“Aquí, en la frontera, todo tiene un precio, todo tipo de actividad ilegal tiene asiento, y quien tiene dinero puede hacer lo que quiera,” afirma el director de la fundación Progresar en Colombia.

 

Victoria Mayo

Tras seis meses de investigación, la fundación colombiana denuncia 16 mil asesinatos y 1.800 desapariciones en lo que va de los últimos diez años en la frontera. 
 

 

Más de dos mil kilómetros conforman la zona limítrofe entre estos dos países andinos. Parte del territorio común está entre el departamento colombiano Norte de Santander y el Estado de Táchira, en Venezuela. Los antecedentes históricos dan cuenta de la enorme vitalidad en materia de comercio, a escala social y cultural, que comparten estos dos pueblos. Sin embargo, la agudización del conflicto colombiano, la presencia de grupos ilegales armados como la guerrilla y los paramilitares, fenómenos como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el secuestro y el ‘sicariato’, han convertido a esta región en un sitio sin Dios ni Ley. Todo se compra, todo tiene precio. Al parecer, a los gobiernos no les interesa el tema, y la población civil vive en total desamparo.
 
La fundación Progresar, es un organismo no gubernamental colombiano que, durante casi veinte años, se

dedica a la promoción e investigación de los derechos humanos en esta región. Justamente a partir de un estudio sistemático realizado en los últimos seis meses, encontró las escalofriantes cifras: en la última década, 16 mil personas han sido asesinadas y otras 1.800 se cuentan como desaparecidas.
 
Radio Nederland habló con el director de la fundación, Wilfredo Cañizares.
 
Victoria Mayo: Señor Cañizares, luego de esta investigación y de estos seis meses de trabajo sostenido que ustedes han realizado en la zona fronteriza justamente para poder hacer esta denuncia de 16 mil asesinatos y cerca de 1.800 desaparecidos, ¿a qué atribuyen el incremento de los casos de asesinato y desaparición forzada?
 
Wilfredo Cañizares: En los últimos años se han desarrollado distintos grupos dedicados a las actividades ilegales, como grupos paramilitares, de águilas negras y grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico. La verdad es que la frontera ha estado viviendo una fuerte actividad ilegal de todo tipo: narcotráfico, contrabando, secuestro, extorsiones, ‘sicariato’. Mediante la investigación se ha comprobado que tanto en el venezolano Estado Táchira, como en el Norte de Santander, en Colombia, se ha asesinado cerca de 16 mil personas. Y, según los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal, se ha denunciado la desaparición de cerca de 1.800 personas en el Norte de Santander.
 
VM: ¿Existe algún indicio de la participación de las Fuerzas Armadas de Colombia?
 
WC: Nosotros somos una organización colombiana y realizamos una labor de monitoreo y seguimiento en Colombia. No hemos abordado el tema desde el lado venezolano, solamente tratamos de tener una mirada y una lectura desde lo que ocurre desde el lado colombiano. En ese sentido, la información que nosotros podemos brindar es desde el lado colombiano. En el tema de los desaparecidos, hemos recopilado un número importante de casos en los que, presuntamente, hay participación de la fuerza pública colombiana, sobretodo de la Policía Nacional, y hay un porcentaje también representativo de grupos de narcotraficantes que operan en la frontera. El resto es un grueso número de denuncias de desaparecidos cuyo autor se desconoce. Con respecto a los homicidios cometidos en ese período, es evidente que los grupos paramilitares que aún operan en la frontera, tanto en territorio colombiano como en el venezolano, son los responsables de un alto índice. Otro porcentaje más pequeño es responsabilidad de los grupos guerrilleros, y un tercero porcentaje es responsabilidad de bandas delincuenciales que operan en la frontera.
 
VM: El asunto se vuelve más complicado si tenemos en cuenta que ustedes han podido determinar que cerca de 200 casos hay certeza de que los cuerpos han sido arrojados al lado venezolano.
 
WC: La verdad es que, después de la desmovilización del bloque Catatumbo, de las Autodefensas, en diciembre del 2004, que operaba en el Norte de Santander y en el Estado venezolano de Táchira, la práctica de la desaparición forzada ha ido en aumento. Sólo en el primer bimestre del 2010 hemos registrado 11 desapariciones en la frontera. Esto tiene que ver con una situación muy grave que se vive y se viene desarrollando, debido a que las actividades delincuenciales prácticamente se han tomado la vida en la frontera.
 
Aquí todo tiene un precio. Quien tiene dinero puede hacer lo que quiera en la frontera, donde tiene asiento tipo de actividad ilegal. Como consecuencia de esta situación, entonces, han cobrado mucha fuerza los niveles de corrupción y de penetración de los delincuentes y de grupos ilegales, en la institucionalidad colombiana que trabaja en la frontera y en la institucionalidad pública de Venezuela que trabaja en la frontera.
 
VM: En algunas declaraciones que concedió a los medios de comunicación en Colombia, usted hacía un énfasis en que, a pesar de la denuncia, no han encontrado una respuesta ni en Bogotá ni en Caracas, a este fenómeno. ¿A qué se debe este silencio de los dos Gobiernos, sobretodo cuando se trata de casos serios de violación de los derechos humanos?
 
WC: Tanto el Gobierno colombiano como el venezolano se han enfrascado en una disputa política, y casi que en una disputa personal, olvidándose de la grave crisis humanitaria que está viviendo la frontera. Lo que tratamos es de elevar nuestra voz porque los medios de comunicación colombianos y venezolanos han ahogado la realidad en la frontera. Hoy en día, los medios de ambos países se concentran en lo que piensa su propio Presidente, o en su mutua agresión verbal, y han dedicado muy poca atención a la problemática y al drama humanitario que está viviendo la frontera, ni a la pervivencia y la profundización del problema de la violencia de los grupos ilegales y las actividades delincuenciales acá.
 
No hemos encontrado voluntad, ni el más mínimo asomo de escuchar la voz de los habitantes de la frontera, que somos quienes estamos poniendo los muertos y viviendo este drama que nos tiene cercados.
 
VM: Frente al silencio por parte de los Gobiernos, ¿puede interpretarse esta denuncia que hace la fundación Progresar como un llamado de solidaridad a la comunidad internacional, para que este informe encuentre eco fuera de Colombia y fuera de Venezuela?
 
WC: Nosotros estamos proponiendo que la única posibilidad que tenemos los habitantes de la frontera y las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad organizada, a lado y lado de la frontera, es juntarnos para que nos encontremos como región con lazos históricos de toda una vida de cotidianidad, y compartir y denunciar que tanto la violencia como el enfrentamiento entre estos dos presidentes nos quieren arrebatar esta posibilidad. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos humanitarios de derechos humanos para que presten atención a la grave situación que estamos viviendo en la frontera.