Un aparente enigma rodea la desaparición y muerte de 19 jóvenes de Bogotá y la población aledaña de Soacha.

Los cadáveres de las víctimas fueron exhumados esta semana en Ocaña, ciudad distante unos 550 kilómetros de la capital, adonde llegaron como ‘dados de baja en combate' con el Ejército, versión que sus familiares niegan y algunas autoridades ponen en duda.

Hay discrepancia en el número de muertos y extrañas son las circunstancias del supuesto enrole de los jóvenes en ejércitos irregulares. Sobre todo, hay mucho dolor y desconcierto de los parientes de los muchachos que habrían salido alentados por oportunidades de trabajo y buenos salarios.

La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que se trataría de "desapariciones forzadas con fines de homicidio" y argumentó el breve tiempo transcurrido entre las desapariciones y el ingreso de los cuerpos a la morgue.

"Tres de los muchachos desaparecen un día y aparecen al día siguiente en Medicina Legal, muertos en combate. Cuatro de ellos, solamente dos días después (...) ya estaban en combate, armados, organizados, en un enfrentamiento", cuestionó la funcionaria en declaraciones a medios radiales.

La secuencia
Las primeras denuncias de desaparición datan de enero. Sin embargo, en medio del mar de escándalos de política y narcotráfico, el hecho no trascendió nacionalmente hasta que la noche del pasado martes 23 el ministerio de Defensa anunció el desplazamiento de una comisión para investigar el caso de ‘11 jóvenes muertos en combate en Norte de Santander'.

Al otro día, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, se refirió al caso como "extraño y complejo", dijo que se trataba de 19 y no 11 cuerpos, y explicó que "en principio es una investigación por desaparición de unos jóvenes en Bogotá y ahora lo que se reporta es un homicidio en combate, por parte del Ejército".

El cruce de información entre el Instituto de Medicina Legal y el Registro Nacional de Desaparecidos hizo que los muertos recuperaran su nombre y las familias pusieran fin, relativamente, a la zozobra, dando paso a versiones contradictorias que la Unidad de Derechos Humanos de Fiscalía, de una parte, y la Inspección General del Ejército, de otra, deberán esclarecer.

En comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla, dijo que la investigación será a fondo para que "se llegue a la verdad", y descartó que se trate de un ‘falso positivo' como se denomina localmente a los montajes de las fuerzas militares para mostrar resultados de su lucha contrainsurgente.

Entierro y exhumación
Sólo hasta el 6 de septiembre 12 cuerpos, algunos de los cuales permanecieron desde enero en la morgue, fueron sepultados en un cementerio comunal de la zona rural de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. El Alcalde, Yebrail Hadad, dice que su municipio defiende los derechos humanos y por eso corre con los gastos de alojamiento y alimentación de los deudos que han llegado por los restos de sus hijos y en busca de una respuesta a su muerte lejana y prematura.

"No me cabe en la cabeza que en pocas horas hayan organizado un grupo armado", dijo una de las madres que ya recibió el cadáver de su hijo pero no admite la versión del Ejército de que murió enfrentando a los soldados, como parte de un grupo armado ilegal, que no ha sido identificado.

Otra mujer, Flor Hilda Hernández, no aguantó el impacto de la exhumación de los restos de su hijo Elkin Verano, de 25 años, y los televidentes vieron como se desgonzó, impotente, ante las cámaras.

¿Reclutamiento?
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, dijo que el sistema de alertas tempranas que coordina su entidad ha advertido, reiteradamente, del reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados, de los cuales el más activo en Bogota y su periferia es ‘Águilas Negras', producto del rearme de paramilitares desmovilizados mediante negociación con el Gobierno.

Según Pérez en unos nueve de los 32 departamentos colombianos se manifiesta el reclutamiento forzado de adolescentes. "Registro con mucha preocupación que los grupos armados ilegales se han convertido en una especie de mercado laboral para adolescentes desorientados que no encuentran alternativas laborales en el país", dijo.

El Personero de la capital, Francisco Rojas, opina que los jóvenes de familias desplazadas por la violencia "son carne de reclutamiento fácil" ante la oferta de salarios de 400 o 600 mil pesos.

Vieja historia
En ese sur pobre de Bogotá, las desapariciones forzadas, el reclutamiento para los grupos armados, los homicidios selectivos y las mal llamadas operaciones de ‘limpieza social', no son asunto nuevo.
En 1988 se atribuyó el reclutamiento a la guerrilla de las FARC; en 2004 las denuncias señalaron que 89 muchachos, entre los 11 y 16 años, fueron reclutados por lugartenientes del jefe paramilitar alias Martín Llanos.
En 2005 la situación se desbordó: en los tres primeros meses se registraron 88 asesinatos; de las víctimas, 38 tenían entre 16 y 23 años. Para fines de agosto la estadística hablaba de 150 homicidios en Ciudad Bolívar. Entonces, miles de jóvenes, organizaciones sociales y hasta las autoridades convocaron a multitudinarias movilizaciones por la defensa de la vida.

Pronta respuesta
"Queremos una investigación rápida, exhaustiva y eficaz, sobre el caso de los jóvenes de Ciudad Bolívar", dijo a Radio Nederland, Iván Cepeda, portavoz de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, quien coincide con la hipótesis de la secretaria de Gobierno de la capital en que se trataría de "ejecuciones extrajudiciales con previa desaparición forzada".

El activista de derechos humanos descarta un reclutamiento por parte de grupos armados, pues, dice, "no es comprensible en tan poco tiempo".

Un informe presentado por su asociación el año pasado documenta más de 950 ejecuciones extrajudiciales y otro sobre la situación de derechos humanos desde 2002, bajo las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe, registra más de 3.600 asesinatos de carácter sociopolítico, en varios casos por parte de miembros de las fuerzas del Estado.