La Constitución vigente desde 2008 ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una Ley de Comunicación. El próximo viernes, la Comisión de Comunicación de la Asamblea debe presentar un proyecto al plenario.

Todo indica que será muy difícil que se llegue a un consenso para ello. Romel Jurado, especialista en esta materia, cree que hay falta de comprensión, tanto del lado del oficialismo como de la oposición, respecto de lo que la ciudadanía espera del trabajo de los asambleístas. “Ninguno de los dos sectores ha logrado resolver asuntos relacionados con la redistribución de las frecuencias, el acceso a las tecnologías de información y comunicación y la radicalización de la independencia de los medios públicos”. Señala que estos temas no han sido parte del debate central y que más bien los dos sectores se han enfrascado “en una vieja y trasnochada discusión sobre el alcance de las libertades de la comunicación, que es un asunto bastante claro y discutido e incluso bastante regulado”.
 
Por qué la oposición rechaza la Ley

Los medios privados han calificado a este proyecto como ‘Ley mordaza’, por los controles a la mala práctica periodística que implicaría. Romel Jurado considera que esta crítica es sólo un disfraz de los medios privados para esconder sus verdaderos intereses. “El discurso de los medios privados es que hay una voluntad de control del Gobierno, pero lo que no son capaces de reconocer es que el 98 por ciento de las frecuencias de radio, por ejemplo, están en manos privadas, y que algunas de las personas naturales del sector privado concentran en sus manos hasta 54 frecuencias. Es decir, no quieren que se modifique la concentración monopólica de frecuencias en manos privadas que hasta ahora ha existido, y disfrazan este debate diciendo que hay un atentado a la libertad de prensa y una voluntad de control del Gobierno”.
 
Cuando le preguntamos Jurado si de parte del Gobierno existe la intención de controlar a los medios, Jurado aclara que del lado del Gobierno existen algunos sectores que sí desean controlar los medios para volverlos un espacio de resonancia o de reproducción de los discursos oficiales.
 
La verificación del hecho
Un asunto puntual que se encuentra en debate en el borrador de la Ley de Comunicación es el tema de la verificación de la información. Curiosamente, los sectores privados dicen que esto atentaría contra la libertad de expresión. Para poner en contexto el asunto, Romel Jurado hace un recuento del criterio de la ‘veracidad’, que introdujo la Constitución del 2008. “Se entiende por veracidad que la información sea verificada, que la fuente sea contrastada y que los datos que se den sobre el hecho noticiado sean precisos. Estas tres condiciones, que son una vieja práctica del periodismo profesional, componen la veracidad a la que se refiere la Constitución, por lo tanto no hay ninguna gran innovación, que sea motivo de contradicciones o que pueda entenderse como censura o control”.
 
Que las cosas queden como están
¿Por qué la tenaz oposición de los empresarios de la comunicación privada a la Ley? Jurado explica que la actual legislación sobre radio y televisión permite que las frecuencias de radio y televisión se concentren en pocas manos privadas, se transfieran de padres a hijos o se hagan negocios privados entre ellos. Si la ley que actualmente está vigente lo permite, hay mucho interés de los sectores privados para que no se modifique el estado de las cosas.
 
Preguntamos a Jurado si el Gobierno no tiene una disposición de licuar la Ley para evitar cualquier tipo de problemas. El experto piensa que es una generalización equivocada hablar de todo el Gobierno o de todos los que ejercen funciones en él. A su juicio, en el Gobierno unos sectores son más progresistas o más reaccionarios que otros. “Hay un sector reaccionario que tiene intereses directos en la comunicación, en la publicidad, en la gestión de los medios, que obviamente quiere licuar ciertas regulaciones jurídicas para favorecer sus propios intereses,” puntualiza.
 
¿Habrá Ley?
“No lo sabemos,” dice Jurado, “hasta el momento, el bloque oficialista y mayoritario de Alianza País no logra definir una posición consensuada, y la oposición no va a dar paso a ninguna ley que cambie el estado de cosas o que muestre progresos que permitan desarrollar los derechos de la comunicación”.