Los organizadores de la marcha de este martes contra el secuestro y por la libertad de 11 agentes de la fuerza pública en poder de la guerrilla de las FARC, se han impuesto una meta de 10 millones de manifestantes pidiendo un NO rotundo contra esta práctica.

La cita es al mediodía en las principales avenidas y plazas de las 32 capitales administrativas colombianas y en algunas ciudades del exterior con presencia significativa de inmigrantes. En Bogotá, la concentración en la Plaza de Bolívar coincidirá con la llegada de La Caravana de la Libertad, delegación de 40 motociclistas encabezada por el periodista Herbin Hoyos, director de Las Voces del Secuestro, programa de Radio Caracol que ha recorrido el país sensibilizando y clamando por la liberación de los cautivos.

El episodio que hizo estallar la indignación antiguerrillera, canalizada profusamente por los medios de comunicación, fue la muerte hace una semana del coronel Édgar Duarte, el mayor Elkin Hernández, el sargento José Libio Martínez y el intendente Álvaro Moreno, secuestrados desde hacía más de diez años por las FARC. Según relato del único sobreviviente, el sargento Luis Alberto Erazo, sus compañeros fueron ejecutados por los carceleros ante un combate con el Ejército que llegó hasta el campamento localizado en el departamento del Caquetá, sur del país.

Los hechos se produjeron cuatro semanas después de la muerte del máximo comandante de las FARC, ‘Alfonso Cano’, bajo un intenso bombardeo del Ejército, en las montañas del Cauca en las que se había refugiado ante el asedio oficial.

La marcha de este martes le pondría un puntillazo a las multitudinarias movilizaciones estudiantiles que han marcado el resurgimiento del movimiento civil urbano, tras varias décadas de estancamiento.

¿Cuántos secuestrados hay?
Las cifras de cautivos en poder de la guerrilla y de organizaciones de delincuencia común son imprecisas. Olga Lucía Gómez, Directora Ejecutiva de País Libre, Organización No Gubernamental de apoyo a las víctimas del secuestro, dice que está a la espera de una nueva depuración de cifras oficiales por parte de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal -organismo estatal del sector- para aclarar la suerte de unos 600 ‘secuestrados indeterminados’ sobre los que no hay certeza de su paradero, frente a 80 casos de cautivos reconocidos. Gómez comentó a Radio Nederland que una depuración realizada por el Gobierno del Álvaro Uribe (2002/2010) “se hizo a puerta cerrada” aunque ahora percibe “una nueva actitud” del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para trabajar conjuntamente.

Una de las razones de la discrepancia de cifras entre País Libre y el ente estatal es que la ONG recibe información que no siempre corresponde a denuncias formales ante autoridades por parte de las familias de las víctimas. Las cuentas de la ONG indican que entre enero y septiembre de este año fueron denunciados 229 secuestros, 10% más que en el mismo periodo del año pasado y que un 60 % de los casos corresponde a secuestros extorsivos.

En el extendido escenario colombiano del secuestro, y según la región, las autorías más frecuentes corresponden a guerrillas que actúan de manera autónoma, guerrillas en alianza con delincuencia común y bandas delincuenciales rasas, dice Gómez. La participación de la delincuencia común “es importante en secuestros extorsivos económicos y en secuestro de menores, pero hay reporte de secuestrados por las guerrillas o grupos paramilitares de derecha de cuya suerte no se sabe nada”, señaló.

Con respecto a una paz negociada, Olga Lucía Gómez es escéptica. “No se puede lograr mientras los armados sigan secuestrando, y Colombia tiene claridad de que ésa no es la manera para llegar a un diálogo. En esos términos es muy difícil que la sociedad acepte las condiciones que ellos (la guerrilla) nos quieren imponer”, afirma. Para sentarse a la mesa “hay que tener voluntad y demostrar, con hechos, que la población civil no será utilizada en la confrontación armada”, agrega.

En el exterior
En solidaridad con la marcha nacional que tendrá algunas réplicas internacionales como las convocadas en Washington, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Madrid y Dublín, se han conocido pronunciamientos desde distintos frentes.

El pintor Fernando Botero cuya obra ‘El Viacrucis’, refleja el conflicto armado interno, dijo que la jornada será “muy importante” para calibrar “la voluntad de la gente por la paz, que es lo único que nos falta, porque el día que haya paz en este país se va a disparar para arriba de una forma espectacular”. El artista plástico envió un mensaje de aliento a los once agentes que permanecen en la selva: “Todos estamos más pendientes, más preocupados y más tristes de la situación de esta pobre gente que estaba tratando de defendernos. Ojalá que esto se resuelva lo más rápido posible y que las FARC los dejen libres, porque es una monstruosidad estar tanto tiempo cautivo”, declaró a la emisora RCN.

Dos voces disidentes
A propósito de la marcha antisecuestro y la campaña mediática que la alienta, se escuchan pocas voces disidentes sobre la conducción del conflicto, o, incluso, referidas a las especulaciones sobre una eventual negociación de paz. Salvo declaraciones de la ex senadora Piedad Córdoba, a las que el propio presidente Santos replicó airadamente, y un severo cuestionamiento del obispo católico de la ciudad de Cali, Darío Monsalve, no se conocen posiciones divergentes sobre el controversial asunto.

Córdoba, cabeza de la organización ‘Colombianas y colombianos por la paz’, pidió una veeduría independiente para el caso de los cuatro uniformados cautivos muertos. Además, en declaraciones al diario El Espectador afirmó que “no puedo aceptar gratuitamente, en el contexto y con los antecedentes que se conocen sobre situaciones de este tipo, si los cuatro uniformados fueron o no fusilados por las FARC”, lo que, añadió, no implica que justifique crimen alguno, venga de donde venga. Tras reivindicar su mediación para la liberación exitosa de una veintena de secuestrados, invocó la “duda razonable” y preguntó: “¿hubo o no un rescate fallido? ¿Hubo enfrentamientos o no? ¿Hubo fuego cruzado? ¿Hubo ejecuciones proscritas por el derecho de guerra?”

En cuanto al obispo Monsalve, censuró severamente la eliminación absoluta y sistemática del adversario. “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y sólo? ¿Por qué encapsular la lucha anti-guerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?” preguntó.

En la página web del Arzobispado de Cali, el prelado se suma a la campaña por la liberación de los secuestrados de las FARC y pide “revisar las responsabilidades del Estado, de la sociedad civil, de las instituciones, para garantizar que regresen vivos los que sobreviven a esta vorágine de selva, cadenas, rescates y fusilamientos. La vida de cada uno de los que quedan es como un símbolo patrio: ellos son Colombia que sale de una guerra de exterminio”.

Antecedentes
En 1996 se convocó por primera a una marcha nacional contra el secuestro. A la cabeza del llamado a tomar las calles bajo la consigna ‘Por el país que queremos, no más secuestros’ estaba la Organización no Gubernamental País Libre, en cuya gestación, cuatro años antes estuvo el ex vicepresidente de la república (2002 /2010) Francisco Santos, primo del actual mandatario Juan Manuel Santos, quien en 1990, siendo editor del diario familiar El Tiempo, fue secuestrado por el jefe del cartel de Medellín de la cocaína, Pablo Escobar, como presión para que se suspendiera la extradición a Estados Unidos, por entonces el arma más temida de los capos de la droga.

Un referente más próximo de las movilizaciones contra la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, es la marcha de febrero de 2008, a la que concurrieron entre dos y cuatro millones de manifestantes, según diversas fuentes. En ese entonces, la indignación canalizada en la protesta callejera la suscitó la divulgación de pruebas de supervivencia de los llamados canjeables, grupo de políticos que incluían a la ex candidata presidencial Ingrid Betancurt, cuya imagen sensiblemente demacrada se convirtió en un icono, y tres contratistas estadounidenses en poder de la organización armada.

La animosidad contra la práctica de los secuestros de la guerrilla se había fermentado desde un año antes, cuando 11 diputados de la asamblea del departamento del Valle del Cauca, cautivos, fueron fusilados en medio de la selva y del fuego cruzado de dos frentes guerrilleros.

Para entonces ya era norma en las filas de la organización guerrillera que ante el intento de rescate por parte de las Fuerzas Armadas, los rehenes serían ejecutados, tal como ocurrió en 2003 cuando ejecutaron en medio de un fallido operativo aéreo al ex gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, ambos en poder de las FARC.