En plena campaña por las elecciones europeas, los jueces afines a la oposición conservadora en España han lanzado una nueva maniobra. El objetivo de su ataque es el magistrado Baltasar Garzón, famoso por haber logrado en su día la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres.

 

Los conservadores del Partido Popular español se ven muy perjudicados en esta campaña electoral por casos de corrupciones millonarias investigadas por el juez Garzón. Las encuestas predicen que, ni siquiera ante el tremendo desgaste sufrido por el gobierno socialista a causa de la crisis económica global, el Partido Popular va a lograr una victoria clara.

Para contrarrestar el efecto de las investigaciones de Garzón, los conservadores habían planteado varias querellas contra él que fueron desechadas por infundadas. Pero ahora unos magistrados afines al partido, que forman una sección del Tribunal Supremo, han puesto en marcha otro nuevo asalto contra el juez Garzón. Han admitido a trámite una acusación contra él por abuso de poder. Si fuera cierta y Garzón resultase condenado, los conservadores españoles ya podrían respirar aliviados. De hecho, el Partido Popular ha saludado con alborozo la decisión de esta sección del Tribunal Supremo.

 

En el lado contrario, el portavoz de la asociación de jueces progresistas acaba de declarar que "se trata claramente de una querella de tintes políticos", aunque cree que no prosperará.

 

Tiene razón en ambas cosas. La acusación había sido formulado por un solitario activista de la extrema derecha (aunque se hace llamar Secretario General de un sindicato de funcionarios - curiosamente una organización a la que no se le ha conocido jamás ninguna actuación sindical). El mismo personaje ya lleva una docena de años planteando cada dos por tres nuevas acusaciones contra el juez Garzón, que siempre fracasan por infundadas. Es probable que ahora suceda lo mismo, pero, mientras tanto, Garzón se tiene que defender ante los tribunales.

 

El motivo del asunto es mezquino y de bajos vuelos: desprestigiar al juez para favorecer al atribulado Partido Popular ante las próximas elecciones - y de paso, para la satisfacción de unos magistrados conservadores que quieren bloquear el ascenso del juez Garzón a cargos más altos en la Justicia española (no vayan a encontrarse subordinados a él, en el futuro).

 

También el resultado de la querella será de corto alcance. Servirá unas semanas para que la maquinaria de propaganda electoral conservadora pueda denigrar al juez Garzón, deslegitimando su investigación sobre la corrupción en el Partido Popular - y luego se caerá por su base, cuando la acusación sea desechada en los tribunales por infundada.

 

Lo desgraciado es que dejará una nueva secuela de desprestigio para la justicia española. Porque el supuesto "abuso de poder" de Garzón que aduce esta querella, es por su reciente investigación sobre los crimenes contra la Humanidad cometidos por el régimen del general Franco durante la Guerra Civil española. Baltasar Garzón no tenía facultad legal para investigar ese asunto, dice la acusación, y por tanto cometió un acto punible.

 

Como dice Emilio Silva, presidente de una asociación de víctimas de la guerra civil y sus familiares, esto es "la justicia al revés": lo que debería ser punible es la actuación de los jueces conservadores que NO quieren investigar los crímenes franquistas. Y eso en un país cuyos tribunales sí tienen facultad para abrir procesos contra los desmanes de Pinochet u otros crímenes contra la Humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo.

Como diría aquel: juzguen ustedes mismos.