La máxima instancia judicial chilena rechazó, por 15 votos contra 4, el desafuero de Augusto Pinochet. En consecuencia, se revoca la decisión de la Corte de Apelaciones que, en diciembre pasado, había accedido a la petición de los abogados querellantes.

El rechazo se fundamenta en que "el tema referido a Pinochet había sido resuelto por los propios tribunales chilenos al rechazar la petición de desafuero solicitada por los mismos hechos por la jueza argentina, María Servini de Cubría".

La comunidad vinculada a los derechos humanos ha reaccionado con profunda decepción, ya que el fallo significa un vuelco de 180 grados respecto a los últimos dictámenes de la justicia sobre el ex dictador. El pasado 2 de diciembre, la Corte de Apelaciones había despojado de este beneficio al octogenario militar. Con la decisión se cierra este capítulo en torno a Pinochet, pues, a partir de ahora, el ministro del caso, Alejandro Solís, queda inhabilitado para tomar declaración y realizar cualquier acción legal contra el ex dictador.

A la salida de los tribunales tomamos contacto con los abogados querellantes y la familia del asesinado general de Ejército, Carlos Prat, y su esposa, Sofía Cuthbert. Como era de esperar, el desencanto y una profunda molestia se traslucían en las palabras de la abogada Pamela Pereira. La letrada opinó que se ha caído en una suerte de esquizofrenia jurídica que, en definitiva, ha determinado que por una argumentación formal, que no comparten los abogados querellantes, en lo jurídico, se ha reconocido la imposibilidad de desaforar a Pinochet. Por tanto, ha quedado en la más absoluta impunidad frente al asesinato del general Prat, ocurrido en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974.

Causa común hacía, en ese mismo instante, Angélica, hija del general Prat, quien califica de lamentable el veredicto de la Corte Suprema, porque deja a Pinochet en la impunidad, cuando la familia tiene la certeza de su responsabilidad. Tras la resolución, y como era dable esperar, Pablo Rodríguez Gres, abogado defensor, destacó el hecho de que la Corte Suprema resolviera que "hay cosa juzgada sobre esta materia, lo que implica que hacen suyas las razones anteriores, en las que se indica que no existe ninguna presunción o sospecha, respecto de la participación de Pinochet en el asesinato de Carlos Prat." Según Rodríguez, se trata sencillamente de una persecución implacable en contra de su cliente.

Se manifestaron a favor de desaforar al ex dictador el presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, y los ministros Milton Juica, José Benquis y Jorge Medina. Los quince ministros del voto de mayoría estimaron que la materia estaba resuelta y, por tanto, no se podía resolver nuevamente sobre algo que ya está sentenciado. La decisión de la Corte Suprema se remitió al fallo anterior, en el que se argumentaba que, por razones de salud mental, Pinochet no podía ser enjuiciado. Razones idénticas a las que se esgrimieron antes en el caso Caravana de la Muerte, en el que también quedó sobreseído.

Por su parte, los abogados querellantes estimaban que se ha resuelto sobre cosa juzgada pero no sobre el fondo del asunto. Uno de ellos, Hernán Quezada, manifestó su profunda decepción frente al fallo de la Corte Suprema, tomando en cuenta que éste se basa en aspectos procesales o formales.

Si bien hay que admitir que, esta vez, la demencia senil, o sub cortical moderada, ha favorecido a Augusto Pinochet, aún quedan pendientes querellas por enriquecimiento ilícito y todo lo relacionado con las 134 cuentas secretas que poseía, cuyos saldos suman muchos millones de dólares. De no mediar razones externas, Pinochet será requerido e indagado por la justicia, en cuyo poder obra mucha información imposible de desvirtuar.