Aunque formalmente los candidatos del presidente Álvaro Uribe cumplen los requisitos constitucionales de nacionalidad, edad y profesión, y no tienen procesos legales en su contra, es un hecho que la Corte considera que no llenan las exigencias de idoneidad, transparencia e independencia que implícitamente se demanda a quien esté en la cúpula del órgano encargado de aplicar justicia. Después de la que llamó "profunda reflexión” sobre “la calificación de destrezas y calidades, se encontró que la terna no es viable para votarla", dijo el presidente de ese tribunal, magistrado Augusto Ibáñez.
 

La Corte no se niega a su obligación de elegir, pero sí induce a que se modifique la composición de la lista de candidatos o a que éstos, para facilitar las cosas, renuncien. Nada de eso ha ocurrido ni parece que ocurrirá, con lo que se abre un limbo de desenlace impredecible.
 

El ministro colombiano de Interior y Justicia, Fabio Valencia, instó a la Corte a elegir al Fiscal para evitar “un quebrantamiento del orden institucional” y se reafirmó en la terna propuesta desde el 7 de julio -poco antes de que venciera el periodo de Iguarán-, sobre cuyos integrantes, dijo, no ha recibido reparos. Ayer en un nuevo comunicado, el Gobierno insiste en los tres nombres postulados, de quienes dice son idóneos por su “competencia académica, competencia profesional, trayectoria laboral, capacidad para enfrentar a todos los criminales, y condiciones gerenciales y dedicación al cumplimiento del deber para dirigir una institución de veinte mil empleados, como es la Fiscalía".
 

El sábado, durante el habitual consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe defendió a sus candidatos y lanzó un reclamo: “¿Van a venir ahora algunos, con cuestionamientos politiqueros, a un Gobierno que ha procedido con toda honradez en la lucha contra los criminales?”, dijo. En el mismo escenario el mandatario habló de una “venganza criminal” orquestada contra su administración para desacreditarla internacionalmente.
 

Objeciones
No hay que hilar muy fino para pensar que, por ejemplo, la cercanía del candidato Ospina con el Gobierno pone en duda su imparcialidad, ya que además de ministro de Defensa fue Secretario Jurídico de la Presidencia y embajador del actual gobierno ante la Organización de Estados Americanos, OEA. En cuanto al jurista Ángel Palacio, después de su postulación se filtraron a la prensa grabaciones de conversaciones telefónicas en las que supuestamente se involucraría en tráfico de influencias. Con respecto a la candidata Uribe, han trascendido sus limitaciones en cuanto al dominio de temas jurídicos con los que tendría que lidiar.
 

Primero la Nación
El que ninguno de los tres postulados sea penalista llama la atención “en un país con enjambres de juristas”, dijo a Radio Nederland el ex magistrado Eduardo Cifuentes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, de Bogotá. Para él, la Corte está innovando en la práctica jurídica al negarse a elegir de una lista donde hay un candidato real y dos de relleno. Es una forma de exigir al Ejecutivo que postule a tres candidatos reales y “le asegure a la Corte Suprema la mayor capacidad de acierto para que la persona elegida llene las condiciones de solvencia moral, idoneidad técnica, conocimiento y reconocimiento, necesarios para cumplir un cargo que tiene todas esa exigencias. Suponemos que el Presidente de la República, como representante de la unidad nacional, debe ir más allá de asuntos puramente concretos, debe pensar en la Nación y lo mismo la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
 

Radio Nederland.- Conocido el temperamento del presidente Uribe y la posición expresada por el ministro del Interior en el sentido de que en principio mantiene la terna, ¿cuáles son las implicaciones para la estabilidad institucional colombiana?
Eduardo Cifuentes.- Definitivamente si el Presidente de la República se niega a reintegrar la terna o si los candidatos no renuncian, se presenta una colisión entre dos órganos superiores del Estado. En Colombia no existe un órgano que pueda resolver ese tipo de impasses; por eso, el presidente de Colombia debería anteponer cualquier interés inmediato y debería dejar de lado cualquier elemento de carácter emocional o pasional para, más bien, pensar en el bien de la Nación y escoger en un país de muchos juristas, de muchedumbres de juristas, hombres o mujeres, alguien que reúna las condiciones no solo formales sino las condiciones materiales para ocupar ese cargo: conocimientos, independencia, autonomía, solvencia moral. Hay muchos en Colombia que pueden ocupar ese cargo en esas condiciones.
 

RN.- ¿Qué tanto se ha afectado el equilibro de los poderes en Colombia a raíz de la primera reelección del Presidente Uribe y de una eventual segunda reelección?
EC.- La Constitución colombiana está en mora de ser modificada porque al introducirse la reforma que permitió al Presidente Uribe su reelección se ha alterado lo que podíamos llamar la arquitectura de los poderes en Colombia, dado que el presidente directamente interviene en la conformación de esos órganos, ya sea de carácter político unos, judicial y de control y vigilancia, otros. En consecuencia, el presidente a raíz de la reelección concentra una parcela de poder muy grande, lo que ha afectado mucho el control democrático y la institucionalidad. Justamente este incidente entre la CSJ y el Presidente manifiesta cómo la Constitución de 1991 todavía tiene mecanismos de pesos y contrapesos cómo es el que una función del presidente, como es conformar una terna, no puede hacerse a partir, simplemente de las necesidades imperativas del gobierno de turno sino que, por el contrario, esa función tiene que desempeñarse en el marco constitucional y de largo plazo. Esto significa que el Presidente está obligado a presentar nombres de juristas que reúnan condiciones de fondo como imparcialidad y autonomía.
 

RN.- ¿Cuáles son los retos que le esperan al futuro Fiscal?
EC.- Ser independiente, autónomo, darle eficacia a la Fiscalía que tiene un conjunto de investigaciones muy importantes sobre parapolítica, corrupción, justicia y paz. Colombia es un país que lamentablemente ha estado impactado por la macrocriminalidad y la microcriminalidad y sobre todo en los últimos tiempos hemos visto cómo buena parte del aparato político ha sido cooptado por la mafia y el paramilitarismo y también la guerrilla, en cierta medida. De suerte que sentar precedentes importantes en esos campos resulta urgente. De ahí que como nunca antes en la historia del país reclamemos del Fiscal independencia y autonomía.
 

RN.- Y conocimientos de derecho penal...
EC.- Eso es lo que seguramente la CSJ está pensando. La Constitución no tiene por qué enumerar todas las condiciones, y el órgano que toma la decisión sí. Son requisitos implícitos. Es algo que va de suyo que el fiscal que tiene la función investigativa y acusadora en materia penal, no sea ignorante en derecho penal. Se exige de alguien que tiene la competencia de investigar y de acusar, que sea imparcial; no es necesario que la Constitución fije requisitos adicionales a conocimiento e imparcialidad. Son supuestos implícitos y precisamente la legitimidad de la decisión de la CSJ de no votar por esos nombres es porque ha estimado que no reúnen esos requisitos.
 

Divergencias y encontrones
El actual no es el primer encontrón entre el Ejecutivo y la Corte Suprema: a lo largo de las dos administraciones del presidente Uribe, varios incidentes han puesto de manifiesto las divergencias conceptuales; recientemente la Corte ha negado algunas extradiciones solicitadas por el Ejecutivo, en consecuencia con la jurisprudencia internacional que privilegia el derecho humanitario. Otros reparos frecuentes de los magistrados se refieren a seguimientos e interceptaciones ilegales desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (policía de inteligencia, adscrita a la Presidencia). Además, los magistrados han denunciado el robo de sus computadoras, seguimientos irregulares en sus trayectos en automóvil, algunos, incluso, efectuados por agentes oficiales, y la recepción de mensajes con amenazas de muerte.