El gobierno del presidente Juan Manuel Santos continúa con la ejecución de la Ley de Restitución de Tierras. Dentro de este ambicioso programa, cientos de miles de campesinos, ahuyentados por la violencia y expulsados de sus tierras de forma ilegal, volverán a sus pueblos.

La reforma agraria pretende ser un paso para terminar el conflicto armado que hace décadas comenzó como rebelión campesina.

Argemiro Masa es un campesino de 66 años de edad. Hace once años huyó de su pueblo Mampuján, a dos horas de Cartagena. “El pueblo pasó del dominio de la guerrilla al de la autodefensa,” dice Argemiro, quien todavía se sorprende de que no hubiera ningún muerto. Hoy día forma parte de los cuatro millones de desplazados en Colombia, y vive junto con otras 280 familias a siete kilómetros de sus tierras, en un pueblo improvisado.

Pero hay esperanza para Argemiro y sus vecinos. Este mes Colombia pone en vigor la Ley de Restitución de Tierras, que forma parte de la Ley de Reparación de Víctimas, aprobado por el parlamento a mediados del año pasado. En los próximos diez años se destinará 5.000 millones de dólares a la devolución de tierras a cientos de miles de campesinos expulsados.

Concentración de propiedad
“El 1% de los propietarios posee el 52% de las tierras en Colombia. Es uno de los índices más escandalosos en el mundo de concentración de la propiedad”, dice Alejandro Reyes, un científico que desde hace 40 años publica libros sobre el conflicto armado en Colombia. “Esto es una explicación de la guerra, porque originó guerrillas, y para oponerse a las guerrillas surgieron las fuerzas paramilitares para defender el latifundio.” Después de décadas sin que nadie le hiciera caso, el presidente Juan Manuel Santos le nombró asesor para la política agraria. Reyes es uno de los arquitectos de la Ley de Restitución de Tierras.

Momento histórico
Lo que llaman un “momento histórico” no será una tarea fácil, dice Marcelo Álvarez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia. “El tema de la restitución es un tema de preocupación, porque hay grupos de narcotráfico, algunos ‘bacrim’ [grupos paramilitares, red.], y estos grupos ilegales pueden volver a intervenir”, dice Álvarez. Según Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, ya se ha registrado casos. “Quienes se atreven a reivindicar la tierra y exigir su restitución, han sido asesinados. Tenemos 50 asesinatos, de los cuales 38 durante el Gobierno de Uribe y 12 en el de Santos.” Además, dice Rojas, es clave que la restitución no se limite a la restauración de la situación anterior, que en muchos casos era injusta, ya que muchos campesinos no tenían títulos oficiales.

Más que seguridad física
El asesor Alejandro Reyes reconoce que la resistencia es muy grande, pero no deja de ser optimista. “Esta ley exige despojar a los despojadores. Y para esto también existen muchas fuerzas que quieren hacer justicia social en el campo. Además hay un apoyo internacional fuerte para que Colombia solucione los problemas de la tierra, y sobre todo la injusticia contra los campesinos.” Reyes asegura que la restitución no solo incluirá seguridad física, sino también créditos, asesoría e infraestructura. Dice que la restitución puede significar un paso hacia el final del conflicto armado que empezó hace casi medio siglo, precisamente por el tema de la distribución de tierras.

También optimista es Argemiro Masa, el campesino de Mampuján. Caminando por lo que un día era la plaza del pueblo, cuenta dónde estaba el mercado, dónde jugaban los niños y dónde estaba la imagen de la virgen del pueblo. Ahora todo es irreconocible por la abundante vegetación. Pero si tiene ganas de volver. “Si nos reconstruyen el colegio, el cementerio, la luz eléctrica, el puesto de salud, o sea todo lo que teníamos allí, nosotros estamos dispuestos a retornar.”