal Internacional, si el juicio se hizo fraudulentamente o con el objetivo de favorecer a los victimarios”, concluye el letrado. En el caso de que se considerara que los militares ya tuvieron un juicio con todas las garantías, “podría ser un motivo fundado por el cual la Corte negara la extradición”, concluye.

Se prevé que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador decida esta semana si extradita a los nueves militares para que sean juzgados en España.