Ahmed Ghailani es el primer detenido de la cárcel de Guantánamo que será juzgado por un tribunal civil de Estados Unidos. ¿Significa ello el fin de los tribunales militares para sospechosos de terrorismo?

Reinout van Wagtendonk
 

Ahmed Ghailani es acusado de asesinato. Se le imputa haber participado en los sangrientos atentados cometidos contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, en 1998. Ya antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos lo había sindicado como responsable. Puesto que existen relativamente pocos problemas jurídicos respecto, su caso se diferencia del de otros sospechosos de terrorismo de Guantánamo. Por ejemplo, los de quienes, después del 11 de septiembre, están a la espera de ser juzgados por tribunales militares como “combatientes enemigos”.

Ghailani es acusado de 224 casos de asesinato, es decir, el total de víctimas de los atentados en Tanzania y Kenia. También se le culpa de intento de asesinato y de conspiración junto con Osama bin Laden y al-Qaeda. Durante su comparecencia ante la corte en Nueva York, el martes por la tarde, el acusado proveniente de Tanzania se declaró inocente.

Promesa electoral
En una declaración, el ministro norteamericano de Justicia, Eric Holder, manifestó que su Departamento tiene años de experiencia en el exitoso y seguro enjuiciamiento de sospechosos de terrorismo. Al trasladar a Ghailani de la base militar norteamericana de Guantánamo a una cárcel civil de Nueva York, el presidente Obama rompe con la política de su predecesor George Bush. Con ello cumple también una promesa electoral. Críticos dentro y fuera del país consideraban que la política de Bush en relación con los presos por terrorismo contravenía la Constitución norteamericana y los acuerdos internacionales. Mantener a los presos en cárceles militares ubicadas fuera de EE.UU., como Guantánamo, es considerado como una manera de evitar que los sospechosos de terrorismo se pudieran amparar en los derechos conferidos por la Constitución estadounidense. Entre otras cosas debido a la firme resistencia presentada por oficiales del Ejército de EE.UU. que actuaron como abogados de los sospechosos, los controvertidos tribunales militares de Guantánamo no consiguieron nunca avanzar en sus procedimientos.

Temores
El presidente Obama quiere deshacerse de los tribunales y de la cárcel de Guantánamo. Si bien asumir los juicios de una parte de los sospechosos de terrorismo por el sistema penal ordinario de EE.UU. es una de las soluciones, sondeos indican que la opinión pública se muestra temerosa ante el traslado de presos de Guantánamo a territorio estadounidense. El temor se centra en la posibilidad de que, después de una eventual absolución, o de una fuga, los acusados vuelvan a transformarse en un peligro. La oposición republicana a aprovechado eficazmente esos temores.

Con el fin de convencer a la opinión pública de que el sistema jurídico de EE.UU. está en condiciones de juzgar a los acusados de terrorismo de forma segura y conforme a la ley, se necesitan procesos que hayan transcurrido con rapidez. Especialmente un juicio que resulte en un fallo de culpabilidad y una severa condena, posiblemente la pena de muerte. Ahmed Ghailani es un buen candidato para ello.

Respecto a los otros 240 sospechosos en Guantánamo hay mucha menos claridad acerca de los cargos de los que se les acusa. Se trata de detenidos que el Gobierno norteamericano quisiera enviar a otros países para no correr el riesgo de que sean absueltos en EE.UU.

Torturas
Otros detenidos, como el presunto cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Shaik Mohammed, no deben ser juzgados por un tribunal federal estadounidense, pues las pruebas en su contra fueron obtenidas por medio de tortura y otros métodos ilegales, según señala su abogado. No se sabe qué ocurrirá con algunas decenas de presos de Guantánamo que pertenecen a esta categoría. Incluso si el proceso contra Ghailani, ante los ojos del Ministerio de Justicia, se lleva a cabo exitosamente, se descarta la posibilidad de que el próximo sea Khalid Shaik Mohammed. El presidente Obama ha dejado entrever que este tipo de sospechosos no debe volver jamás a salir en libertad.