Ante la CPI han sido denunciados el Presidente de México, Felipe Calderón, como máximo responsable del Estado y los principales capos de la mafia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en México.

El dosier que será presentado ante el Fiscal General, Luis Moreno Ocampo, contiene 470 casos documentados de crímenes que van desde el asesinato, la desaparición forzada, violaciones, reclutamiento de menores, tortura y desplazamiento forzado. Estos hechos se dan en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria con más de 50 mil personas asesinadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos.

La denuncia llega a La Haya respaldada por 23 mil firmas, y además de presentar los casos concretos y la documentación aportada por diversas organizaciones de derechos humanos, explica las falencias del sistema judicial mexicano para juzgar crímenes de lesa humanidad. Esto se constituiría en uno de los principales argumentos según los denunciantes, para que la Corte Penal Internacional se declarara competente para intervenir en México. Cabe recordar además que México es firmante del Tratado de Roma que creó y dio competencias a la CPI.

Responsabilidad Estatal
En la petición que se presenta ante la Corte Penal Internacional se responsabiliza directamente al Estado mexicano en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos, se cuentan violaciones perpetradas por el ejército mexicano; esclavización de inmigrantes por parte de funcionarios del gobierno federal; homicidios de civiles en retenes militare; desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; utilización de la tortura como mecanismo para lograr auto-inculpaciones y ejecuciones extrajudiciales.

Como el máximo responsable de estos crímenes, los denunciantes señalan al presidente Felipe Calderón por ser constitucionalmente la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y por su condición de jefe de Estado. Según el abogado-redactor de la petición, Netzaí Sandoval, Calderón es responsable por omisión de funciones y encubrimiento. “El presidente debió tomar medidas que impidieran que estos actos se estuvieran cometiendo, como por ejemplo haber emitido protocolos de actuación para policías y soldados.

Además, debería haber obligado la implementación del Protocolo de Estambul que reglamenta las investigaciones eficaces en casos de torturas, y debería haber prohibido al ejército que trasladara a los detenidos a cuarteles militares en lugar de presentarlos directamente ante autoridades civiles”. Pero además en estos cinco años, continúa Sandoval, Felipe Calderón “tuvo la obligación de presentar a los responsables y llevarlos a juicio, y lo que hizo fue encubrirlos”.

Una de las denuncias más graves que consiga el documento es la sindicación a altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración de haber participado en el secuestro y venta de inmigrantes a los carteles de la droga. “Se le está presentando al fiscal evidencia de que los gobiernos de países centroamericanos han denunciado estas conductas. Además existen denuncias del Instituto Federal de Defensoría Pública sobre la participación de miembros del Instituto Nacional de Migración en estos crímenes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su parte, identificó a funcionarios que estaban vendiendo al Cartel de Los Zetas, migrantes en calidad de esclavos” apunta Sandoval.
La barbarie mafiosa
El dosier señala igualmente responsables a los líderes de los carteles de la droga, los cuales han logrado afianzar en los últimos años un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos. En su accionar violento y generalizado contra la sociedad mexicana, se les achaca ataques a hospitales y centros de rehabilitación, numerosos casos de amputaciones, decapitaciones (410 en el 2010) y ataques a civiles.
Netzaí Sandoval señala como una de las situaciones más críticas, el reclutamiento de menores de 15 años por parte de las bandas criminales, que según datos de las redes de derechos humanos podría ascender a unos 30 mil niños en los últimos años. Éste es un crimen de guerra y de lesa humanidad contemplado por el Estatuto de Roma, pero que las leyes mexicanas aún no establecen como tal: “es precisamente bajo el principio de complementariedad y porque el Estado mexicano carece de estas herramientas para juzgar esta situación, que estamos pidiendo que la Corte Intervenga”.

México, sin herramientas legales
Netzaí Sandoval defenderá ante el fiscal Luis Moreno Ocampo, la tesis de la falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Uno de los grandes obstáculos para que se haga justicia en casa, es el hecho que muchos de los crímenes arriba mencionados, ni siquiera están tipificados como delitos en el Código Penal. “El sistema jurídico no cuenta con las herramientas para sancionar con la gravedad que amerita. Por ejemplo, una conducta que ni siquiera está prevista es la desaparición forzada de personas. En 24 entidades de las 32 que componen la república mexicana no está previsto el delito de desaparición forzada”. Para las personas y organizaciones que respaldan esta petición, la intervención de la Corte se constituye en la única vía para acabar con la impunidad.

Además de los reparos jurídicos, el documento denuncia una “evidente política de encubrimiento por parte del Estado mexicano”. Esto se sustenta en datos oficiales que dan cuenta de que en el 95 por ciento de los casos de asesinato, no se abren investigaciones. Según el abogado Sandoval “El gobierno mexicano da por hecho que son narcotraficantes y que no merecen una investigación, y esto implica una criminalización de la sociedad mexicana”.

Colombia, Honduras y posiblemente México
Una vez que el documento es entregado al Fiscal Moreno Ocampo, comienza una revisión minuciosa de los requisitos legales que debe cumplir una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional. Requisitos que tienen que ver básicamente con la fecha en la que fueron cometidos, es decir, después del 2002, fecha de la creación de la CPI y que el país en cuestión haya ratificado el Estatuto de Roma. En principio estos dos supuestos estarían superados.

A partir de ahí, la Oficina del Fiscal General decide cómo intervenir. Los denunciantes esperan que Luis Moreno Ocampo aplique un sistema de “congruencia jurídica”, y homologando los antecedentes del caso de Honduras y de Colombia, países en los cuales la CPI adelanta un examen preliminar, decida hacer lo mismo. Sí eso sucede, dice Sandoval, “al menos se comenzaría a aplicar la complementariedad activa que es una creación impulsada por este Fiscal y que básicamente le brinda la oportunidad pero además le exige a las autoridades locales, que demuestren su voluntad de hacer justicia”. Pero esto es algo que, según quienes han decidido llegar hasta La Haya, está muy lejos de ocurrir en México.