Estos días se discute en la sede de las Naciones Unidas de Viena la política internacional para las drogas para los próximos diez años. La mayoría de los países se ha pronunciado claramente a favor de la reducción del daño, de la atención médica y apoyo a los consumidores, pero el Gobierno colombiano ha optado por seguir alineado a la vieja administración de George W. Bush.

Es decir por la aplicación de una política de intolerancia absoluta. De este modo Colombia cierra los ojos ante una realidad. La aplicación de programas de reducción del daño especialmente entre consumidores que tienen un alto riesgo de contraer enfermedades que se transmiten por vía sanguínea, como el SIDA y la hepatitis, han obtenido hasta hoy probados buenos resultados.

Algunos importantes medios de prensa en Colombia han subrayado la importancia de que se aproveche este momento para revertir políticas relacionadas con el consumo que han contribuido a agravar problemas de salud pública. En una columna de opinión reciente el analista de drogas Francisco Thoumi, señala que ésta puede ser la última oportunidad en mucho tiempo para mejorar políticas contra las drogas. Mientras tanto, el presidente Álvaro Uribe insiste en promover de nuevo la penalización del consumo. Al adoptar esa política Colombia bloquea a los países que sí quieren adoptar medidas que disminuyan los daños a los consumidores.

Lo que complica la toma de decisiones es el sistema de consenso bajo el que operan los organismos de la ONU como la Comisión de Estupefacientes. Si todos los países miembro no votan a favor, la medida no será adoptada.

Amira Armenta del Instituto Transnacional de Ámsterdam afirma que "la ausencia de consenso en reducción del daño hará que los países que sí creen en estas medidas y las quieren implementar se vean obligados a practicarlas en la semi ilegalidad, o simplemente no las puedan poner en práctica."

El enfoque del prohibicionismo, aunque representa una pequeña minoría de países en Viena, podría seguir imponiéndose en los próximos diez años por encima del deseo de la mayoría de los países que han reconocido las ventajas prácticas que hay en considerar al usuario de drogas no como delincuente sino como paciente. Este enfoque, además, está en total acuerdo con lo que predica la Organización Mundial de la Salud, y lo que recomiendan otras agencias de la ONU que ven la reducción de daños como un elemento sustancial de los derechos humanos.

Felizmente desde el norte llegan buenas noticias. El presidente estadounidense, Barak Obama, es favorable a estos programas, pero sus puntos de vista todavía no se han hecho sentir en la misión estadounidense en Viena, y por tanto sigue imperando la vieja visión.
El revés es que de aprobarse en Viena los programas de reducción del daño, ningún país está obligado a realizarlos si no quiere hacerlo o si los considera inapropiados.

Entrevista:*Amira Armenta, especialista del Instituto Transnacional de Ámsterdam