Esta semana se firmó el fideicomiso entre el Gobierno ecuatoriano y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT, para dejar el petróleo en tierra a cambio de aportes de países ricos.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, será el garante internacional para que los aportes exteriores se asignen a los fines estipulados por el Estado ecuatoriano, y que el petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) quede realmente bajo tierra.

Desde el inicio de la gestión del actual Gobierno, presidido por el presidente Rafael Correa, se ha trabajado en esta iniciativa que ha tenido buena acogida entre quienes defienden el medio ambiente y entre muchas naciones. Según el ministro de relaciones exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, “todos los ciudadanos del mundo estamos convencidos de que si no tomamos medidas de esta naturaleza, el mundo desaparecerá. A los países del exterior nosotros no los llamamos donantes sino aportantes. Todos estamos contribuyendo a este proyecto que espero se haga realidad”.

Pero ni siquiera todas las personas allegadas al Gobierno son optimistas al respecto. José Luis Zirkitt, presidente ejecutivo de la Asociación de la Industria  de Hidrocarburos del Ecuador y asesor del presidente Correa, no cree que el exterior pague por aire, por algo romántico, y duda que la suma de 3 mil quinientos millones de dólares sea verdadera. A su juicio, la región tiene una reserva superior a los 40 mil millones de dólares y sería absurdo dejar eso en tierra, ya que existen métodos de extracción que no dañan el ambiente.

Habitantes de la región y defensores del medio ambiente consideran que todo el parque nacional Yasuní debe quedar libre de la explotación petrolera y no sólo algunos bloques como el ITT. De hecho, en el bloque 31 ya se está explotando y dentro del parque ya existen zonas contaminadas.

Es indudable que la iniciativa tiene aspectos muy positivos, pero también es claro que aún falta mucho para que sea una realidad.