Pese a que la región latinoamericana ha mantenido, en conjunto, tasas de crecimiento por encima de las medias mundiales, y de que según todos los análisis, ha resistido mejor que otros continentes el efecto de la crisis económica y financiera, los modelos de desarrollo dominantes en la región están teniendo costes sociales importantes sobre numerosos sectores, y ello supone una amenaza para el futuro.

En algunas regiones la industria extractiva, tanto legal como ilegal, ha incrementado su trabajo de tal manera, que el impacto social y ecológico está siendo enorme. Incluso en términos de aumento de la violencia y de riesgo de conflictividad socioambiental grave.

Crecimiento sin equidad
Hace ya casi cuatro décadas, el ya fallecido economista chileno Fernando Fajnzylber formuló la que se llamó teoría del casillero vacío, en la que cruzando en dos ejes el crecimiento económico y la evolución de la igualdad comprobaba lo siguiente: algunos países habían crecido en términos macroeconómicos y en otros había aumentado la equidad, pero en ninguno se había producido un aumento de ambas variables. Él y sus colegas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU) se oponían así al pensamiento económico dominante en la época, que defendía que el crecimiento económico, por sí solo, permearía a todas las clases sociales y se distribuiría de modo tal que se aumentaría el desarrollo global. Al contrario, ya desde entonces, quedaba claro que ciertos modelos de crecimiento no generan desarrollo humano sino que lo impiden.

En la pasada década y en la actual las cosas han cambiado algo, y en casos como el de Brasil el crecimiento ha ido acompañado de aumento de la equidad. Pero en la mayor parte de los casos, las buenas cifras macroeconómicas que enriquecen a algunos evidencian las limitaciones de políticas que han posibilitado el crecimiento económico pero que han avanzado muy poco en la redistribución de la riqueza.

Los sucesivos informes de Desarrollo Humano que realiza el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) para América Latina, ponen de manifiesto este asunto que, sin embargo, aún no ha sido incluido con vigor en las políticas públicas. Así, en el Informe de Desarrollo Humano de 2010 que se centró en la transmisión intergeneracional de la desigualdad se dice como recomendación que los gobiernos deben “elaborar y aplicar políticas públicas con Alcance (que lleguen a la gente), con Amplitud (que contemplen el conjunto de restricciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad) y con Apropiación (las personas deben sentirse y ser agentes de su propio desarrollo)”. Excelente declaración. Bonitas palabras.

De lo macro a lo micro
Pero si los diagnósticos macroeconómicos son bastante coincidentes, no se está prestando suficiente atención a las consecuencias de ciertos modelos de “mal desarrollo” en las zonas rurales y en zonas remotas específicas del territorio latinoamericano. Es decir sobre los sectores de población básicamente pobre que las habita. El modelo agroexportador, basado en productos como la palma africana, la deforestación masiva de bosques, o el desmesurado crecimiento de las industrias extractivas y la minería extensiva, están ocasionando impactos muy perjudiciales en muchas zonas agrícolas. América Latina siempre ha basado su desarrollo en la extracción minera y en el aprovechamiento de sus recursos naturales, pero en la última década la fuerte demanda internacional de ciertos productos ha hecho que la situación se esté volviendo peligrosa. No solo se están concediendo permisos de explotación a grandes multinacionales sin contar con las comunidades afectadas, muchas veces indígenas, y sin realizar estudios rigurosos de impacto ambiental, sino que no se está frenando la extracción ilegal.

El elevado precio del oro ha hecho que en algunas zonas del sur del Departamento de Bolívar en Colombia, en la Serranía de San Lucas, por ejemplo, se esté desencadenando una verdadera “fiebre del oro” que está forzando el desplazamiento de comunidades campesinas ya muy dañadas por la violencia. La presencia de decenas de retroexcavadoras ilegales para minería a cielo abierto está ocasionando el desplazamiento forzado de los campesinos. Además, en estas tareas de extracción ilegal están participando de modo evidente grupos paramilitares que acompañan la maquinaria y atemorizan a la población.

En estas zonas, en las que la presencia del Estado siempre ha sido muy escasa, por no decir nula, los grupos armados ilegales han vuelto a tomar el control, esta vez al servicio de intereses mineros. Y como en la fiebre del oro del Salvaje Oeste la situación se está degradando rápidamente y, si el gobierno colombiano no reacciona, lo peor está aún por llegar.

Francisco Rey Marcos es Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.