A partir del próximo domingo, la Corte Penal Internacional de La Haya podrá investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia al levantarse la salvaguardia de siete años solicitada por el Estado colombiano ante el tribunal internacional.

En el 2002, año de la creación de la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Colombia solicitó una especie de excepción, con el fin de incentivar los procesos de paz con los grupos armados al margen de la ley, y así evitar posibles enjuiciamientos de sus líderes por atroces crímenes. Esa salvaguardia termina el 1 de noviembre y quedará entonces abierto el camino para que la CPI investigue y procese, no sólo los delitos considerados de lesa humanidad, sino también los crímenes de guerra.
 

No obstante, las autoridades colombianas coinciden en que la actuación de la Corte Penal en Colombia se reducirá a una invaluable colaboración y apoyo de lo que ya viene realizando la justicia de ese país. Francisco Lloreda, embajador de Colombia ante los Países Bajos, afirma que en este momento no se dan los criterios de admisibilidad que justifiquen una intervención de la CPI. “En Colombia se están cumpliendo varios de los requisitos que contempla el Estatuto de Roma: el primero es que en Colombia existen procedimientos penales en relación con casos de crímenes atroces y lo segundo es que el Estado colombiano, pese a una enorme dificultad, tiene la capacidad y la voluntad para enjuiciar a sus criminales y lo está demostrando”.
 

Investigaciones preliminares
La complicada situación de los derechos humanos mantiene a Colombia bajo “observación oficial”. La oficina del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, lleva a cabo una investigación preliminar sobre los casos de los llamados “ Falsos positivos” que involucran a oficiales del ejército en asesinatos. Al respecto, el fiscal en declaraciones a Radio Nederland dijo que su oficina está atenta para actuar cuando considere que la justicia colombiana no lo esté haciendo.
 

Sin embargo, muchas organizaciones de víctimas y abogados de derechos humanos consideran que la Corte Penal Internacional tiene mucho por hacer en Colombia. Confían en los fiscales y jueces colombianos, pero consideran que la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se ha estado procesando a los principales líderes de los grupos armados al margen de la ley, ha permitido generar, en muchos de los casos, impunidad.

Escuche la entrevista con Francisco Lloreda , embajador de Colombia en los Países Bajos.