Situada a unos 400 kilómetros al sur de Bogotá y en plena selva amazónica, la capital del departamento del Guaviare, San José, acoge a la población que huye de las fumigaciones de cultivos de coca.

 
Aunque ilícitos y reducidos por el combate sostenido de las autoridades, el cultivo de la hoja, materia prima de la cocaína, es la principal actividad agrícola de esta región en la que se enfrentan guerrilla, paramilitares y fuerza pública. A la erradicación manual en las zonas de reserva natural y resguardos indígenas, se suma la fumigación aérea con pesticidas de gran poder que, al decir de los lugareños, también arrasan los cultivos de yuca y plátano, base de su alimentación.
 
“Aquí, la principal causa de desplazamiento son las fumigaciones,” afirmó, recientemente, el alcalde Pedro Arenas, ante un auditorio encabezado por el vicepresidente Francisco Santos, quien visitó San José para un Consejo de política social. La mayoría de los 67 mil habitantes de San José está integrada por colonos e indígenas.
 
Arenas, quien conoce al dedillo la problemática de su región, no vacila en afirmar que “cuando se fumiga en contexto de enfrentamientos, se genera zozobra en la población y, generalmente, se causa desplazamiento”. Además que si se fumiga sin ofrecer alternativas, “se cae la base económica campesina, y la gente se desplaza por hambre.”
 
La posición del alcalde la comparten los capitanes indígenas y los dirigentes campesinos, quienes, al unísono, le piden al Estado que a la par que combate los cocales, ofrezca alternativas rentables de cultivos legales. Pese a parecer una petición tan lógica, hasta ahora, todos han hecho oídos sordos.


Radio Nederland.- ¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Qué tanta gente está afectada?
Pedro Arenas.- Aquí se fumiga desde hace 15 años, todos los años. Las hectáreas sembradas con coca han disminuido notablemente, pero, aunque siempre lo hemos pedido, con la fumigación no llega la inversión social para desarrollo alternativo. Eso es lo que buscamos con el Gobierno y la comunidad internacional.
 
RN.- Hay normas muy precisas para presentar reclamos cuando las fumigaciones acaban con cultivos de autoconsumo. ¿Son eficaces?
PA.- Lo único que tengo que decir que, en 15 años de aspersiones, el programa solamente le reconoció daños a una persona de todas las que se han quejado.Y esa persona era un secretario de Agricultura.
 
Los campesinos
Carlos Roberto Coy, dirigente de Trocha Ganadera, asociación en la que confluyen organizaciones de base de colonos de unas diez veredas (unidad territorial rural), dice que “en ningún momento” están en contra de la erradicación, pero, a cambio, piden inversión del Gobierno. Necesitan legalizar los predios que hace años ellos o sus padres colonizaron y a los que han entregado su vida; requieren títulos de propiedad para acceder a créditos y emprender proyectos de sustitución de cultivos, incluso, para interponer quejas cuando les fumigan la comida. Por eso, dice, cuidan una reserva natural de 126 mil hectáreas de bosque nativo y a cambio piden una mano del Estado. “Nos preocupa que, si no hay trabajo, nuestra población se desplace o que los jóvenes sigan engrosando las organizaciones armadas”, afirma.
 
Coy se lamenta porque a fines del año pasado, cuando la Policía anunció la erradicación, “hicimos reuniones con ellos para que respetaran las cosas que tenían los campesinos dentro de sus casas (…) pero pasados quince días de la erradicación manual, llego el grupo de fumigación con avionetas y, donde había quedado plátano y yuca, fumigaron. Todo esto se ha perdido”.
 
Los indígenas
En el Guaviare los indígenas no son mayoritarios, pero sí determinantes culturalmente. Perviven guayaberos, sikuani, guahíbos, cubeos, piratapuyos, desanos, tucanos, carijonas, y curripacos, todos sedentarios, y los nukak maku, de quienes se afirma son los últimos nómadas de la amazonía, y hoy están reducidos por el hambre y el cerco del conflicto armado.
 
Airado, Luis López, guayabero, capitán de un resguardo, sienta posición sobre las fumigaciones. “Ellos conocen que nosotros no tenemos coca y les pedimos el favor que si van a erradicar, lo hagan manualmente y que no nos erradiquen los territorios indígenas (…) Lo que nosotros tenemos es para el consumo y la medicina tradicional. Pido el favor de las entidades para que nos paguen esos daños. Nos están perjudicando. No tenemos otro modo para sostener a nuestras familias,” puntualiza.
 
El líder admite que, a veces, la policía antinarcóticos se equivoque, pues, “todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero no todas las veces.” Recuerda que la Ley permite cultivar en los resguardos hasta una hectárea de hoja de coca. También que hay ‘paisanos flojos de autoridad’ que dejan que colonos planten coca en territorio indígena para eludir la Ley. “Eso lo vamos a tratar internamente,” afirma, sin ceder en su empeño de que los indemnicen por las fumigaciones de los platanales.
 
La Policía
Si bien los reclamos son recurrentes, el Coronel Samuel Bernal, director de la Policía Antinarcóticos del Guaviare, cree que no tienen mayor sustento. “Son quejas que la gente pone, de pronto por desacreditar el programa. Pero la experiencia de más de 20 años en el Guaviare es que únicamente se han puesto cinco quejas y sólo dos han sido efectivas,” asegura. “Tal vez la gente no tiene el conocimiento de que en una hectárea de terreno,” aclara, “más de 20 matas de coca constituyen cultivo ilícito y la ley autoriza fumigarlo”.
 
Los mapas ‘georreferenciados’ que detallan las zonas de cultivos ilícitos y un margen de 100 metros son suficiente garantía para que “el error sea cero o muy cercano a cero”, precisa. Lo que sí reconoce el oficial es que los indígenas cultivan muy poca hoja de coca, pues para este año el Sistema de Monitoreo ha reportado 512 hectáreas en 16 resguardos del Guaviare.
 
Tumbando coca
Loserradicadores llegan desde Bogotá para trabajar en parques naturales donde no se puede fumigar desde el aire; el personal se traslada en helicópteros y se queda de uno a tres meses en el lugar, según la cantidad de plantíos. La aspersión aérea, también planificada desde la capital, se hace cada seis meses, y “para poder pasar de nuevo sobre ese mismo cultivo, debemos esperar seis meses”, puntualiza el coronel Bernal, quien, de paso, invalida denuncias como la del portavoz de Trocha Ganadera, que aseguró que, 15 días después de la erradicación manual, pasaron las avionetas fumigando.
 
Por el seguimiento que desde hace una década hace el Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Naciones Unidas para el Control de las Drogas, en convenio con el Gobierno, se sabe que la extensión de las parcelas ha disminuido aunque ha aumentado la productividad, y que en 90 por ciento de los cocales se alterna la planta con cultivos lícitos.
 
El destino
En un siglo de colonización sostenida, el Guaviare ha pasado por la explotación intensiva de balata y caucho, plantas exóticas, fauna, pieles, y ahora la coca. De los 180 millones de cocainómanos que se calcula hay en el mundo, varios millones habrán aspirado el polvo blanco proveniente de estas selvas del Guaviare, donde los colonos la cultivan porque no tienen mejor opción. No es que sea fácil, porque hay que esquivar la ley y batirse en medio del conflicto armado. Pero les llevan la semilla y les recogen la cosecha, y su traslado no ocupa mucho espacio. No es como los cultivos legales, para los que no tienen crédito, ni carreteras por donde sacar el producido. No es por nada que en el Guaviare se encuentran El Retorno y San José, dos de los municipios con mayor concentración de la hoja.
 
Los datos más recientes disponibles en la Dirección Nacional de Estupefacientes corresponden a diciembre del 2007, cuando en el país había 99.000 hectáreas sembradas de coca, 21.000 más que en el 2006. Para entonces, la producción anual de cocaína fue de 600 toneladas, y el Guaviare seguía entre los siete primeros productores de la hoja, que se cultiva en 22 de los 32 departamentos.