El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, habla sobre la memoria que su país entrega hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y acusa a Nicaragua de seguir provocando a San José. “Es un discurso manido de los gobiernos nicaragüenses, que cuando tienen problemas internos, inventan un problema con Costa Rica como pretexto para desviar la atención”.

¿A qué problemas internos se refiere el canciller de Costa Rica? “El triunfo electoral de Daniel Ortega ha sido empañado por críticas tanto internas en Nicaragua como externas por los organismos que hicieron la observación del proceso electoral”, sostiene Castillo. “No nos sorprende, porque es un discurso manido de los gobiernos nicaragüenses que cuando tienen problemas internos, inventan un problema con Costa Rica como pretexto para desviar la atención. Y creemos que se trata nuevamente de una estratagema de distracción del Gobierno nicaragüense.”

En un tono más directo, agrega: “Tomo nota de que ha habido quejas de la oposición y de importantes sectores de la población nicaragüense y de organismos internacionales contra ese proceso. A nosotros sí nos concierne lo que la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, haya dicho y tenga por decir, porque somos miembros de esa organización”.

Días atrás, el Gobierno del presidente Daniel Ortega amenazó con iniciar un nuevo proceso contra Costa Rica ante la CIJ, esta vez por “disponer de pruebas, como fotos y argumentos científicos, del daño ambiental que provoca la carretera que Costa Rica construye paralela al fronterizo río San Juan”.
Lo anterior lo sostiene el canciller nicaragüense, Samuel Santos, quien agrega que "hay cantidad de pruebas y documentos. Hemos pedido que se suspendan las obras y tienen que pararlas". Santos exige "la inmediata suspensión de la construcción de la carretera, de entre 120 y 130 kilómetros, por considerar que pone en alto riesgo el sistema hidrológico y los humedales compartidos en la frontera común”.

Enrique Castillo tiene otra opinión. Considera que Nicaragua necesita desviar la atención de sus problemas internos, traducidos en las irregularidades que han sido denunciadas durante el proceso electoral del pasado 6 de noviembre, y que tuvo como resultado la re elección del presidente Daniel Ortega por amplia mayoría.
“Estamos seguros que la construcción de la carretera que ellos están tomando como pretexto, se ha hecho bien. Y si tuviéramos que corregir algún desperfecto o daño, estamos dispuestos a corregirlo”, puntualiza Castillo.

“Casualmente entregamos al Gobierno de Nicaragua una nota expresando que conocemos por los medios de prensa de que existen quejas y queremos que las concreten: si hay daños, cuáles son. Estamos abiertos a realizar las correcciones del caso, de haberlas. Pero le insisto: son estratagemas con una fuerte connotación post-elecciones, que exacerban la xenofobia que hay en Nicaragua contra Costa Rica”, acota el diplomático.

San José inició la construcción de una carretera que corre en paralelo al conflictivo río San Juan. La vía tiene unos 130 kilómetros y pretende “realzar el valor y el potencial económico de la zona”, según el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.

Pero Managua no lo ve así. Reclama que “esta carretera corre paralelamente y a poca distancia del río San Juan de Nicaragua, y las obras de drenaje desaguan en la vía fluvial”. Nicaragua recordó a Costa Rica que por la naturaleza de la obra y sus implicaciones debe contar con un estudio de “impacto ambiental” y tuvo que haberle informado del proyecto. Managua también dirigió una carta al secretariado general de la Ramsar (Convención Internacional de Humedales), para que “de manera inmediata” envíe una misión a visitar la zona y comprobar las “claras violaciones” de Costa Rica.

En este contexto es que San José entrega hoy a la CIJ la llamada memoria en el contencioso con Nicaragua. “Contiene los términos de la demanda que se planteó contra Nicaragua por los hechos ocurridos hace poco más de un año, y que se han prolongado a lo largo de 2011”, explica el canciller Enrique Castillo.
“Es una demanda muy bien sustentada en argumentos jurídicos y apoyada en pruebas irrefutables, contundentes, sobre la invasión y violación de nuestro territorio a finales de 2010 por parte de Nicaragua, y la ocupación de esa misma proporción de territorio que continuó durante meses después y que se ha prolongado hasta la actualidad”, sostiene Castillo.

Asegura que “Nicaragua está incumpliendo una de las providencias emanadas por la CIJ, la cual ordenaba a los dos países despejar la zona y abstenerse de tener presencia militar o civil en el área que la misma Corte definió. Managua, contraviniendo esa orden, ha seguido llevando grupos de la juventud sandinista. Los lleva engañados de que van a cuidar una parte del territorio nicaragüense. Llevan a la práctica acciones supuestamente de conservación, pero que están alterando el ambiente natural de la zona, algo que también contraviene al pronunciamiento de la CIJ. Estas juventudes se rotan por espacio de una o dos semanas”.

Este fin de semana, el Gobierno de Daniel Ortega ordenó enviar al fronterizo río San Juan a 63 jóvenes a realizar “labores ambientalistas”. “Nosotros, como juventud, debemos cuidar de nuestros recursos forestales, nuestra fauna, nuestra flora y ése es uno de los objetivos que pensamos cumplir con nuestra llegada a río San Juan”, dijo Marlon Galeano, miembro del grupo.

Castillo responde que “el Gobierno del presidente Daniel Ortega manipula de forma directa a las juventudes sandinistas y está violando los mandatos emanados de la CIJ”.

La memoria
Respecto de la memoria presentada ante la CIJ, explica Castillo, “ésta tiene complejidades. Visto desde fuera, parece algo sencillo: personal de un país invade el territorio de otro país y realizan acciones que alteran el ambiente y el curso de un río. Pero desde el punto de vista legal, es algo complejo. Hay varios instrumentos que regulan el caso, hay un marco jurídico que está compuesto por un tratado entre los dos países, por un laudo de Estados Unidos y de otro experto designado para resolver cuestiones específicas que se habían suscitado en aquel momento. Desde el punto de vista jurídico, el caso es complejo. También desde el punto de vista probatorio, porque la zona es salvaje, virgen, el acceso a las pruebas es difícil, se dificulta. Pero las hemos conseguido y tenido evidencias muy fuertes”.

Vecinos enemistados
Castillo lamenta que “no se ha podido tampoco construir una mejor relación con la vecina Managua. Nosotros estamos haciendo obras para desarrollar la zona, que no están en áreas protegidas ambientalmente. No hemos tocado ninguna parte ni zona protegida. Estamos trabajando en nuestro territorio. De manera que las obras que estamos haciendo nosotros no son agresivas. En cambio, Nicaragua ha construido un aeropuerto cuya pista se encuentra orientada hacia territorio costarricense, muy cercana de la frontera. Como se sabe: invadieron nuestro territorio, cavaron un canal artificial en territorio costarricense. Estamos hablando de obras que sí perjudican y distancian a los dos países. Son las obras del Gobierno nicaragüense las que provocaron ese efecto. “Son agresiones hostiles”.