El espionaje telefónico revivió el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, y entre el Gobierno y la oposición. En el fragor de la campaña por la sucesión presidencial, las revelaciones de la Fiscalía según las cuales desde la Casa de Nariño se orientaron las interceptaciones telefónicas y estrategias de desprestigio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía de inteligencia) contra magistrados, defensores de derechos humanos, sindicalistas y políticos de oposición, dan paso a nuevos pleitos y querellas.

En vísperas de los comicios del 30 de mayo, la piedra de choque son sintomáticos documentos hallados por al Fiscalía así como afirmaciones del Fiscal Misael Rodríguez, en audiencia pública, sobre el periodo en el que María del Pilar Hurtado fue directora de la entidad ( 2007 y 2008). Tanto ella como su ex jefe de operaciones, Marta Leal, fueron detenidas.

Sin ayuda de EEUU
Un indicativo de la dimensión de las revelaciones es la suspensión de la ayuda del gobierno de Estados Unidos al DAS, hasta tanto no se reestructure una nueva agencia de inteligencia, libre de sospechas. El martes el embajador en Bogotá, William Browfield, dijo que es necesario “asegurar que nada de la colaboración que hemos tenido fue utilizada para actividades ilícitas o ilegales” y que han decidido transferir su colaboración a la Policía Nacional y al Cuerpo Técnico de Investigación Judicial.

A Felipe Muñoz, Director del DAS, no lo sorprendió la decisión, pues, dijo, “desde hace aproximadamente siete meses se conocía la intención del gobierno norteamericano de redireccionar el apoyo que le estaba entregando”.

Siniestra estrategia
Perplejo por lo que calificó de “monstruosidad” se mostró el martes Juan Gossaín, director de la cadena RCN Radio, al divulgar apartes de documentos encontrados por la Fiscalía en los allanamientos al DAS. Allí se establecen estrategias de guerra mediática y jurídica contra el poder judicial y personajes de la oposición, mediante “creación de páginas web, denuncias, montajes y terrorismo a los servicios públicos (…) chantaje y desinformación a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno”.

En un documento fechado de 2005, identificado como Operación Amazonas, se señala como objetivo general, “promover acciones en beneficio del Estado para elecciones de 2006”, y como “blancos” los partidos políticos opositores, la Corte Constitucional, el Frente Social y Político, el entonces candidato presidencial Carlos Gaviria y el actual del Polo Democrático, Gustavo Petro, a quienes tendrían que “generar vínculos con las FARC “; a la Senadora liberal Piedad Córdoba, con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia; al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, también del Polo Democrático, “relación con desfalcos financieros”, y a las ONG “establecer vínculo con organizaciones terroristas en búsqueda de su judialización”.

Nada nuevo
Desde la primera administración del presidente Uribe (2002/06) el DAS ha estado en el centro de la polémica, tanto por las escuchas ilegales como por denuncias de entrega de información privilegiada a jefes paramilitares. Según testimonios de varios ex directores y funcionarios, la mayor responsabilidad recae en el primer director del DAS bajo la administración Uribe, Jorge Noguera, quien fue su jefe de debate en el departamento del Magdalena, durante la campaña que en 2002 lo condujo al triunfo. Noguera ha sido acusado de nexos con los paramilitares alias Jorge 40 y Hernán Giraldo, y de dejar filtrar listas de sindicalistas y académicos que después fueron eliminados. En 2007 Noguera fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años, y Giancarlo Auque, ex secretario general, por 13 años. Uno de los principales testigos del caso es el ex jefe de informática de la época de Noguera, Rafael García, condenado.

Uribe V.S. Valencia
A comienzo de 2008, el Presidente Uribe demandó por injuria y calumnia al magistrado Valencia, quien dijo que el mandatario le indagó por un proceso contra su primo, Mario Uribe (actualmente detenido), vinculado por la Corte por presuntos vínculos con paramilitares. Según se desprende de las fechas y contenido de algunos de los correos electrónicos publicados por la revista “Semana”, los seguimientos al magistrado y su abogado se hicieron pocos días antes de la audiencia del Presidente Uribe en la Comisión de Acusaciones del Congreso, para declarar en el litigio contra Valencia.

Ante las nuevas evidencias, Valencia dice que la ex directora Hurtado le mintió “falazmente”, cuando le respondió una carta en la que afirma: "Tenga usted la certeza que por parte de esta dirección no se ha impartido instrucción alguna relacionada con lo denunciado por usted a los medios", sobre interceptación de comunicaciones y seguimientos a propiedades y bienes, así como a los de su abogado, Ramiro Bejarano. Ahora el magistrado Valencia afirma que “no me cabe duda de que por encima de la directora del DAS hay alguien que está ordenando perseguirme a mí, y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (…) La directora del DAS depende del señor Presidente de la República, no sé si sea él u otra persona cercana a Palacio (de Nariño) quien dio esa orden".

En campaña
En vísperas de los comicios presidenciales el escándalo de las ‘’chuzadas’ desvela el talante del gobierno frente a sus contradictores y el clima en el que se desarrolla la contienda.

Rafael Pardo, aspirante por el opositor Partido Liberal, exigió a Juan Manuel Santos, del oficialista Partido de la U, que “ponga el pecho y la cara para ver cuál fue su actuación y responsabilidad”, como ministro de Defensa, en la época en la que se ordenaron las interceptaciones y seguimientos. Santos, respondió que “del alto gobierno ni nadie (me pidieron) que usáramos los servicios de inteligencia de la fuerzas militares para hacer interceptaciones ilegales”.

Se trata “de verdadero hostigamiento, de invasión de la vida privada, de desprestigiar a los funcionarios y a los magistrados; son abusos inconcebibles”, declaró el ex presidente liberal César Gaviria (1990/94).
El candidato del Polo, Gustavo Petro, dijo que demandará penalmente al presidente Uribe por los seguimientos ilegales a sus hijos menores y a su padre, de 72 años. "Si es necesario acudiré también a acciones civiles, demandando mis derechos y los de mis hijos menores, y a las instancias internacionales judiciales y de derechos humanos", afirmó.

Watergate
El pasado fin de semana, Jaime Arrubla, presidente encargado de La Corte Suprema de Justicia, declaró indignado que el escándalo de las “chuzadas” es más grave que el del Watergate que desembocó en la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon, en 1974.

Arrubla recordó que en el caso estadounidense se trato de espionaje a la campaña de un partido político (el Demócrata) y que en el colombiano es al máximo tribunal de Justicia y pilar institucional. El símil no parece descabellado si se tiene en cuenta que en ambos casos se han encontrado cintas magnetofónicas incriminatorias y se han detenido funcionarios responsables del manejo de inteligencia y contrainteligencia en las agencias de seguridad.

Defensa gubernamental
"Frente al lenguaje temerario" del magistrado Arrubla hay que "tener franqueza con prudencia”, dijo el Presidente Uribe y, en consecuencia, se pronunció por diversos medios, descartando órdenes suyas tendientes a espiar a la oposición. También defendió "la honorabilidad" de su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien, dijo, en su momento destituyó a 10 generales por casos de ‘chuzadas’ telefónicas. Las denuncias “dan hasta risa”, manifestó el mandatario, porque (el suyo) “es el gobierno que más garantías le ha dado a la oposición radical”.

Sendos comunicados del Gobierno afirman que se han dado”garantías efectivas y no retóricas” y que “jamás se han ordenado procedimientos turbios o ilegales”.

Viejos pleitos
El viejo pleito entre el Ejecutivo y la Corte Suprema ha dilatado la designación de un Fiscal General en propiedad, desde que venció el periodo del titular Mario Iguarán, a mediados de 2009; de una primera terna presentada por el mandatario, dos candidatos han dimitido, tras no ser considerados idóneos por el tribunal. A juicio de Uribe, las relaciones se dañaron a causa de “una arrogancia que hace mucho daño en las relaciones entre instituciones".

La Corte ha puesto entre los palos a más de medio centenar de parlamentarios, mayoritariamente de la bancada gobiernista, por presuntos vínculos con estructuras mafiosas del paramilitarismo que los habrían hecho elegir en los comicios de 2002 y 2006. Aunque la mayoría espera juicio en el penal La Picota, de esta capital, algunos ya fueron condenados a entre 9 y 40 años de prisión.

Las discrepancias entre poderes son múltiples y de compleja resolución. También hay discordancia entre el Procurador Alejandro Ordóñez y la Corte en torno al caso de la llamada Yidispolítica, por el nombre de la ex parlamentaria Yidis Medina, cuyo voto a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, fue decisivo. Medina votó a cambio de dádivas burocráticas en notarias y clínicas por lo que ya fue condenada por el delito de cohecho. Sin embargo, quienes le habrían pagado esos favores, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el entonces de Interior y Justicia, ahora embajador en Roma, Sabas Pretelt, han sido exonerados en primera instancia.