Hombre menor de 30 años, preferiblemente pobre, habitante de barrio marginal o zona rural de Colombia en busca de trabajo.

Ese es el perfil de la mayoría de las víctimas de las macabras redes de reclutamiento forzado y ejecución extrajudicial para producir los llamados falsos positivos - montajes con supuestos guerrilleros caídos en combate -, que ayer motivaron la destitución fulminante de 25 oficiales del Ejército colombiano, incluidos tres generales de vasta trayectoria.

Escuche el testimonio de Feliciana Guerrero:
 

Sin mayor explicación, salvo referencias vagas sobre las relaciones tejidas desde las brigadas a cargo de los oficiales llamados a calificar servicios y bandas criminales, el presidente Álvaro Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, General Fredy Padilla, notificaron la purga de 3 generales, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores, un capitán, un teniente y 6 suboficiales, y subrayaron la importancia del respeto a los derechos humanos.

"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", afirmó Uribe.

Caso de Jóvenes de Soacha

Por los distritos militares a los que pertenecían y las funciones que cumplían los oficiales, la destitución se relaciona con la desaparición y muerte, a comienzos de año, de 20 jóvenes de la localidad de Soacha, en el límite sur de Bogotá.

El lunes el Gobierno recibió el informe de una comisión que constituyó el 3 de octubre para indagar por qué  los cadáveres de supuestos guerrilleros dados de baja en combate,  exhumados en Ocaña, localidad del noreste departamento de Norte de Santander, correspondían verdaderamente a muchachos cuyas familias habían  denunciado su desaparición.

En la mayoría de los casos las ejecuciones ocurrieron entre uno y ocho días después  de su desaparición en la capital.

Se hallaron "serios indicios de negligencia del mando"  en operaciones de inteligencia y operaciones militares e "inexcusable falta de diligencia en la investigación" de presuntos casos que "pudo haber facilitado conexión de miembros del Ejército con delincuentes externos", dijo Santos.

Legalizar muertos
Con el influjo de la política de Seguridad Democrática, hasta noviembre del 2007 las bajas de guerrilleros fueron el principal indicador de éxito de las  brigadas militares, motivo de ascenso para oficiales, y hasta motivo de permisos de fin de semana.

Esteban Montes, soldado de contraguerrilla de un Batallón de infantería del departamento de Córdoba, contó a la revista Semana que  en vísperas del Día de la madre  del año pasado "los altos mandos empezaron a preocuparse  porque no teníamos resultados para mostrar méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar' a alguien (...) Cuando llegamos  al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo"  a quien, supuestamente le encontraron un arma y una granada en las manos.  Tras la denuncia el soldado Montes fue trasladado de batallón.

Víctimas en aumento
Entre enero de 2007 y junio del presente año en Colombia fueron  ejecutadas extrajudicialmente a 535 personas, en hechos atribuidos a miembros del Ejército en 93,7 por ciento de los casos, de acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia - Europa -Estados Unidos, coalición de 1.200 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el país y tienen apoyo internacional.

Durante las dos  administraciones del presidente Uribe, desde mediados del 2002 hasta diciembre de 2007, se han registrado 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, atribuibles directamente a la fuerza pública, casi el doble de las documentadas cinco años antes.  

El informe fue presentado ayer durante un foro que congregó en Bogotá a familiares de los ejecutados, como Feliciana Guerrero, quien apesadumbrada relató a Radio Nederland la desaparición y muerte a manos del Ejército, de su  hijo de 19 años en enero de este año:  "Él era un muchacho sano, la mano derecha mía; cultivaba lulo y café hasta que un día se vino con un amigo para donde la mamá de él y al regresar para la casa, el  Ejército lo cogió, lo amarró y lo mató. Lo mataron y dijeron que era guerrillero, siendo que él era sano", relató mientras sostenía en brazos a su hijo menor.  "Para mi ha sido difícil el caso judicial porque soy de bajos recursos y  quedé con cinco hijos, dijo  Feliciana  al pedir justicia de la de aquí y de la divina,  "porque imposible que maten a un inocente como era mi hijo: un muchacho sano que el Ejército dijo que era guerrillero".

Es "preocupante" que las regiones de mayor incidencia  en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, coincidan con las zonas de acción del Plan Colombia, afirma el documento, elaborado por juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. 

En cuanto a organismos nacionales las cifras varían, según la fuente, pero concuerdan en el aumento de casos.

La Procuraduría General de la Nación investiga actualmente a  2.300 funcionarios (desde
empleados oficiales hasta soldados y policías)  por 930 casos de ejecuciones extrajudiciales, en tanto la Fiscalía adelanta más de 700 investigaciones por hechos ocurridos desde el 2002, de los cuales 245 corresponderían al año pasado.

¿Qué hay detrás?
Un cúmulo de rumores, reclamos y propuestas sucedieron al anuncio presidencial de destitución de oficiales.

En el Congreso, la bancada de oposición pidió la renuencia del ministro Santos, y se anunció un debate para la próxima semana. El ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, exigió al Gobierno explicar caso por caso. ¿Cuáles son los hechos, desde cuándo venían ocurriendo, quiénes lo sabían y no hicieron nada?", preguntó al sugerir que detrás de la purga hay mucho más que la muerte de los jóvenes de Soacha.

La Alta Comisionada en ONU para Derechos Humanos, de visita en el país, recomendó al Gobierno insistir en esfuerzos para erradicar ejecuciones extrajudiciales y ordenar investigaciones a la justicia ordinaria, en tanto el embajador estadounidense se pronunció a favor de la decisión presidencial.

También hubo quienes recordaron que en el  informe de Human Rights Watch, presentado hace un mes, se afirma  que mientras en muchos países el problema de fondo es descubrir la verdad y garantizar la justicia, en Colombia el gran interrogante es si las instituciones se podrán librar del control de quienes han recurrido al crimen organizado y, a menudo, a terribles abusos de los derechos humanos para asegurarse el poder.