Lo sabido del caso: polarización entre el poder y los medios, polarización interna entre los medios, polarización entre quienes ejercen el periodismo, polarización social. Todo como consecuencia del matrimonio mal avenido entre el gobierno ecuatoriano y parte de los medios de comunicación.

Javier Cercas, reconocido escritor español, hace ya un tiempo recordaba una arenga de Hitler del año 1920 que dice: “Exigimos una campaña legal contra quienes propagan mentiras políticas deliberadas y las diseminan a través de la prensa". Tamaño reclamo de tamaño personaje por lo menos da para pensarlo.

Otro escritor, esta vez argentino, Ernesto Sábato, con motivo de la entrega del premio Ortega y Gasset, en mayo del 2002 recordaba que: “El periodista habrá de deponer su propia visión de las cosas para abrirse a lo que sucede, comprendiendo que son sus ojos y sus palabras las que llevarán a los demás hombres la realidad de la que son parte. El periodista es así testigo, mediador e intérprete. La suya es una tarea de suprema responsabilidad”.

Ambas expresiones no son contradictorias sino complementarias. Los llamados a la penalización de los periodistas que se portan mal, la criminalización pues, es el camino del enfrentamiento, que no de la solución. En la otra punta el uso irresponsable del adjetivo acusatorio, de la difamación y la crítica como excusa para practicar oposición política, transforma a ciertos periodistas en cuestionables ejemplos para la profesión.

Posiciones contrapuestas
La libertad de expresión en Ecuador tiene en el caso en contra del diario El Universo y del editorialista Palacios muchos de los ingredientes que ilustran el manejo equívoco que se ha hecho del tema por ambas partes. No se trata aquí de concluir que las dos posiciones contrapuestas tienen la culpa y sanseacabó. Sería demasiado fácil y demasiado cómodo.

Palacios, recordémoslo, arremetió en contra del Presidente Rafael Correa y lo tildó cinco veces de dictador en un artículo de menos de 800 palabras. No contento con eso en todas sus entrevistas posteriores esgrimió argumentos que a su juicio justifican plenamente el epíteto. En cada conversación privada que he tenido sobre el tema de marras, y especialmente con gente que defiende con uñas y dientes la libertad de expresión, reconocen que la columna de Palacios es errática y de escasa seriedad. Lo que no significa que se trate de una trasgresión a la libertad de expresión, en donde expresiones como las vertidas pueden y deben tener cabida. Más bien estamos ante una actitud ética y deontológicamente inapropiada. En este sentido el reclamo del gobierno es legítimo, pero llevar hasta los tribunales el caso y pedir una millonada es más bien un acto político con fines persecutorios. De un buen diagnóstico no se deriva siempre una buena terapia.

Desde ese momento particular ante los tribunales las cosas han ido a peor. Los medios críticos han buscado apoyo en organismos internacionales y lo han encontrado.

Con motivo de una acertada crítica, llegada a nuestra página, incluimos aquí la entrevista realizada al periodista ecuatoriano Emilio Palacio.

¿Libertinaje de prensa?
¿Quiere decir que la prensa debiera poder decir y hacer lo que estime conveniente? La respuesta más sensata es no. Ni las personas ni las instituciones pueden actuar al margen de la ley. La cuestión es que ni las multas, ni la cárcel, ni la denostación pública son la solución. El desafío permanente es congeniar la libertad de expresión con el fomento de la transparencia informativa y la teoría del deber. Son más bien las comisiones nacionales de ética profesional, ajenas al Estado, las llamadas a velar por el cumplimiento de los códigos profesionales y los libros de estilo. Países como Bolivia, Uruguay y España tienen experiencias exitosas en tal sentido.

El gobierno ecuatoriano ha decidido llevar su concepción informativa, de tolerancia cero a lo que considera crítica injusta, hasta las últimas consecuencias. Así, ha gestionado en la OEA, el pasado trece de diciembre tres recomendaciones que a su juicio servirán para fortalecer el sistema interamericano, pero que en la práctica limitarían las atribuciones de la Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión, la que –sin desmerecer lo actuado en el pasado- tiene ahora en su máxima representante, Catalina Botero, una de las gestiones más eficaces de toda la historia de la Relatoría. Las recomendaciones son:

(A) impedir que la Relatoría publique anualmente su informe especial sobre el estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que la Relatoría incorpora al Informe Anual de la CIDH desde hace más de 10 años;

(B) igualar el financiamiento de todas las relatorías, no para aumentarle a las demás, sino para restarle el financiamiento específico a la de libertad de expresión, que es la que tiene el presupuesto mayor; y

(C) crear un "código de conducta" para incrementar el control estatal de la gestión de las distintas relatorías.

Reunión de la OEA
A mediados de enero habrá una reunión clave de los embajadores de la OEA en la cual discutirán y pueden modificar el informe.

Actualmente, la Relatoría Especial centra sus actividades en cinco temas prioritarios. El primer tema es la violencia contra periodistas y la impunidad respecto de estos delitos. El segundo es la criminalización de la libertad de expresión. El tercero, la censura indirecta, que incluye, por ejemplo, la distribución arbitraria de publicidad oficial, la asignación arbitraria de frecuencias de radio y televisión y los discursos de estigmatización por parte de funcionarios públicos. El cuarto tema es el acceso a la información. Y el quinto el pluralismo y la diversidad en el debate democrático, que incluye aspectos como la no discriminación de las radios comunitarias; pobreza y libertad de expresión; entre otros.

Relatoría especial
Gracias a la actuación de la Relatoría Especial en colaboración con los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, se ha logrado despenalizar en muchos países el desacato e incluso la injuria y la calumnia. Se ha logrado que en varios Estados los jueces apliquen los más altos estándares internacionales en algunas de estas materias. Se ha logrado defender las buenas prácticas judiciales en temas como acceso a la información, transparencia y control de censura indirecta.

La libertad de expresión en América Latina se enfrenta a múltiples desafíos entre los que se encuentra la propiedad de los medios o la asignación arbitraria e interesada del espacio radioeléctrico, pero estas barreras no deben servir de justificación para caer en prácticas que deterioran más que fortalecen los mecanismos democráticos tan frágiles todavía en diversas latitudes de la región.