Poco antes de los ataques del 11 -S, el presidente norteamericano George W. Bush aseguró que los ataques eran “una declaración de guerra” contra Estados Unidos, según podemos leer en sus memorias, Decision Points. El ex presidente también describió su visión reflejada en la de muchos ciudadanos de su país: “Encontraremos a los culpables y los haremos polvo”.

Geert Jan Knoops*

Guerra y venganza eran, pues, las piedras angulares de la gestión política, militar y legal en Estados Unidos en la era post 11/9. Piedras angulares que constituían la venida de un nuevo orden mundial y la intervención de un nuevo fenómeno en la legislación internacional: la Guerra Global contra el Terrorismo. En consecuencia, diversos principios fundamentales de la ley penal internacional cambiaron dramáticamente en las posteridades del 11/9.
 
En primer lugar, la USA Patriot Act (ley patriótica de USA), aprobada el 26 de octubre de 2001, restringió considerablemente los derechos de libertades civiles en Estados Unidos. Esta ley introdujo extensos poderes para los funcionarios que aplican la ley, especialmente la facultad de investigar comunicaciones y registros financieros en relación tanto con el terrorismo internacional como nacional.
 
Nacimiento de la Guerra contra el Terrorismo
 
Refiriéndonos al impacto del 11-S sobre los principios de legislación internacional, el efecto más fundamental se relacionaba con la propia naturaleza de las leyes de guerra. Antes del 11-S, las guerras se libraban entre Estados, y no entre un Estado y un grupo de individuos. Sin embargo, después de esa fecha, de acuerdo con las resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se hizo posible librar una guerra contra una organización como al Qaeda, autorizándose “todas las medidas necesarias para responder a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y para combatir todas las formas del terrorismo.”

Así nació la Guerra Global contra el Terrorismo. Esto introdujo un nuevo concepto de guerra, en el sentido de que todo el mundo era concebido por Estados Unidos como un “campo de batalla”. Este concepto adjudicó a los Estados una “carte blanche” para invadir a otros estados que albergaran a potenciales terroristas.
 
Hostilidades indefinidas
Una tercera consecuencia de la Guerra Global contra el Terrorismo se refiere al tratamiento de prisioneros, es decir, a los sospechosos de terrorismo. Bajo el modelo del “imperio de la ley”, que se aplica cuando no hay hostilidades activas, los prisioneros tienen determinados derechos legales, tales como procedimientos de extradición justos y adecuados.

Sin embargo, bajo el modelo de la “ley de guerra” aplicable durante hostilidades activas, las reglas de aplicación de la ley tradicionales se abandonan. Por ejemplo, los prisioneros pueden ser retenidos durante todo el tiempo que duren las hostilidades activas, que en el caso de la Ley Global contra el Terrorismo ¡puede ser tiempo indefinido! En el caso de Hamdi vs. Rumsfeld (2004), la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que los ciudadanos norteamericanos no pueden ser retenidos indefinidamente sin posibilidad de apelar su estatus como combatiente enemigo ante un tribunal. Sin embargo, esto solo se aplica a los ciudadanos estadounidenses y no a los combatientes enemigos extranjeros.
 
Los memos de la tortura
Una cuarta implicación del 11/9 y la Ley Global contra el Terrorismo se refería a la legitimidad de la tortura como medio para procurar información que pudiera ser vital para la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Durante la administración Bush, diversos métodos denominados “técnicas elevadas de interrogación”, como el llamado “submarino”, se emplearon en los prisioneros encarcelados en Guantanamo Bay. Asesores legales de la administración Bush revisaron la legalidad de estos procedimientos y constataron que se enmarcaban dentro de las leyes internacionales y las leyes en USA.

Estos informes, conocidos como los memos de la tortura (2002), han levantado bastante controversia. Una Comisión del Senado norteamericano determinó posteriormente, en 2009, que estos métodos eran efectivamente tortura y por lo tanto ilegales. A pesar de ello, ninguno de los individuos que aprobaron estos métodos, incluyendo a Donald Rumsfeld, Dick Cheney, George W. Bush y los asesores legales de la Casa Blanca, fueron denunciados ante la ley por tortura. De hecho, fueron “de facto” perdonados por el presidente Obama, o se les concedió inmunidad en el caso de los agentes de la CIA responsables de la aplicación de estos métodos.
 
Una catástrofe legal
Finalmente, el 11/9 y la Guerra Global contra el Terrorismo han fomentado el uso por parte de los gobierno de los así llamados “asesinatos extrajudiciales”. Durante la presidencia de Barack Obama, el número de ataques cometidos por aviones no piloteados contra terroristas potenciales en Paquistán y Afganistán se ha elevado considerablemente; ataques que, con toda seguridad, han resultado en la muerte de ciudadanos inocentes. Un notable ejemplo de estas matanzas extrajudiciales fue la eliminación de Osama Bin Laden el 2 de mayo de 2011. Bin Laden muy probablemente estaba desarmado y, a pesar de ello, fue ejecutado en lugar de ser capturado y juzgado delante de una corte de justicia.

En mi libro “Amerika versus Bin Laden” (USA vs Bin Laden) que se publicará en noviembre en holandés, intentaré demostrar, por medio de un caso de un juicio virtual contra Bin Laden, la razón por la que se le denegó ese juicio. En este caso, no existía apoyo político para el imperio de la ley.
 
Estos son apenas algunos ejemplos del impacto que los ataques del 11 de septiembre de 2001 han tenido sobre el mundo de la legislación. Por lo tanto, esa fecha no sólo simboliza una catástrofe humana sino también una “catástrofe legal” que aún pesa sobre la legislación internacional.
 
*Profesor de Derecho Penal Internacional, Universidad de Utrecht, Holanda
  Abogado defensor internacional, Knoops & Partners Lawyers