La fulminante decisión del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de cesar a 27 miembros de las Fuerzas armadas, entre ellos tres generales, por su supuesta implicación en los llamados "falsos positivos" -asesinatos cometidos a jóvenes de barrios marginales y presentados como bajas en combate - ha sido, sin duda, la noticia de la semana en una Colombia en la que no faltan las noticias de calado nacional e internacional.

En efecto, en los últimos meses, el país andino se ha convertido en un verdadero hervidero de noticias de alcance y su presidente rara vez se baja de las portadas de los medios de comunicación. Con todo lo que ello tiene de positivo pero también de arriesgado.

En esta ocasión, además, ha mostrado buena cintura política y ha reaccionado con presteza a unos acontecimientos que minaban su credibilidad y la de su política de seguridad democrática. Por ello, su atrevimiento al tomar una decisión absolutamente imprevista, valiente, e inusitada para su país y, especialmente para el ejército colombiano, debe ser valorado positivamente. Y así ha sido por la mayor parte de analistas, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad colombiana. Hasta el progubernamental y conservador Diario El Tiempo que hasta ahora no había alentado este tipo de medidas, no dudaba en calificarlo como purga histórica y añadía "estos falsos positivos deslegitiman al Ejército, sobre todo cuando los casos son tantos como para seguir con la tesis de las manzanas podridas. Por eso es vital no parar aquí y extirpar de raíz un mal ligado a una arraigada cultura militar, según la cual hay que producir bajas no importa cómo". Y ese es el problema, continuar. Y no parece que el Gobierno esté dispuesto a ello y a profundizar en las investigaciones de los otros 760 militares sospechosos y que están siendo investigados y a continuar con la vigilancia de este tipo de actos.
 

Hasta ahora el patrón de respuesta ante estos hechos impuesto por el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos había sido el de negar la mayor. Como decía irónicamente el analista Oscar Collazos "el Gobierno convirtió en práctica desmentir primero, averiguar después y, finalmente, aceptar la evidencia". En este caso la evidencia se acepta solo a medias, y más parece que se trata de una "operación lastre" para quitarse los aspectos más gruesos de un problema que condicionaba cualquier legitimidad democrática, que de una verdadera convicción y compromiso por acabar con este tipo de crímenes. No olvidemos que la decisión de Uribe se producía en unos momentos en los que se encontraba visitando el país la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay, y en días en los que muchas organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, International Crisis Group, Human Rights Watch y otras han publicado informes que dejan pocas dudas sobre la generalización de este tipo de prácticas y sobre los crímenes cometidos por los grupos armados, especialmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y los aún existentes grupos paramilitares, pero también por el aparato del Estado.

Las conclusiones de la visita de la Sra. Pillay, que son muy matizadas y reconocen los avances y voluntad del Gobierno colombiano para investigar estos hechos, pero que también muestran preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, han ocasionado una vez más la vuelta al patrón clásico de respuesta por parte de Uribe: negar las críticas y arremeter contra quien las hace. Es decir, no dejar que otros, en este caso el organismo de Naciones Unidas con la responsabilidad de hacerlo, realice la menor crítica a su actuación. Aunque ésta esté basada en los mismos datos que él aportó. El vigilante que no quiere ser vigilado.

Pero junto a estos acontecimientos, otras dos margaritas se deshojan estos días que pueden afectar al futuro colombiano y a sus posibilidades de caminar hacia la paz. La primera de ellas, las elecciones estadounidenses, ya que dependiendo de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, cuestiones clave como el Plan Colombia o el Tratado de Libre Comercio podrán tomar uno u otro rumbo. Y eso es crucial para un posible cambio de la situación. La segunda, la decisión de si el presidente Uribe puede ampliar su mandato a un tercer periodo o si ello no es posible. En la primera de ellas la respuesta será pronto. En la segunda, deberemos esperar algo más. Pero al final, como en los Oscar cinematográficos tendremos aquello de "and the winner is...". Y esperemos que eso sea bueno para el pueblo colombiano.

* Francisco Rey Marcos - Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)