El Vaticano ha dado a conocer las nuevas normas que se aplicarán para combatir el abuso sexual de menores en el seno de la Iglesia Católica.

Marijke Peters

La medida ha sido tomada a raíz del escándalo internacional que manchó seriamente la reputación de la Iglesia Católica. Con la nueva normativa se aumenta el número de años (periodo de prescripción) durante los cuales un sacerdote puede ser castigado después de haber cometido el delito. Sin embargo, asociaciones de víctimas consideran insuficientes las medidas.

Hasta el presente, se ha reprochado al Vaticano no haber actuado con suficiente energía para investigar los abusos denunciados. Por su parte, el portavoz de la sede papal, Federico Lombardi, declaró que las medidas contemplan procedimientos más ágiles para abordar con más eficacia los casos más graves y urgentes.

Sin embargo, el paso del Vaticano ha sido recibido, por una parte, como un intento de tomar más en serio la problemática del abuso de menores, otros opinan que la Iglesia Católica no toma en consideración la opinión pública.

Sacerdotisas
La decisión de clasificar la posesión de pornografía infantil, o pedopornografía, dentro de la misma categoría que la ordenación de mujeres en el sacerdocio, ha sido calificada como torpe por el historiador y experto en el Vaticano Peter Nissen, vinculado a la holandesa Universidad de Radboud.

Al equiparar estos dos temas, la Iglesia Católica demuestra que no comprende la percepción de la opinión pública ni es consciente de la gravedad de las quejas y demandas sobre abuso de menores y la posesión de pornografía infantil.

Quejas
Otro aspecto que ha despertado quejas son las limitaciones legales. Hasta el presente, las víctimas podían presentar demandas contra los sacerdotes hasta diez años después de haber cumplido 18 años. Si bien este período de prescripción ha sido ahora prolongado hasta 20 años, una serie de casos denunciado a comienzos del presente año por Radio Nederland demuestra que muchas víctimas tan sólo denuncian el abuso años después de ocurridos los acontecimientos.

Bert Smeets, de la agrupación de víctimas Mea Culpa United, considera inaceptable que se impongan limitaciones, ya que el abuso sexual es un delito de por vida. A su juicio, se trata de un caso de escapismo por parte de la Iglesia, de un intento de engañar concediendo unos años más para presentar demandas. Pero, el problema no cambia, pues incluso concediendo 20 años después de haber cumplido los 18, la mayoría de los casos cae bajo las limitaciones.

La nueva normativa consiste en una actualización de un documento que data del 2001, suscrito por Juan Pablo II, el antecesor de Benedicto XVI, y no toma en consideración denunciar a los culpables ante las autoridades civiles ni ponerlos a disposición de la justicia. Según Lombardi, para proteger la dignidad de todas las personas involucradas, la Iglesia continuará con sus investigaciones internas.
 
Reputación
No obstante, el profesor Nissen teme que en vez de reparar el daño que los abusos causaron a la reputación del Vaticano, la nueva normativa puede incluso agravar la situación. “Temo que se trata del siguiente drama en materia de relaciones públicas,” advierte el catedrático holandés, “pues es poco probable que estas enmiendas convenzan a quienes critican la forma en que la Iglesia a enfocado el problema de los abusos sexuales. Además, la forma en que reacciona ante la opinión pública es bastante torpe.”