El comandante en Jefe del Ejército uruguayo, Pedro Aguerre, aseguró que "no tolerará ni encubrirá a homicidas" en sus filas y sostuvo que "si ha existido o existiera" un pacto de silencio en torno a los delitos de la última dictadura (1973-1985), ordena su "revocación inmediata".
"El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas", dijo Aguerre en una declaración a la prensa luego que la semana pasada el análisis de restos hallados en un predio militar determinara que pertenecían al maestro Julio Castro, detenido y desaparecido en 1977, que murió de un disparo en la cabeza tras padecer torturas. Lo llamativo del caso es que con anterioridad, el ejército había informado a los familiares de la víctima que éste no había resistido ciertos apremios y que su cuerpo había sido incinerado y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata.
Primicia
Es la primera vez que un comandante del Ejército de Uruguay realiza una declaración de este tipo. “El Ejército Nacional actúa acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adicionales y demás acuerdos relativos", destacó Aguerre, en referencia a los tratados internacionales que consagran los principios humanitarios fundamentales en las guerras. "Invito y solicito apoyo, dentro y fuera de la Fuerza, para conjuntamente obtener información, en orden a delimitar la responsabilidad material, o no, del Ejército, en este caso y en cualquier otro que se entienda a futuro", enfatizó.
Durante la dictadura militar uruguaya desaparecieron más de 200 opositores, en su mayoría en la vecina Argentina en el marco del Plan Cóndor establecido por gobiernos de facto del Cono Sur sudamericano.
"Por mi responsabilidad de Comando, en el día de hoy y de modo extraordinario, solicito una vez más la colaboración de todos para restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común", llamó el comandante, quien sostuvo que quería manifestar un "punto de inflexión" con el objetivo de despejar las dudas sobre "el accionar y el pensar de este nuevo comando".
Expectativas
Madelón Aguerre, en nombre de la organización de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, declaró a Radio Nederland que tienen muchas expectativas con el nuevo comandante, y esperan que toda la verdad salga a la luz, porque en el pasado, los responsables castrenses han mentido abiertamente a la Comisión de la Paz.
Los organismos de derechos humanos estaban bastante desilusionados de que el Estado hubiera aceptado en el pasado la información que entregaba el Ejército, en donde se aseguraba que prácticamente no se habían aplicado torturas y que el número de desaparecidos era muy inferior a la cifra de doscientos que se maneja. “Si queremos llegar a un proceso sanador, aunque sea que digan la verdad, para poder dar paz al alma. Si a los familiares se les miente sobre el destino de las víctimas, es muy doloroso”.
La señora Aguerre coincide que las declaraciones del comandante Pedro Aguerre podrían constituir un punto de inflexión, y que ellos desean de corazón que así sea y que así se cumpla, y que de alguna manera pueda él persuadir a quienes tienen la información para que la den a conocer. “Eso sería muy bueno.”
Email this Article
Versión para impresora
La posición de Aguerre en el ejercito de Uruguay, me parece valiente y transparente.
En Colombia, la mayoría de militares y policias que participaron en el periodo de guerra que va de 1948 a 1958, se fueron impunes frente a violaciones de derechos humanos.
Incluso, los que hicieron parte de las filas durante el periodo denominado Frente Nacional (1958 - 1974) y en desarrollo de los gobiernos de López y Turbay (1974-1982), hoy quedan unos pocos, no son más que un puñado de tiernos y frágiles bisabuelos, con participación en acciones oscuras que nunca se esclarecerán.
Coincido plenamente con Mario Fuentes.
Soy militar en situaciòn de retiro y no justifico de ningún modo los crímenes cometidos por ninguno de ambos bandos en pugna, en la guerra sucia que nos vimos obligados a enfrentar, en días dolorosos y aciagos para todos.
Opino que debería ponerse un punto final a este triste asunto, que cada uno reconozca sus propias culpas y errores y trate de reconciliarse ante la ciudadanía y consigo mismo.
En medio de esta eterna polémica, solo conseguiremos reavivar viejos odios y rencores, viviendo con los ojos en la nuca, sino cambia la mentalidad actual.
Lamentablemente, la actual situación, donde predomina la soberbia de los ex-delincuentes que hoy nos gobiernan, no hace sino empeorar las cosas.
Tema complejo, no, porque si la idea es investigar sin limites la violencia horrenda de hace 40 años ¿que se hará además de investigar la represión militar al terrorismo, con los terribles homicidios cometidos por el propio terrorismo marxista tupamaro?
El propio presidente José Mujica fue un cabecilla terrorista con las manos llenas de sangre que mató compatriotas.
Todos fueron amnistiados, militares y terroristas.
Si se va a investigar a fondo los delitos cometidos por los militares, se hará lo mismo con los del terrorismo marxista?
Debería ir preso el presidente y tantos otros que están el el Gobierno?
Intentar revisar todo a 40 años, es lo mismo que si en 1985, se hubiera querido revisar lo que se hizo en los juicio de Nüremberg en 1945.
Los países latinoamericanos vivimos como con un espejo retrovisor, miran el pasado, en lugar de pensar en el futuro.
La justicia perfecta en estos casos no existe.
Lo importante son las conclusiones para no repetir en el futuro.
En el caso, la única conclusión valida pra las generaciones posteriores a esos baños de sangre de los 70, es que toda violencia es mala, sea marxista, nacionalista, o represiva.
La violencia debe ser desterrada de la lucha política, siendo válido solamente el apego a la Ley, al Estado de Derecho, a que todos los habitantes, gobernantes y gobernados, estén sometidos a la Ley.
Enviar nuevo comentario