Desconcierto ha causado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de no capturar ni extraditar a los militares involucrados en el asesinato de 6 jesuitas durante la guerra civil de ese país centroamericano.
 

Se abre un nuevo capítulo entre la justicia salvadoreña y la española en el caso de los ex militares involucrados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, en el asesinato de 6 jesuitas españoles y dos mujeres. La Corte Suprema de El Salvador, CSJ, anunció que dejará en libertad a los militares ‘detenidos’ en una guarnición militar desde hace algunas semanas. La Corte alega no haber recibido de España ninguna solicitud  formal de extradición, lo cual significa que los militares se quedan en casa.

Néstor Castañeda, juez del máximo tribunal salvadoreño, aclaró que los militares nunca habían estado privados de la libertad, con lo que contradice de lleno lo dicho en su momento por altos funcionarios gubernamentales y por el mismo presidente Mauricio Fúnez. En un comunicado de prensa, el mandatario declaró que "el Ministerio de la Defensa puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz a los nueve militares retirados que son requeridos por la Interpol para los procesos legales correspondientes". Una vez conocida la orden de captura internacional, los militares se presentaron voluntariamente y, desde entonces, han permanecido alojados en la Brigada Especial de Seguridad Militar Salvadoreña.

Para el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuéllar, el fallo de la CSJ no es sino un episodio más de la gran farsa alrededor, no solo de éste, sino de todos los demás casos que involucran a los violadores de derechos humanos en El salvador. “Desde nuestra perspectiva,” comenta, “todo esto demuestra un Estado y una administración del Estado que continúan siendo el mismo de hace 20 años, después del fin de la guerra. Un Estado que protege a los criminales de alto nivel y que desprecia la petición de justicia de las víctimas”.

Entrevista a Benjamín Cuéllar, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.

RN: ¿En qué consiste realmente la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia?

Benjamín Cuéllar: Pues francamente no lo sé. Hace un año, el juez español Velasco, de la Audiencia Nacional, solicitó certificación de todos los procesos que se habían realizado en El Salvador contra los imputados que tenía él, y pidió que se les notificara los cargos que pesaban en su contra en España. Pese a ser algo que es una garantía judicial para cualquier procesado, los jueces se negaron a hacerlo. Lo mismo que está sucediendo ahora con las órdenes de captura internacionales para efectos de detención y extradición. ¿Y cuáles han sido los argumentos para no hacerlo? Que se iban a abrir heridas, que se estaba violando la soberanía del país, que se desataría otra guerra etc., etc.

Lo único que tenemos son las declaraciones de un magistrado que se ha caracterizado por defender a los militares, las cuales no son nada consistentes, pues no cuenta con argumentos jurídicos reales. Según ese juez, no tenían ninguna solicitud real de extradición; mas yo tengo una copia que emitió el juez Velasco, en la que se solicita la captura de los militares y medidas internacional a efectos de entrega y extradición.

RN: ¿Pueden la CSJ y el Gobierno salvadoreños desconocer una orden de captura internacional?

B.C.: No deberían, ni pueden, pero lo hacen como lo han hecho durante tantos años respecto a la persecución de los criminales y violadores de derechos humanos.

RN: ¿Qué tan en duda se pone, con esta decisión, el compromiso de la justicia salvadoreña con otras instancias judiciales e incluso con la misma justicia internacional?

B.C.: Lo que pienso es que este juicio de España lo que está haciendo, más allá del procesamiento de los militares, es que está siendo un juicio político y de derechos humanos sobre un proceso que se había presentado como exitoso. El entredicho del Estado salvadoreño frente a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos tanto universal como regional y ahora con la justicia universal, con este caso de los jesuitas. El Estado salvadoreño es el principal incumplidor de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde que se decretó la amnistía, tanto la Comisión Interamericana como diversos órganos de Naciones Unidas le han exigido que la derogue o la adecúe a los estándares internacionales, mas nunca lo ha hecho.

RN: ¿A qué sanciones se podría exponer El salvador si hace caso omiso de todos estos convenios internacionales de justicia?

B.C.: Yo creo que estamos ante una situación inédita, insólita, que quizás haya ocurrido con Gobiernos del siglo pasado, violadores de los derechos humanos que despreciaban a la comunidad internacional. Ahora estamos en pleno siglo XXI, supuestamente con el primer Gobierno de izquierda, un Gobierno que puede ser señalado como cómplice de los grandes violadores de derechos humanos. Habrá que ver cómo la comunidad internacional asume este desafío de hacer que se cumplan estos compromisos internacionales.