Pese a la crisis financiera internacional, las tasas de crecimiento económico colocan al Perú en un lugar expectante para recibir inversión extranjera y para crecer este año por encima del 5%.

Se trata de cifras sin precedentes en el país andino. Sin embargo el modelo no garantiza en absoluto el reparto justo de la riqueza que el país genera. Son las contradicciones del modelo.

Los contrastes. El Perú y sus contrastes. Sectores de izquierda hablarían de contradicciones. Lo cierto es que por lo menos las paradojas del crecimiento económico peruano de los últimos diez años han evidenciado que las cifras económicas en azules, el milagro peruano de crecimiento económico, esconden una serie de incongruencias que ponen en tela de juicio el modelo de desarrollo peruano.

Tasas de crecimiento anuales superiores al 5% en medio de una severa crisis económica internacional, inflación por debajo del 2% anual, liquidez en el mercado y un sistema financiero saludable. Además, cifras de exportación de niveles nunca antes alcanzados, nuevos tratados de libre comercio suscritos hasta ahora por el Estado, inversión extranjera proyectada de 49 mil millones de dólares en los próximos cinco años, sectores como el de la construcción, la minería y la agro exportación en alza constante, cifras de recaudación tributaria y de empleo en tasas nunca antes vistas, consumo desbordado, morosidad muy baja en el crédito…todo en azules y bajo un optimismo que no se condice con los estragos de un entorno internacional complejo y cambiante, y que podría devenir en una recesión larga y dolorosa. Pero si todos están tan contentos ¿Hay algo de lo que preocuparse en el Perú?
Sí, hay mucha razón para preocuparse.

Preocupaciones
Además de los indicadores ya mencionados, existen otros como colocación de tarjetas de crédito, el aumento de número de ahorristas que llegan al millón de dólares o la compra cada vez mayor de autos lujosísimos, que podrían revelar el dinamismo de una economía que crece en los sectores más acomodados, olvidando que sólo unos pocos pueden acceder a esas condiciones de vida.
El coeficiente de Gini, que sirve para establecer las diferencias entre ricos y pobres en un país a partir de la distribución de los ingresos, sitúa al Perú, por ejemplo, entre uno de los países más desiguales de la región.

El porcentaje de trabajadores peruanos que vive con un sueldo mínimo ($250.00 al mes), - una cantidad insignificante en relación a la canasta básica familiar -, es altísimo. El 80% de los trabajadores peruanos es parte del sector informal de la economía y ése es el salario promedio que se maneja bajo esas condiciones.

Se trata de micro y pequeñas empresas, unidades autogestionarias, cuyos trabajadores no están protegidos por ningún sistema de salud o de jubilación. Ello sitúa a miles de trabajadores peruanos en una condición de precariedad enorme. Su acceso al crédito es limitado y si lo hacen, acceden en condiciones leoninas. No cuentan con seguro médico de calidad, y las condiciones que establece el sistema de salud estatal no garantizan que la atención en dichos servicios sea dada en forma mínimamente digna.

Esa misma informalidad reporta en condiciones laborales inseguras en los centros de trabajo donde su propia integridad física ya que no hay control estatal. Los bajos salarios no permiten a miles de familias sencillas del Perú apostar por la educación como una forma natural de ascenso social, pues la mejor enseñanza cuesta dinero y, con esos salarios, es prohibitiba. Igual preocupa el futuro, ya que los aportes a los fondos de jubilación, manejados principalmente por organizaciones privadas ligadas a la banca, son insignificantes pues representan un porcentaje de tan magros sueldos. Para que años después esos aportes se puedan constituir en una pensión decente para miles de trabajadores, ese ingreso mínimo tendría que multiplicarse por diez.

Ineficiencia estatal
Los altos precios de los minerales (oro, plata y cobre principalmente), debido a la enorme demanda de China, han significado para la economía peruana muy altos ingresos en materia de impuesto a la renta recaudado por el Estado,  60% del cual proviene de la minería.

Según la Ley peruana, las regiones donde los yacimientos existen y producen deben dejar cantidades importantes de dinero en regalías. Eso le ha posibilitado a decenas de regiones muy pobres del país contar con ingentes cantidades de dinero para desarrollar obras de infraestructura e invertir en salud o en educación, allí donde el Estado peruano ha llegado escasamente o su presencia ha sido casi inexistente. Sin embargo, la ausencia de capacidades de gestión, los candados que impone el Ministerio de Economía peruano, hacen que esos millones de dólares no puedan trasladarse a obras o proyectos que beneficien a las poblaciones locales.

La enmarañada burocracia convierte al Estado casi en inoperante. En la medida en que altos funcionarios, con capacidad de dar disposiciones muy claras en materia de inversión para viabilizarla, se sienten atenazados a la hora de tomar decisiones importantes o trascendentes que involucren grandes desembolsos de dinero, esos montos que vienen de la minería o del canon gasífero no podrán trasladarse en beneficio de la población. La posibilidad de denunciar a estos funcionarios mediante engorrosos procesos administrativos y penales por no haber tenido la diligencia o pericia suficiente, incluso en pequeños detalles, genera una parálisis total agravando el problema.

Desinstitucionalidad
Con el alto nivel de desigualdad descrito y sin instituciones democráticas, no será posible mantener las cifras de crecimiento. El poder judicial debe dirimir procesos en los que están en juego millones de dólares, mas no tiene ni capacidades logísticas ni personal suficientemente preparado para enfrentar casos complejos. Todo ello sumado a la corrupción y a una desconfianza ciudadana del 82%, según últimos estudios al respecto, no se fomentará la estabilidad jurídica.

Igual situación es la de la policía peruana, institución invadida hasta el tuétano por una corrupción que no se ha podido extirpar. La desconfianza ciudadana hacia el cuerpo policial es tan alta como en el caso de la justicia. Con el agravante de que un cuerpo policial de estas características está a merced del poder corruptor de los cárteles de la droga, cuya presencia es cada vez mayor, sobre todo con la presencia de grupos mexicanos que operan en el proceso de producción y distribución de cocaína a gran escala.

Finalmente, un tema de fondo que afectará directamente los procesos de inversión de la industria extractiva, sobre todo minera, son los conflictos sociales. Grupos sin legitimidad social, o en tal caso con una legitimidad ganada en la protesta, intentan articular manifestaciones sociales contra la inversión minera. Los estragos medio ambientales generados por esta actividad productiva en varias zonas del país, sobre todo en el área rural, han desembocado en una creciente protesta cada vez más violenta que se asienta en una tremenda desconfianza hacia el sector.

La ausencia del Estado en muchas de estas regiones, la asimetría entre las enormes utilidades de esta empresa y lo poco que queda para las comunidades asentadas en las zonas de influencia minera, han devenido en que los proyectos de este tipo encuentren una feroz oposición social.

Conclusiones
Las cifras macroeconómicas en azules en tiempo de crisis parecen ser una buena carta de presentación de la economía peruana al mundo. Sin embargo, una lectura más atenta de la situación económica de miles de peruanos, de sus salarios y de las posibilidades que su vida cambie y tome otros rumbos permitiéndoles salir de la precariedad y la pobreza, evidencia una situación más compleja. El Gobierno del presidente Ollanta Humala garantizó crecimiento con inclusión. Hasta el momento solo hay crecimiento.