El gobierno del presidente Rafael Correa iniciará a comienzos del próximo año el proceso de expropiación de tierras no cultivadas tal y como quedó establecido en la nueva Constitución.

El asunto seguramente causará polémica en un país con una de las tasas más altas de concentración de tierras.
 

El ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Walter Poveda, anunció que se iniciará el estudio de valoración de las propiedades agrícolas de todo el país, para así determinar cuáles son productivas y cuáles no, y como consecuencia dar vía libre al proceso de expropiación, que durará aproximadamente dos años. Según el sociólogo e investigador de asuntos agrícolas, Manuel Chiraboga, el nivel de concentración de tierras en Ecuador es de 0.80, siendo 1.00 el porcentaje más alto a la hora de calcular la tenencia de terrenos en pocas manos.
 

La medida del Gobierno se respalda en un artículo de la recién estrenada Constitución ecuatoriana que permite la expropiación de tierras y el veto a la privatización del agua en el marco de la soberanía alimentaria. En uno de sus últimos programas radiales, el presidente Rafael Correa dijo además que "si un predio rural, sobre todo latifundio, no ha sido utilizado para labores agrícolas durante dos años, el Estado puede expropiarlo", según la Ley de Desarrollo Agrícola, que se encuentra en vigor desde hace varias décadas.
 

¿Quién es el tasador?
Uno de los aspectos que muy seguramente causarán más de una polémica, además de la determinación de cuál tierra es productiva y cuál no, es el del precio que se le deba pagar finalmente al propietario de un terreno que haya sido expropiado. Al respecto, el ministro Poveda ha dicho que las tierras serán sometidas a un precio justo. ¿Pero cómo garantizar que este proceso se haga de manera independiente y justa?
 

Para el sociólogo Manuel Chiraboga, el Gobierno no puede ser juez y parte: “Es necesario que cualquier transferencia de dominio pase por un avalúo profesional e independiente, ajeno al Gobierno, de tal manera que aquellos propietarios que deban entregar sus terrenos, se sientan justamente compensados”.
 

La expropiación de tierras toca directamente los intereses de importantes sectores de la sociedad ecuatoriana, lo que sin lugar a dudas generará más de un conflicto. Chiraboga confía en la larga tradición que tienen los ecuatorianos para resolver sus diferencias a través de las vías pacíficas. Por eso cree que en esta oportunidad, y tratándose de un tema tan delicado, el consenso primará por encima del enfrentamiento.

Escuche la entrevista con el sociólogo e investigador en asuntos agrarios Manuel Chiriboga.