Seis meses despues del inicio de la nueva administración en México y tras 4 meses de haberse aprobado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la situación de la violencia hacia las mujeres, así como su consecuencia en homicidios ocurridos en lo que va esta administración se han multiplicado en todo el país. Ante esta situación, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio llama la atención sobre los siguientes hechos:

• La persistencia de asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. A la lamentable lista de 460 homicidios -reconocidos por el gobierno federal- en el periodo 1993 - 2006, habrá que añadir trece nombres más de mujeres asesinadas en esa ciudad en este año;
• Las violaciones a mujeres perpetradas por militares en Castaños, Coahuila -dónde las víctimas y sus defensores continúan padeciendo la cotidiana violencia y amenazas a su integridad y seguridad como la reciente agresión ocurrida el 19 de junio y que fue dirigida a Cristina Auerbach Benavides, miembro del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, misma que participa directamente en el caso de Pasta de Conchos;
• El abuso sexual de algunas mujeres jóvenes en Michoacán, en el contexto de la reciente ofensiva militar contra el narcotráfico;
• La muerte no aclarada de Ernestina Ascencio Rosario -atribuida a militares en activo- en el que la manipulación dolosa de los hechos por parte de instituciones locales, regionales y nacionales fue evidente; y
• El recurrente asesinato de niñas y mujeres que se multiplica por todo el país. Ahí está el testimonio de los asesinatos de Brenda Paola Pérez Islas de 10 años (violada y asesinada en Ixtapaluca, Edo. Mex.) y Catalina Gómez Domínguez de 14 años (quien ya había sido violada, y ahora fue apuñalada en Cadereyta, NL) respectivamente, ocurridos en el lapso de la semana y el asesinato de Sandra Valdes, ocurrido en Saltillo, Coahuila el 17 de junio cuando fue estrangulada y degollada.
•  

Todos estos hechos conforman un panorama desalentador en el compromiso a que se encuentra obligado el Ejecutivo con los Derechos Humanos de las mujeres. En el presente sexenio, no nos han dejado más que atestiguar la activa participación de las fuerzas armadas en hechos violatorios del artículo 129 constitucional, al destinar al ejército a funciones de policía, lo cual forma parte de un contexto de permisividad delictiva, que abre las condiciones de posibilidad para la aparición del feminicidio.

A pesar de estos excesos, el Estado mexicano no ha dado muestras contundentes de atender el fenómeno del feminicidio. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al Ejecutivo a construir tres instancias para su pleno funcionamiento: el Reglamento de la Ley; el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres, y un Programa Nacional Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, de los cuales ninguno ha comenzado y los plazos legales han vencido. En este sentido, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio ha solicitado información por escrito, sin respuesta aún, pues se ha rebasado el tiempo que marca la propia Ley General de Acceso para emitir su reglamento y no hay noticia pública de que exista.

Llama la atención además, que en el Plan Nacional de Desarrollo desapareció el reconocimiento de la inequidad entre los hombres y las mujeres. Esto contraviene frontalmente la Convención Contra Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, Belém do Pará, que establece que la violencia contra las mujeres es un mecanismo de inequidad para su control, dominio y opresión.

Por todos estos motivos, las más de 30 organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, no cejaremos en la lucha de hacer efectiva la Ley de Acceso, así como hacer los señalamientos necesarios para su buen funcionamiento y nos sumamos a la Jornada Mundial contra el Feminicidio convocada por organizaciones civiles de todo el mundo, que demanda a las autoridades competentes retomar sus obligaciones ejecutivas, legislativas, judiciales pendientes, con el fin de restablecer las garantías individuales de los ciudadanos, particularmente las de mujeres y niñas.

Observatorio Ciudadano del Feminicidio, México