El pasado viernes, un grupo de defensores de derechos humanos ocupó la sede del Ministerio del Interior y Justicia de Colombia. La acción fue en protesta por el asesinato del defensor de los desplazados, Rogelio Martínez.

Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades aclarar rápidamente la responsabilidad por este asesinato.

El presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, REDEPAZ, Emil Sanabria, comentó a Radio Nederland Wereldomroep que se trata de una forma sistemática de amedrentar y desplazar a quienes reclaman sus tierras.

REDEPAZ ha expedido el siguiente comunicado:

Redepaz se pronuncia
RECHAZO A ASESINATOS DE LÍDERES Y A AMENAZAS A CONSTRUCTORES DE PAZ
La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra –REDEPAZ- deplora y rechaza tanto los asesinatos recientes de dos víctimas-líderes en la lucha por la restitución de tierras- y la serie de amenazas por parte del grupo “Los Rastrojos” a varias organizaciones y a personas que hacen parte de REDEPAZ, especialmente impulsores y coordinadores del Movimiento Madres por la Vida.

Treinta y cinco líderes desplazados asesinados
Los dos líderes asesinados son Albeiro Valdez Martínez, de la Asociación de Víctimas por la Restitución de Bienes de Urabá, a quien se le habían restituido 35 hectáreas de tierra y estaba contribuyendo con el proceso de restitución de bienes en el marco de la Ley de Justicia y Paz. El cuerpo sin vida de Albeiro Valdez fue encontrado en el kilómetro 16 vía a Necoclí. La otra víctima, según denunció Codhes, fue el líder desplazado Rogelio Martínez, asesinado el pasado 18 de mayo, a las 6.30 p.m. en la finca “La Alemania”, ubicada en el caserío Las Pavas en jurisdicción del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre.

Codhes afirma que Rogelio Martínez estaba dedicado a la defensa de los derechos campesinos desplazados y era activista del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Recientemente el Estado le había otorgado medidas de protección ante la cantidad de amenazas y hostigamientos de los que había sido objeto por los paramilitares que aún hacen presencia en San Onofre. Sin embargo, éstas no se habían hecho efectivas.

Es importante señalar que con estos dos asesinatos, la cifra de líderes desplazados asesinados por reclamar sus tierras llega a 35.

REDEPAZ exige al Gobierno nacional que se brinden todas las garantías a los cientos de líderes y voceros de poblaciones en situación de desarraigo y amenazados de muerte, y a las organizaciones y personas que trabajan en la construcción de la paz y en la defensa de los derechos humanos.

Estas dolorosas circunstancias deben hacer pensar a todos los candidatos presidenciales que Colombia necesita una decidida política de Estado a favor de las víctimas.