Radio Morena de Guayaquil fue clausurada al finalizar la tarde del viernes 6 de julio y sus equipos fueron incautados.

Según Luis Almeida, hijo de la dueña de Radio Morena, la clausura de esta emisora es un asunto político que corresponde a la falta de libertad de expresión que estaría dándose en Ecuador. Según el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones determinó anomalías técnicas en dicha radio, lo que motivó su clausura. Entre ellas se cuentan que los equipos se encontraban en otra caseta, que las antenas no habían sido autorizadas, que la emisora usaba frecuencias que tampoco habían sido autorizadas, que cuando los dueños de la radio solicitaron autorización para renovar la concesión de la frecuencia se conoció que la empresa adeudaba ocho meses de pago a la entidad reguladora, todo lo cual, según la Ley vigente, es causal de reversión de una frecuencia cualquiera.

Presiones políticas
Según el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, los medios clausurados, que ya suman 20, violaron la Ley. La clausura de Radio Morena, dijo, no se debe en modo alguno a su programación, pues la Superintendencia no emite ningún criterio al respecto. Cabe destacar que la Superintendencia de Telecomunicaciones es un organismo estatal autónomo del Gobierno. Todas las anomalías de Radio Morena se habían detectado hacía un año, pero las presiones políticas, al parecer, habían impedido que la emisora fuera clausurada antes.

Y es que, en efecto, Radio Morena es una emisora que está a nombre de la madre del legislador Luis Almeida, un personaje político que empezó en las filas del partido Social Cristiano, cuando lo lideraba el ex presidente León Febres Cordero, y que en la actualidad forma parte del Partido Sociedad Patriótica, del también ex presidente Lucio Gutiérrez.

Para tener más claridad sobre el asunto, consultamos a José Ignacio López Vigil, quien formó parte de la Comisión de auditoría de concesiones de frecuencia de radio y televisión, que analizó el periodo 1995 a 2008. Esta Comisión señaló en su informe final que alrededor de un 30% de las frecuencias había sido concedido irregularmente (el porcentaje corresponde a aproximadamente 300 concesiones).

A favor del Gobierno
López Vigil explica, en primer lugar, que el asunto sí es técnico, “porque las antenas estaban mal ubicadas, porque había pólizas no pagadas a la Supertel”. Y -político también-, “porque hay otros concesionarios de otras emisoras con irregularidades similares que no han sido cerradas”. Él se pregunta “si esa Ley de la Supertel tiene que ser aplicada a todos”, a Luis Almeida y a otros muchos que están a favor del Gobierno y a quienes todavía no les cierran sus emisoras.

Un segundo aspecto que analiza López Vigil es el relacionado a la concesión de la frecuencia a (la madre de) Luis Almeida. Informa que antes del período que fue revisado en la auditoría en la que él participó, “en el Gobierno de Sixto Durán, ya se habían feriado un buen montón de frecuencias”. Y añade: “la frecuencia de Radio Morena, puesta a nombre de la mamá de Luis Almeida, fue una de las tantas feriadas en los tiempos de Sixto Durán. Pero no fue solo la de Radio Morena sino otras y otras que el diputado Almeida recibió generosamente y revendió con mucha generosidad también”.

En Ecuador la “venta” de concesiones fue un negocio harto lucrativo durante algún tiempo. Personajes políticos recibían frecuencias que luego las vendían a precios inmensamente superiores, a pesar de que, por Ley, eso estaba prohibido.

Otro aspecto que ayuda a comprender la situación es que la clausura de Radio Morena se da con base en la Ley de Comunicación vigente. Lo curioso es que son los mismos opositores políticos quienes no quieren aprobar una nueva Ley, tal como ordena la Constitución y tal como el pueblo se pronunció en el último plebiscito. Al respecto, López Vigil indica que, con la Ley actual, se benefician “los empresarios privados, los diputados como Luis Almeida que muchas frecuencias obtuvo a través de favores políticos y de compra-ventas prohibidas en la Constitución del 98”. Nuestro entrevistado explica que, a pesar de tal prohibición, “después se inventaron los truquitos en el CONARTEL, en el Consejo de distribución de frecuencias, para no aplicar la Constitución y hacer lo que querían”.

Democratizar la comunicación
Un último asunto que José Ignacio López observa es la necesidad de depurar el espacio radioeléctrico para poder democratizar la comunicación por radio y televisión en el Ecuador. “Por eso necesitamos una Ley Orgánica de Comunicación que realmente redistribuya las frecuencias, de radio, televisión, analógicas actuales y digitales futuras, porque aquí, si le metemos lupa a la mayoría de las frecuencias concedidas, quedarían muy pocas frecuencias legales”. Su conclusión es contundente: “necesitamos limpiar, transparentar tantas frecuencias que fueron concedidas ilegal e ilegítimamente para que haya realmente una redistribución democrática de dichas frecuencias”.

¿Es o no es política la clausura de Radio Morena? Desde el discurso que no mira razones se puede responder fácilmente con un sí o un no. Lo que queda claro es que antes los medios burlaban la Ley y no había organismo de control que los pusiera en su sitio. De los medios clausurados muchos no son de oposición y otros sí. Si una emisora de oposición no quiere que se le revierta su concesión, simplemente debe cumplir con la Ley.