En las pasadas semanas se ha reabierto con fuerza, por diversos motivos, el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en diversos países de América Latina.

Debate que es antiguo en el continente pero que no ha experimentado apenas avances, teniendo como resultado que, al día de hoy, el aborto tan solo está permitido, y en ciertos supuestos muy concretos, en Cuba, México DF y, con aún más limitaciones, en Colombia. Por ello, el previsible anuncio por parte de Cristina Fernández de Kirchner sobre la posible despenalización de la IVE en Argentina, unido a las discusiones sobre este tema en el proceso electoral en Nicaragua, o ciertas propuestas legislativas en Colombia, han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión a la que lo políticos de todos los colores miran en el continente con especial temor.

Al margen de los colores políticos
Bastaría recordar que el entonces presidente uruguayo Tabaré Vasquez – representante del teóricamente izquierdista Frente Amplio- vetó en el año 2008 una ley de despenalización que había sido aprobada por el Parlamento y que, según todas las encuestas, contaba con el apoyo del 60% de la población, o que el también autoproclamado izquierdista Daniel Ortega en Nicaragua restringiera la legislación en el año 2006, para comprobar que la cuestión supera con creces el espectro ideológico y político. Al contrario, tampoco en los países “bolivarianos” como Venezuela, Bolivia o Ecuador han avanzado las medidas despenalizadoras y las legislaciones siguen siendo de marcado cariz represivo. Qué no decir de Brasil, donde el anterior presidente Lula da Silva no enfrentó el tema y donde ahora su sucesora Dilma Rousseff no ha planteado hasta la fecha ninguna propuesta de avance. Y si esta es la realidad en los países con regímenes políticos aparentemente más progresistas, en el resto de países la realidad es la de la total prohibición, con medidas que, de facto, lo impiden incluso en algunos supuestos de casos de violación de menores de edad o de problemas sanitarios graves. En Colombia, a última hora y por una exigua mayoría se ha logrado impedir una reforma constitucional que hubiera modificado lo actualmente dispuesto de posibilidad de IVE en casos de problemas de salud para la madre, violación o riesgos graves para el feto.

Paradójicamente, todos los datos parecen confirmar que la cifra de abortos practicados en pésimas condiciones no deja de crecer y que los costes sanitarios de los mismos son enormes. La cifra de más de cuatro millones de abortos practicados anualmente en el continente según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debiera llamar a la reflexión.

Situando el debate para buscar soluciones
La discusión sobre el aborto es siempre una discusión trucada. Nadie defiende la IVE en todas las situaciones como si se tratara de un método anticonceptivo más. Al contrario, hablar de aborto supone el reconocimiento de que el resto de medidas de salud sexual y reproductiva o bien han fracasado, o bien ni tan siquiera han tenido la posibilidad de ser ejercidas. Cuando se escucha a los antiabortistas proponer sus medidas prohibicionistas sin abordar integralmente las cuestiones de salud sexual y reproductiva y negándose también a favorecer el uso de preservativos en los sectores especialmente vulnerables de la población (adolescentes y mujeres con muchos hijos, por ejemplo), se comprueba hasta qué punto la simple prohibición es hipócrita y poco real. Proponer la despenalización de la IVE en ciertos supuestos supone buscar salidas favorables para la salud física y mental de las mujeres, en circunstancias de las que muchas veces ellas no son responsables. Supone abrir vías de solución a situaciones que provocan y pueden provocar en el futuro enorme sufrimiento y condicionar la vida de quienes las padecen. Y para los que proponen la despenalización en ciertos casos o con leyes de plazos, este cambio legal debe venir acompañado de otras medidas que permitan la mejora de la salud sexual y reproductiva de la población. Es decir, aunque no se haga todavía en la mayor pare de los debates que tiene lugar en América Latina, el debate debe abordarse de modo global reconociendo que el problema es real y que deben buscarse salidas.

Estado, religión y creencias privadas
Es evidente que en el fondo de muchas de estas discusiones (o de la ausencia y el miedo para plantear el debate, lo cual es igual de significativo) está la enorme presión de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas en el continente y su influencia en la población. Y en los políticos. Pero situar la cuestión de la IVE en ciertos casos como una discusión religiosa y, mucho menos, moral es otra hipocresía. El papel de los estados y de sus gobernantes es abordar los problemas y abrir posibilidades para que los ciudadanos, estos sí de acuerdo con sus creencias o convicciones, puedan decidir libremente. Ninguno de los estados de América Latina que estamos citando se define como un estado vinculado a una sola confesión religiosa, y la mayor parte como lo hacen como estados laicos con separación entre la Iglesia y el estado. Cosa que, de hecho, su práctica contradice.

*Francisco Rey Marcos es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.