El Ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Enrique Castillo, se mostró muy satisfecho de que Costa Rica se haya unido a la coalición de países que respaldan la libertad de expresión en Internet.

Dijo que en el caso particular de la libertad de expresión, es una derivación natural de la línea que ha mantenido el país, en apoyo de la libertad de expresión de todos los medios. “Es un medio de comunicación, un canal de expresión que consideramos debe ser protegido y respaldado como una manifestación de la libertad de los individuos o ciudadanos del mundo, en este caso porque la Internet no tiene fronteras.”

La adhesión la presentó en Nueva York el embajador y represente permanente ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri, quien entregó a su homólogo del Reino de los Países Bajos, Herman Schaper, un documento mediante el cual Costa Rica manifiesta su decisión.

Impacto acumulativo
Ante la consulta al diplomático costarricense sobre el impacto que pueda tener esta iniciativa, Ulibarri explicó a Radio Nederland que no espera un impacto inmediato, sino acumulativo. Para Ulibarri, la declaración que da origen a la coalición es un texto con principios de gran importancia, que pueden servir de referencia o arma conceptual a todos los que tratan de impulsar la libertad de expresión en todo el mundo, sobre todo en el universo de los nuevos medios. “La coalición, como un grupo de países dispuestos a concertar esfuerzos y estímulos en pro de esa libertad, es un aliado práctico para estimular iniciativas, brindar respaldo a quienes se sientan vulnerados o, mediante cooperación, como los $6.000.000 que entiendo ha destinado el gobierno de Holanda a ese fin, respaldar iniciativas en países menos desarrollados para promover el uso libre de los nuevos medios. No espero un impacto inmediato, sino acumulativo”, añadió.

Eduardo Ulibarri, además de diplomático, es periodista y también fue director del periódico La Nación, uno de los diarios de mayor circulación en Costa Rica.

Alcance es político y ético, no jurídico
El canciller Castillo y el representante en Naciones Unidades Ulibarri indicaron que la adhesión no es vinculante.

Para Ulibarri su alcance es político y ético, no jurídico. Sin embargo de acuerdo con el diplomático, las dimensiones política y ética son fundamentales en el impulso a la libertad, y dan armas a quienes, eventualmente, puedan sentirse afectados en los países signatarios, para dar fundamento a cualquier reclamo o gestiones.

El canciller expresó que la iniciativa ofrece resguardar la libertad de expresión en todos sus ámbitos. “Es importante porque es una reiteración de nuestra lucha a favor de la libertad, y es un mensaje para otros países amigos para que entiendan que Costa Rica asume esta posición. Esperamos que otros países se adhieran a esto; ya hay un buen grupo de países que se han unido a la coalición de la libertad de expresión en Internet. Naturalmente ésta se verá fortalecida en la medida en que más países se sumen.”

Según la opinión del periodista Carlos Salazar, presidente y editor del diario digital costarricense El País, este compromiso del Gobierno de Costa Rica fortalecerá la libertad de expresión y de información en la red. Sin embargo, una cuestión es el compromiso al que se somete el Gobierno con ese pacto internacional, y otra cosa es la realidad que enfrentan los medios en línea y sus periodistas con las actuaciones de los ministros y funcionarios intermedios, que se niegan a reconocer la realidad de la Red.

Enfatizó Salazar que medios independientes como Elpais.cr no reciben el reconocimiento de muchos funcionarios, y consideran a los medios de comunicación en Internet como elementos disociadores, debido a que trabajan con mayor libertad, sin compromisos con los gobernantes y ejercen un real control sobre acciones ilegales, de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.
Algo parecido comentó Ulibarri al indicar que la iniciativa reforzará y dinamizará un clima que ya es muy favorable para la libertad de expresión, pero que no ha tomado plena conciencia conceptual y política de la importancia de que exista en igualdad de condiciones respecto a los medios tradicionales.

Hacia una reforma legislativa
Sin embargo, advirtió que la legislación de Costa Rica en cuanto a delitos contra el honor tiene importantes desfases que, en casos extremos, pueden utilizarse para afectar a la libertad de expresión. Recordó el diplomático que no se tiene una ley de acceso a la información. El texto de la declaración, y los compromisos de la coalición, representan pasos hacia las reformas e iniciativas legislativas que necesitan los comunicadores costarricenses. Además, pueden iluminar las decisiones de los jueces en eventuales casos vinculados con la libertad de expresión, detalló Ulibarri.

Para el periodista del diario digital El País, los editores, redactores y directores de los medios en línea no tienen problema de someterse a las leyes penales en casos de ofensas al honor de otras personas o gobernantes.

Según el informe de Freedom House, Costa Rica y Uruguay son los países con mayor prensa libre en la región, aunque el periodista Salazar lo pone en duda.

Transparencia
Señala que al existir limitaciones al acceso a la información para los ciudadanos y los profesionales que laboran en medios en línea, no se puede decir que existe una plena libertad de prensa. La falta de transparencia, protegida por el secretismo en los más altos mandos del Gobierno, es el más grave atentado a la libertad de prensa en Costa Rica.

Salazar denunció además que desde oficinas de inteligencia y seguridad, así como desde los aliados de personeros con gran influencia en el Gobierno, se han dado diversos tipos de presión contra medios independientes en Internet. Por ejemplo, en tres ocasiones Elpaís.cr sufrió ataques de “hacker”, pero no provenían de quienes luchan por mantener la Internet en democracia.

Puntualizó el representante ante Naciones Unidas que se trata al menos de extender a la red los derechos y libertades que disfrutan los medios tradicionales, y coordinar esfuerzos para que se puedan aplicar también marcos de conducta y acuerdos jurídicamente vinculantes que eviten la perpetración de delitos, como manipulación de menores y llamados al odio.