Nuevos actores y nuevas dependencias* Quiénes 15 años atrás analizaban la violencia en América Latina no tenían dificultades a la hora de interpretar el papel de los actores principales. Casi todos los cambios no regulares de gobierno eran producidos por golpes de Estado.
La violencia era procedente de actores del Estado, actores que generalmente pertenecían a un conglomerado de organismos relacionados con la Seguridad del Estado y los servicios asociados a las Fuerzas Armadas y la Policía. Generalmente, la ciudadanía estaba subordinada a los mandos militares. En algunos países, centros militares de altos estudios, como la Escola de Guerra (ESG) en Brasil, el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en Perú y el Centro de Estabilidad Nacional (Centro ESTNA) en Guatemala funcionaban como academias de entrenamiento ideológico y administrativo para los estamentos superiores castrenses, policíacos y ministeriales. Enteras generaciones de burócratas civiles fueron adiestradas en estos centros cívico-militares. Al otro lado, la administración pública comienza a formar parte de la carrera de los oficiales de las fuerzas armadas.
Los proyectos nacionales de desarrollo eran proyectos nacionales de seguridad. En casi todos los países, con la excepción de Chile, las fuerzas policiales eran supervisadas por oficiales del ejército. El predominio militar sobre las Fuerzas Policiales se expresa por nombramientos de (ex)militares como jefe de cuerpos nacionales de policía, o de (ex)generales como ministro de Gobierno o del Interior. La policía dependía normalmente del análisis de inteligencia militar y no tenía capacidad investigadora en asuntos criminales o forenses. El crimen organizado estaba relativamente controlado. Al margen operaban bandas de la narco-economía. Sin embargo, la violencia de tal economía clandestina se podía detener relativamente bien. El análisis de la violencia, con otras palabras, podía limitarse al estudio de dos actores: las fuerzas militares y paramilitares y los (supuestos) enemigos del estado.
La democracia de la calle
En toda América Latina, sin embargo, las décadas de los años ochenta y noventa fueron el período de la reinserción de la democracia. En situaciones en que antes hubieran pensando en presión política o golpes de estado, nos sorprende su neutralidad frente a acontecimientos políticos internos. Es interesante observar que, durante los últimos diez años, en todos los cambios de gobierno por métodos no electorales, no se realizaron por un golpe o por un pronunciamiento militar, sino por movimientos de la “democracia de la calle”: renuncias presidenciales ante movimientos populares espontáneos, movimientos de protesta en los barrios, marchas populares, y huelgas de brazos caídos, transformándose en movimientos políticos, frentes regionales de protesta y organizaciones populares. Por ejemplo, los cambios presidenciales en Ecuador, fueron determinados de esta manera, aunque con el apoyo explícito de las fuerzas armadas que se unieron al movimiento popular.
Algunos años más tarde, en mayo de 2005, un presidente ecuatoriano, tuvo que renunciar de nuevo, después de protestas populares. En Ecuador tres presidentes fueron expulsados entre el año 2000 y 2005. En Ecuador, el presidente Gutiérrez se refugió tras la convulsión de masas populares al Brasil en la primavera de 2005.
La caída del régimen de Alberto Fujimori en Perú fue acompañada y, al final, inducida por varios movimientos civiles de protesta en el año 2000 y 2001. El organizador de las marchas populares, Toledo, fue elegido presidente, para luego tener que enfrentarse con una serie de movimientos de protesta semejantes, organizados en frentes regionales en los años 2002 y 2003. En Venezuela se evidenció el fracaso de la intervención militar para relevar al presidente Chávez ante los movimientos populares que lo llevaron de regreso al Palacio y le han permitido sobrevivir a cuatro huelgas nacionales y a un golpe de estado. A raíz de la evidente crisis económica en la Argentina, a finales de 2001, hubo fuertes enfrentamientos por parte de la población. Sin embargo, sólo se enfrentaron a las fuerzas policiales y no hubo ninguna intervención militar. En medio de grandes disturbios (el presidente De la Rua tenía que huir) en un período perturbado de quince días cinco con presidentes tomando el poder y dejándolo, desembocó en la presidencia de Duhalde.
En el año 2004 el presidente haitiano Jean Bertrand Aristide desapareció (o fue expulsado) en un avión rumbo al exilio africano.
En octubre de 2003, fueron los cocaleros bolivianos quienes lideraron el movimiento nacional de protesta contra el presidente Sánchez de Lozada, situación que fue solucionada cuando el vicepresidente Meza asumió las funciones de la presidencia. En el verano de 2005 también este presidente renunció en medio de disturbios prolongados, dominados por la “democracia de la calle”. El Movimiento al Socialismo (MAS) que llevó el presidente Morales al poder en las elecciones de diciembre de 2005 fue antecedido –y es en cierto sentido el sucesor legítimo- de una serie de movimientos sociales que enfrentaron el gobierno de turno sistemáticamente.
La “democratización” de la violencia
A finales de los años setenta Walton (1977) introdujo el concepto de “ciudades divididas”. Durante los años ochenta las ciudades divididas o fragmentadas fueron analizadas sobre todo en términos de miseria o exclusión urbana y fueron generalmente expuestos en términos de la división entre las elites y la clase media alta contra los pobladores de las favelas o barriadas. Sin embargo, a partir de los años noventa, se comenzó a identificar las profundas divisiones urbanas con la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de autoridades de protección en las partes descuidadas del territorio urbano, donde la pobreza suele coincidir con la violencia.
El caso de Rio de Janeiro, por ejemplo, cuyas favelas son generalmente, áreas de acceso limitado dentro de las fronteras metropolitanas, adquirió una reputación deprimente en el círculo de autores y analistas de la violencia urbana. La publicación de Ventura (2002 [1994]) sobre la cidade partida era seguida por otra serie de publicaciones. El debate sobre el panorama de la violencia urbana en los territorios metropolitanos de América Latina comenzó a tener consideración a partir de los primeros años del presente siglo.
A partir de los años noventa los principales actores del terrorismo del Estado en las décadas de los sesenta hasta los ochenta, o sea los militares y la policía, se retiraron mayoritariamente para conceder paso a actores no-estatales los cuales operan en los enclaves urbanos de la violencia, combatiendo entre sí el dominio sobre territorios urbanos, generalmente el hábitat de los pobres y marginados. Actores armados, procedentes de las instituciones y bandas de combatientes (fuerzas armadas, paramilitares, frentes guerrilleros) y por otra parte pertenecientes a bandas criminales y bandas juveniles lograron montar sistemas paralelos con significado de violencia y posturas nacionales en países como Colombia, Guatemala y México y, en un sentido tal vez más restringido, en la Argentina, Brasil, El Salvador y Honduras y el Perú.
Abajo resumimos el complicado panorama de los actores urbanos y armados involucrados en las actividades paramilitares y criminales y en la industria de protección en Medellín, segunda ciudad de Colombia y anteriormente la capital de grandes monopolios de droga, que después de la muerte de Pablo Escobar fueron fragmentados. Mientras tanto hay actores armados con un pasado militar, criminal, de droga, de mara juvenil o de criminalidad común que han construido sistemas de violencia de significado nacional en países tales como Colombia, Guatemala y México y, en un grado menor, la Argentina, Brasil, el Perú y Surinam.
En el caso del pequeño Surinam, ex–colonia holandesa independizada en 1975 y atormentada en los años ochenta por consecutivos gobiernos militares, surgió una economía paralela basada en el comercio de droga a los estados caribeños y a Europa, la explotación de yacimientos ilegales de oro y la exportación de madera tropical, construyendo un porcentaje entre el 40% y el 70% de la economía nacional oficial. Esta economía era el motor financiero de una guerra civil con rasgos étnicos entre 1987 y 1992, cuando el ejército nacional, bandas cimarronas de guerrilla y una variedad de agrupamientos paramilitares se enfrentaron en campañas de guerrilla y de contra-insurgencia. Al mismo tiempo se encontraron a los líderes de ambas partes en negocios compartidos de droga en los periodos de alto el fuego y durante las negociaciones de paz.
La fragmentación de la violencia
Describiendo el complicado escenario de la violencia colombiana, Pécaut (2001) introdujo la noción de la banalidad de la violencia. Discutió extensamente la situación colombiana donde la exclusión, el crimen y la violencia empezaron a formarse parte del vértice del crimen organizado, en base de la producción y el comercio de la droga dentro del conflicto civil del país. El conflicto interno prolongado transformó el país en una serie de pequeños teatros de guerra donde múltiples actores armados trataron de interferir.
De nivel nacional puede hacerse distinción entre las fuerzas estatales de seguridad, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) como actores armados de la “izquierda” y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como las fuerzas paramilitares unificadas de la derecha, organizadas por iniciativa de las élites rurales y de los representantes de la economía clandestina para proteger sus intereses. Detrás de esta configuración de nivel nacional hay eslabones hacia las fuerzas legales de seguridad y fuerzas oscuras entre las fuerzas del orden y la ley y las fuerzas del desorden, entre las fuerzas paramilitares y los escuadrones de la muerte, entre la economía oficial y la clandestina. Si observamos los niveles locales aparece una estructura enormemente fragmentada de alianzas que se modifican casi continuamente entre los socios locales y los actores nacionales.
Algunos analistas (1) mencionan más de 100 asociaciones paramilitares, unificadas durante seminarios y conferencias en los años noventa en instituciones como CONVIVIR, un agrupamiento de combatientes y de vigilantes, financiados por empresarios rurales y consintiendo a centenares de comités locales. En estos micro-mundos de la violencia, operan consorcios criminales como las bandas de la pesada, redes de empresarios clandestinos y de contrabandeo, y autoridades provincianas y locales que emplean criminales para el trabajo sucio ocasional, organizados en oficinas. Hay también grupos de subalternos alrededor de los líderes de las mafias que actúan como intermediarios en el mercado macabro de los contratos de la muerte y la criminalidad de mayor escala, galladas (pandillas juveniles) alrededor del trafico de cocaína, y los sicarios (jóvenes que matan por contrato).
También las llamadas bandas de chichipato que llevan armas caseras roban tiendas, casas, vehículos y asaltan a los peatones en la calle en los barrios de la pobreza, usando bazuco, una base de coca potente, como estimulante diario. Grupos de protectores y de limpieza social se dedican a ejecuciones por contrato, mientras que agrupamientos fragmentados de paramilitares, milicias y criminales locales encuentran empleo en masacres y otros actos violentos. Había grupos de milicias compuestos por individuos de clase baja, procedentes de las fuerzas de la guerrilla de la izquierda y criminales comunes, organizados en bandas locales.
Entraron en el mercado de protección en los años noventa, actuando como adversarios de los escuadrones de la muerte y agrupaciones de limpieza social de la derecha. Presentándose como grupos protectores de los barrios, comenzaron a combatir y matar a los criminales y traficantes de droga y bazuco. Los primeros grupos tenían lazos con bandas y líderes locales de la izquierda. La consecuencia inmediata era el fenómeno de los campamentos de paz donde los jóvenes presentes recibieron su enseñanza ideológica y un entrenamiento en el uso de armas. Algunos ex-militantes de la izquierda encontraron empleo en el mercado de protección y autodefensa. Otros entraron en las bandas de droga.
La retórica revolucionaria fue reusada para facilitar nuevas actividades de extorsión disfrazadas como impuestos populares y donaciones revolucionarias. Otros grupos, como Los Capuchos comenzaron a actuar como ronderos, con reminiscencia a los años de Violencia (1948-1953), ajusticiando pequeños criminales que aportaba el apoyo popular y cierta legitimidad. Estos grupos se subdividieron rápidamente y nuevos elementos de carácter eminentemente criminal adquirieron el liderazgo. El proceso de fragmentación continuó en los siguientes años.
Traficantes y mareros
Es interesante considerar el caso de la aparición de nuevos actores armados en las favelas, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de turno es el traficante o el drug lord, quien da ordenes para los ajusticiamientos pero funciona también como proveedor financiero de las ONGs en su territorio. Durante una entrevista del autor, en 2003, con Deusimar da Costa, presidente de la Federaçao Municipal das Asociações de Favelas do Rio de Janeiro (FEMAFARJ/FAR-Rio), ella enfatizó que una coexistencia pacifica con los traficantes locales era un asunto común y corriente.
“Ellos también son moradores,” dijo la señora, “y la presencia de ellos no nos molesta. Ellos tienen el poder de intervenir y, a pesar de todo, son moradores. Mantenemos, una vida simbiótica. No estamos inclinados a llamar a la policía en cada momento.” No se trata de pequeños bolsones o territorios olvidados dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de jurisdicciones de facto de considerable tamaño y proporción, tal vez conformando el 25% del contorno urbano en metrópolis como Rio de Janeiro y São Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Medellín, México DF y Guadalajara y otras ciudades importantes. Los traficantes, mayoritariamente jóvenes o jóvenes adultos, son los nuevos dueños urbanos de la violencia. Ellos actúan en sus barrios también como los nuevos representantes de la ley paralela, no por justicia sino por ajusticiar.
A veces cobran también impuestos paralelos y demuestran una cierta benevolencia hacia el desarrollo local, ofreciendo financiar a las ONGs locales en las favelas y villas marginales. En algunos casos también negocian con los líderes religiosos locales, quienes han aprendido a convivir de marena pragmática.
Durante dos entrevistas en el año 2003, con Jonas Pedreina, presidente de la asociaçõ de moradores en una de las favelas en el Cono Norte de Rio de Janeiro, el entrevistado dejo claro que en repetidas ocasiones el traficante local había ofrecido financiar las obras sociales de la iglesia y de las ONGs afiliadas a la asociación de pobladores “ sin ninguna obligación” pero que tanto él, como el pastor evangélico habían entendido que el arreglo implicaría el permiso de reclutar jóvenes para tareas de protección y de transporte de contrabando. Tanto el pastor como el líder barrial habían rechazado las propuestas.(2) El mismo fenómeno se presenta en Buenos Aires.(3) Los traficantes de las villas argentinas, las favelas brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecos han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos plagados.
Algunos miles de niños y adolescentes funcionan como soldados de la droga en las guerras urbanas. En Rio de Janeiro, actores y víctimas a la vez de integración perversa de la economía clandestina y la violencia urbana. En este contexto también hay que analizar el nuevo fenómeno de las bandas juveniles criminales (maras) en Centroamérica. Las estimaciones del número de los mareros no son muy seguras.
Diferentes fuentes en 2004 (radio, TV, prensa escrita) hacen mención de entre unos 14.000 y 200.000 jóvenes mareros en Guatemala, 10.500 y 35.000 en El Salvador, y 36.000 y 100.000 en Honduras. Tal vez Nicaragua cuenta con unos 4.500 mareros, Costa Rica con 2.600, Panamá con 1.385, y Belice con 100. La economía marera centroamericana depende de control territorial y acceso al transporte y al comercio local de drogas. La escala de operaciones en términos de la violencia percibida es tan grande que los parlamentos salvadoreños y hondureños aprobaron legislaciones especial anti mareras que permiten comandos especiales compuestos por miembros de las fuerzas policiales y militares (Operación Libertad en Honduras en 2003, Plan Mano Dura en El Salvador en 2003). En El Salvador el número de víctimas de la violencia marera ya ha sobrepasado el número total de muertos durante la guerra civil.
Conclusiones
La exclusión social y los fenómenos asociados, como la pobreza y la discriminación conforman un contexto fértil para que puedan brotar los gérmenes de la violencia y el terror en los segmentos pobres, marginados, separadas de las metrópolis y las conglomeraciones urbanas grandes.
Cuando la exclusión social, como en el caso de América Latina, se profundiza o se consolida en ciudades divididas, de manera espacial, de manera social, de manera cultural, cuando la ausencia de los actores legítimos de la ley y del orden se manifiesta en forma crónica, se abre el camino para los actores armados privados e informales que ocuparán el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios pobres y marginados en contornos de desintegración, dominación por criminales, terror y miedo. Hay una tendencia para la consolidación de este fenómeno tomando en cuenta que la juventud de estos barrios, favelas, barriadas o comunas de miseria está acostumbrados desde su niñez a la “normalidad” de la violencia, siendo la violencia domestica habitual.
La violencia omnipresente en la calle y es vigilada por la actuación represiva incesante de la policía que, cuando esté presente, está presente con pistola o ametralladora en mano. Políticas públicas que pretenden combatir la exclusión social y “pacificar” la relación entre la sociedad civil y las fuerzas del orden, aparentan ser sino una solución, por lo menos un freno a este proceso de deterioro. Combatir la exclusión social, fortalecer el tejido social local, balancear entre las tareas represivas y preventivas de la policía nacional y local, fortalecer los gobiernos municipales y locales y, sobre todo, ganar y mantener la confianza de las organizaciones populares locales parecen ser los ingredientes del cóctel de un buen gobierno en asuntos de seguridad cívica.
Referencias bibliografícas
Ceballos Melguizo, Ramiro. ‘The evolution of the armed conflict in Medellín: an análisis of the major actors’, Latin American Perspectives, 116, 2001, 28 (1), pp. 110-131.
Pécaut, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá: Editorial Planeta, 2001.
Ventura, Zuemir. Cidade partida. Rio de Janeiro: Editora Companhía das Letras, 2002 [primera edición en 1994].
Walton, John. Elites and Economic Development. Comparative Studies in the Political Economy of Latin American Cities. Austin: The University of Texas Press, 1977.
Referencias
(1) Por ejemplo Ceballos Melguizo (2001).
(2) Entrevistas durante los días 29 y 30 de agosto de 2003 en Rio de Janeiro.
(3) Comunicación personal con Marcelo Saín, viceministro de seguridad en la provincia de Gran Buenos Aires, el día 26 de junio de 2003 en Santiago de Chile.
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