A pesar de haber transcurrido 21 años del derrocamiento del Alfredo Stroessner la larga transición democrática de Paraguay no termina de dar sorpresas. La última fue la decisión tomada por la Corte el pasado 30 de diciembre que habiendo encontrado violaciones constitucionales al debido proceso y la legítima defensa de los ministros Fernández Gadea y Ríos Avalos en el juicio político que terminó con sus mandatos en noviembre de 2003, decidió en fallo unánime ordenar su reintegro como miembros plenos de la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso en receso fue convocado de urgencia el pasado sábado y lanzó un furibundo mensaje de no aceptar el fallo y solicitar que la medida sea declarada nula y que los ministros que lo acaten sean sujetos de acción judicial persecutoria. El presidente Lugo amenazado permanentemente de juicio político por el Congreso donde tiene una aplastante oposición, reaccionó al inicio tímidamente, por lo que fue acusado por la oposición de estar detrás del discutido fallo.

Posteriormente en conferencia de prensa el mandatario salió al paso de las acusaciones y afirmó que pedirá la nulidad de la decisión, al tiempo de subrayar que nada tiene que ver con el fallo pero que convoca a un diálogo político amplio que ponga fin a la lucha que libran de manera sostenida los tres poderes del Estado.

Fragilidad institucional
Quien sea quien haya estado detrás del fallo, la situación sirve para demostrar la fragilidad institucional de la democracia paraguaya que tiene en la Justicia uno de sus puntos más débiles. La Corte paraguaya funciona en la actualidad con 7 miembros, ya que a la renuncia de uno y el fin de su mandato de otro, ni el Congreso ni el ejecutivo logran ponerse de acuerdo sobre los sustitutos. Si a ello se suma que el Congreso permanentemente amenaza con el juicio político al ejecutivo y a miembros de la Corte, sin tener una ley reglamentaria que lo respalde, muestran el grado de improvisación y desarreglo con el que se manejan cuestiones tan delicadas como la que ha movido el tablero político paraguayo hace unos días.

El caso de ambos ministros ya fue objeto de la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia en contra del estado paraguayo en marzo pasado. Esto,sumado a la decisión última de la Sala Constitucional de la Corte pone al gobierno contra las cuerdas en una sentencia que le podría ser adversa a futuro. El grado de confusión que arrojó el fallo demuestra a la vez que en seis anos ni los partidos políticos ni el Congreso y menos aun el ejecutivo midieron el impacto que podría tener un fallo de este tipo para la frágil democracia paraguaya.

Graves consecuencias
Ahora solo queda aceptar el fallo, procurar su nulidad posterior si cabe, reglamentar el juicio político y buscar un diálogo que permita hacer funcionar el pleno de la Corte con sus nueve miembros. Nadie en el país duda que la salida sea política y que el costo lo pagar la justicia con graves consecuencias para el estado de derecho que sigue siendo un enunciado de buenos propósitos en un país con serias disputas con el orden constitucional.