Amnistía Internacional documenta el caso de 24 líderes sociales en Ecuador que han sido víctimas en el último año y medio de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias. 

Al mismo tiempo la organización proderechos humanos señala la imposición de rigurosas condiciones de fianza simplemente por hacer campaña contra leyes y políticas que regulan el uso de los recursos naturales. La represión en Ecuador, según defensores de los derechos humanos, llega, en muchos casos, a extremos.
Comunidades enteras se lo pensarían dos veces antes de expresar sus preocupaciones sobre medidas que les afectan. La represión en Ecuador, según defensores de los derechos humanos, llega, en muchos casos, a extremos.

Leyes que preocupan
“Lo que vemos en Ecuador es un aumento de la conflictividad social. A lo largo de los años el gobierno ha ido impulsando ciertos cambios en políticas y leyes sin consultar de forma adecuada a las comunidades locales que se verían afectadas” comenta Tamaryn Nelson, investigadora para Ecuador de Amnistía Internacional.

En 2009 y 2010, cuando se revisaron la ley de la minería y de aguas respectivamente, muchos ecuatorianos disconformes con el contenido de esas leyes salieron a las calles. El gobierno, según Amnistía, en lugar de facilitar mecanismos de consulta ha venido utilizando el sistema judicial para acallar a la gente que demuestra su oposición.

Cargos de terrorismo
En el informe se consigna los casos de 24 líderes campesinos que en los últimos meses meses han enfrentado cargos desde terrorismo y sabotaje hasta obstaculización de vías. “Esos 24 dirigentes enfrentaron en total 35 cargos”, comenta Nelson.
Amnistía reconoce que las autoridades utilizan recursos legales como parte de su obligación de mantener el orden público. Pero le preocupa que más que uso, se trate de un ‘abuso’ de esas herramientas. “Las autoridades tienen el deber de investigar los delitos. Pero lo que vemos es una serie de cargos infundados contra los manifestantes y sobre todo los dirigentes, prueba de ello es que los 35 cargos 23 fueron desestimados por falta de pruebas”.

Nelson detalla el caso de dos dirigentes que desde hace dos años están bajo investigación por terrorismo. “Es importante que si después de dos años de investigaciones no se encuentran evidencias contundentes contra esas personas, mejor que se retiren los cargos”.

Derecho a la protesta
Amnistía Internacional pide que se retiren los cargos infundados y que se deje de utilizar el sistema penal como una forma de acallar a la gente que está demostrando su oposición a políticas gubernamentales.
“Nosotros vemos esto como un castigo al legítimo ejercicio de los derechos humanos. Pensamos que es importante que se consulte con las comunidades afectadas, porque la mayoría de esas protestas se dan precisamente por la falta de consulta”.

Nelson recuerda que existen leyes internacionales que regulan el derecho universal a la consulta. Cualquier ley o medida que pueda afectar esas comunidades locales debe y puede ser consultada de forma adecuada y de acuerdo a los estándares internacionales.

Basta de intimidaciones
Para Amnistía Internacional no es posible que se asista a lo que parece ser un intento de las autoridades para que la gente no salga a protestar. “Nos preocupa este mensaje intimidatorio a todos. Hemos hablado con líderes que nos han dicho: ‘dado lo que nos ha pasado no vamos a volver a protestar porque tenemos miedo de las consecuencias’.

El informe “Para que nadie reclame nada: ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?” puede ser visto como un llamado de atención no sólo para el caso ecuatoriano. Otras protestas y manifestaciones sociales en el resto del continente en torno al mismo tema podrían verse enfrentadas a la misma situación.