Cerca de 200 personas se encuentran judicializadas en Ecuador por delitos asociados a movilizaciones y protestas. Algunos de ellos por terrorismo.
 

Desde el 2008, ha aumentado considerablemente el número de campesinos e indígenas a quienes se les sigue un proceso judicial como consecuencia de actos que tienen que ver con protestas contra megaproyectos extractivos, especialmente de oro. Así lo denuncian organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador. Un informe del Comité Ecuménico de Derechos Humanos da cuenta de 197 casos de personas con procesos pendientes ante la justicia. De ellos, 42 contra indígenas y campesinos.

¿Qué se entiende por terrorismo?
A muchas de estas personas, según denuncian las organizaciones, se les está aplicando el Código Penal ecuatoriano en los artículos que tienen que ver con el sabotaje y el terrorismo. A este respecto, Alicia Granda, del Comité Ecuménico de Derechos Humanos, advierte que “en Ecuador tenemos un Código penal en el que no está definido con claridad qué es terrorismo, y puede caber todo; y eso es muy grave, porque es como una doctrina de la época de las dictaduras. Este código fue hecho en la época de la dictadura, y, entonces, todo lo que significa movilización y protesta, todo eso, está siendo interpretado por los operadores de justicia como terrorismo”.

La investigadora trae a colación un caso en el que 7 personas de la localidad de Nabón, al sur del país, fueron sentenciadas a 8 años de prisión. Según Granda, el único delito que estos indígenas-campesinos habían cometido era defender el páramo en donde nace el agua de la región. “Entre ellas hay autoridades locales y en este momento estas 8 personas se encuentran en la clandestinidad,” puntualiza la experta.

Política de criminalización
Para Alicia Granda, aunque no es un fenómeno exclusivo de este Gobierno, en la administración de Rafael Correa se criminaliza la protesta. “Esta criminalización ha estado presente durante los sucesivos Gobiernos. A finales del de Lucio Gutiérrez, se vio más marcada la criminalización porque había un afán del Estado por la explotación minera a gran escala. Y en los sucesivos Gobiernos esto ha seguido ocurriendo, porque le han apostado a un Ecuador minero, y el Gobierno de Rafael Correa no es ajeno a este contexto”.

En el año 2008, La Asamblea Constituyente decretó una amnistía para cientos de personas a las que se les seguía un proceso por sabotaje o terrorismo. No obstante, advierte la investigadora “los operadores de justicia hicieron caso omiso a esta amnistía y continuaron con los juicios hasta llegar a algunas sentencias, como es el caso de las 7 personas de Nabón”.

Éste es un elemento más que se une al profundo distanciamiento entre el presidente Rafael Correa y una buena parte del movimiento indígena ecuatoriano, el mismo que lo ayudó a llegar al poder en el 2006.