Mientras en el Congreso se debate un proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a las casas de líderes y sedes de asociaciones de despojados llegan panfletos amenazantes. Las intimidaciones, con nombre propio y señas precisas, también circulan por el ciberespacio. Las más recientes las firma un grupo denominado Bloque Capital Águilas Negras, que declara a los destinatarios “objetivo militar”.

Amenaza y muerte
Ya se sabe que quienes amenazan, cumplen. Unos 50 hombres y mujeres, líderes campesinos, han sido asesinados desde 2005 por el simple hecho de organizarse para recuperar sus tierras. A fines de septiembre del año pasado, horas después de que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregó en Turbo, en el norte del país, títulos de propiedad a 34 familias que habían sido despojadas por los paramilitares, fue asesinado Hernando Pérez, uno de los dirigentes que concurrió al acto.

A comienzos de este año, en la región de Urabá, el cadáver del dirigente campesino Óscar Manuel Maussa, fue encontrado amarrado a un árbol con señales de haber sido apedreado hasta la muerte; siniestro patrón aplicado ya a otros paisanos que como él reclamaban sus predios usurpados.

Por eso, en enero, cuando fue robada una USB con datos de procesos de restitución de tierras de la sede de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida, en Apartadó, unas 18 mil personas que reclamaban unas 25 mil hectáreas entraron en pánico y hasta el vice Presidente Angelino Garzón, pidió la creación de un ‘bloque de búsqueda’ para dar con los culpables.

"La protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal, porque el Estado ante todo tiene la responsabilidad de proteger la vida", afirma Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El proyecto
El año pasado, el Presidente Juan Manuel Santos presentó al Congreso un Proyecto que llamó “la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas” que en la actual discusión en el Senado se acumuló con otra iniciativa sobre restitución de tierras, que en conjunto contempla medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas que permitirán a las víctimas del conflicto armado “el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. El sistema propuesto incluye registro de tierras despojadas, creación de una Unidad Administrativa Especial de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y una jurisdicción especial que agilice los procesos.

Los reparos
Pero hay reparos tanto al proyecto original como a las modificaciones introducidas en medio de forcejeos entre las distintas bancadas parlamentarias, que van desde la fecha de iniciación de la reparación (1984 o 1991) que afectaría el monto económico final de la reparación, hasta su concepción, alcance y procedimientos.

Yamile Salinas, abogada independiente, consultora de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, y analista de Razón Pública, no cree que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso sea un verdadero aporte a la reparación y a la restitución de las tierras. Tampoco que haya real voluntad política para desvelar los verdaderos poderes detrás de los usurpadores, incluso de los grupos armados, entre otras razones porque el proceso judicial y administrativo que establece la Ley no tiene que ver nada con el proceso penal; son cosas que van totalmente independientes, afirma. “Vamos a hacer una restitución sin justicia y sin sanción a los responsables. Y sin verdad”, dijo a Radio Nederland. Sin embargo, reconoció como un avance del actual gobierno frente al anterior, la “voluntad de salvar la deuda con la población desplazada, especialmente con la que tuvo que abandonar sus bienes o a la que le fueron despojados”.

Proyectos mineros
Sus objeciones se relacionan, entre otras cosas, con el hecho de que no atiende experiencias valiosas que podrían aportar al proceso, y, en cambio, se pretende constituir un ente nuevo que partiría de cero. En cuanto al proyecto de Ley de Víctimas, llama la atención sobre cambios introducidos “extrañamente” en el curso del debate referentes al derecho a la superficie y el de la utilidad pública y del interés social. Y pone ejemplos precisos: “digamos que hay situaciones de despojo, concretamente en la zona de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, región Caribe, donde se adelantan proyectos mineros.

Es decir que las víctimas despojadas de estas tierras no van a tener derecho a la restitución porque la minería es una actividad declarada de utilidad pública e interés social. En otras palabras, los despojadores directos o indirectos beneficiarios del despojo se van a quedar con esas tierras. En cuanto al derecho a la superficie, figura que no existe en la legislación colombiana, consiste en permitir que aquellas personas que han desarrollado proyectos de buenas fe – buena fe que está por verse, dice – puedan seguir con sus proyectos.

Aquí el ejemplo se refiere al caso de Jijuamiandó-Curvaradó, departamento del Chocó, región Pacífico, donde ha habido desplazamiento masivo de comunidades afro descendientes que al retornar encontraron sus territorios sembrados de palma; es cierto que allí se identificaron algunos de mala fe y están siendo investigados por la justicia penal pero no se han establecido sus responsabilidades y, por tanto, se puede y debe presumir su buena fe. Así que estas personas podrían seguir gozando de la palma y sus legítimos titulares tendrían que conformarse con que les pagaran una renta por el uso de la tierra, afirma Salinas.

Radio Nederland: A propósito de la buena fe, el Superintendente de Notariado y Registro señaló recientemente que en algunas dependencias de su despacho ‘se pone el dedo y sale pus’, para dar idea de los altos niveles de corrupción.

Yamile Salinas: Sí, el Superintendente ha hecho público un informe que sólo se refiere al 10% de las oficinas y habla de unas 150 mil o 180 mil hectáreas que fueron apropiadas tanto de la Nación (baldíos) como de particulares, y ha sido enfático en señalar que esto es una cadena: no solamente es un problema de la Superintendencia, pues, quienes titulan son los funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), es decir, la Superintendencia terminaba registrando escrituras espurias.

RN: Recurrentemente se asesina a dirigentes campesinos que se han postulado como reclamantes de la restitución de tierras.

YS: Las cifras dicen que son más de 50 los líderes y las líderes asesinados por reclamar sus derechos a la tierra y eso, nuevamente, nos demuestra que los actores (del despojo) están todavía en la zonas, que los intereses continúan y que el poder económico y político para decidir cuáles son los proyectos que hay en las regiones, persisten. Por tanto, la gran pregunta es cómo garantizar condiciones de seguridad a las víctimas. Personalmente creo que la única forma de que Colombia avance en ese sentido es que podamos descubrir y esclarecer cuáles son las causas y quiénes son los responsables. Pensar que los únicos responsables son los actores armados, no nos va a permitir resolver la problemática de tierras en Colombia.

RN: ¿Qué salida plantea?

YS: Hay varios mecanismos. En primer lugar tenemos que entrar en una política criminal en la que todas las entidades del Estado se involucren para perseguir a los responsables, llámense políticos, servidores públicos, paramilitares, guerrilla, etc. Lo primero es esclarecer, judicializar y sancionar estos casos. Igualmente una Comisión de la Verdad – ya propuesta por la Comisión de Seguimiento, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional – que permita que diferentes actores empiecen a demostrar y evidenciar estos nexos. Ciertamente el tema de la seguridad es muy grave pero hay que empezar a blindar estos mecanismos para llegar a la verdad. Requerimos la verdad. Además, el modelo de desarrollo que tenemos en Colombia, que impulsa la agroindustria y la minería en los territorios rurales, va en contravía de la reparación de las víctimas.

Salinas reconoce como avance que a partir de 2005, cuando se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación, las víctimas del desplazamiento descubrieron que tenían derecho a reclamar. Sin embargo, tiene “dudas sobre las iniciativas que están en curso“.

Mapa del despojo
El mapa del desplazamiento y la localización de los predios a restituir abarcan todas las regiones del país, aunque las cifras difieren, según la fuente.
Mientras la no gubernamental Consultoría Colombiana para los Derechos Humanos y el Desplazamiento señala que las personas desplazadas son 5.1 millones, de las cuales entre 40 y 50% abandonaron o fueron despojadas de sus tierras, entidades oficiales como el Proyecto de Protección de Tierras, indican que las extensiones afectadas pueden ser del orden de los 8 millones de hectáreas; en tanto, la Comisión de Seguimiento – que se basa en encuestas – dice que son 6.6 millones de hectáreas, y otras fuentes hablan de 10 millones de hectáreas. “De todas formas si nos acogemos a las cifras oficiales, basadas en registros de nombres y cédulas, estamos hablando de por lo menos 8 millones de hectáreas”, asevera la experta Salinas.