Por boca de su ministra de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, el Gobierno de Barack Obama ha manifestado su sólido apoyo a la Corte Penal Internacional.

Hermione Gee

Si bien Hillary Clinton, máxima responsable de la diplomacia estadounidense ha lamentado que su país no forme parte de la Corte Penal Internacional, CPI, esto no significa que Washington esté ya dispuesto a adherirse al órgano jurídico mundial.

En Nairobi, capital de Kenia, Hillary Clinton instó al Gobierno a acudir a la Corte Penal Internacional para juzgar a quienes, el año pasado, fueron responsables de actos de violencia post electoral.
 
Se trata de un sorprendente mensaje, ya que proviene de un representante de Estados Unidos, país que, durante mucho tiempo, ha boicoteado a la Corte. Pese a que el entonces presidente Bill Clinton suscribió el Estatuto de Roma con el que se constituyó este tribunal especial, los legisladores nunca apoyaron su decisión. Posteriormente, tras asumir el poder, su sucesor, George Bush se apresuró a revocar la suscripción.
 

Ley de Invasión de La Haya
En el 2002, el Congreso norteamericano aprobó la llamada ‘American Service Members Protection Act’, norma que prohíbe a funcionarios gubernamentales cooperar con la Corte. Bajo el nombre de Ley de Invasión de La Haya, la iniciativa legal autoriza al jefe de Estado a recurrir “a todo medio necesario y apropiado para conseguir la liberación de todo nacional norteamericano o personal aliado que permanezca detenido o en prisión, por petición de la Corte Penal Internacional.”

 
En consecuencia, la declaración de Hillary Clinton constituyen una señal favorable para quienes apoyan la Corte. Michael Barnet, profesor de Relaciones internacionales, vinculado a la Universidad de Minnesota, opina que se trata de un cambio radical. “La Administración Bush nunca intentó ni siquiera disimular su manifiesto hostilidad contra Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. La actitud del Gobierno actual es totalmente diferente, y aunque no necesariamente profesará un profundo amor por organismos internacionales, comprende que también debe proceder ante ellas de una forma coherente con sus intereses nacionales.
 

Gesto simbólico
“Por una gran cantidad de rezones de índole política y práctica, Barack Obama no suscribirá el Estatuto de Roma. Para comenzar, la hostilidad del Congreso. Cabe preguntarse si Obama se arriesga a encender los ánimos en el ámbito político, por un gesto que no deja de ser meramente simbólico. En segundo lugar, el sector militar se opondrá tal como lo ha hecho hasta ahora. Y, por ultimo, puesto que Estados Unidos tiene más tropas en el extranjero que cualquier otro país, se considera más expuesto a cargos,” explica el experto.

 
Sentar bases
En otras palabras, incluso sin la ratificación del Estatuto de Roma, y con la Ley de Invasión de La Haya, el presidente Obama siempre puede colaborar estrechamente con la Corte. Su Administración ya ha anunciado que enviará un representante a la próxima conferencia de la CPI, a celebrarse el año entrante, algo a lo que su antecesor siempre se negó rotundamente hacer. 

Según Barnett, esta decisión podría equivaler a sentar las bases para, en última instancia, una manifestación oficial de apoyo a la Corte. A este respecto, el perito considera que “tras ocho años de rechazo, ahora ha surgido la noción de que necesitamos modificar las cosas en casa, y al mismo tiempo, evaluar lo que nos han beneficiado esos ocho años.