Faltan dos meses para que terminen las dos administraciones consecutivas de Álvaro Uribe y aunque él aún goza de notable popularidad, su entorno manifiesta resquebrajamiento y hasta se habla de cerco judicial a personajes de su primer anillo de poder.

Caso Pretelt
El jueves pasado la Fiscalía llamó a juicio al ex ministro de Interior y Justicia Sabas Pretelt. El cargo, ‘cohecho por ofrecer’, contraparte del ‘cohecho por recibir’ por el que ya fue condenada la ex legisladora Yidis Medina, quien afirma que en 2004 Pretelt le canjeó prebendas burocráticas por el voto a favor de la reforma constitucional que dio paso a la reelección de Uribe en 2006. Por el mismo caso ya fueron enjuiciados otros dos ex legisladores, Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño.

Lo que parecía imposible hace poco, cuando desde la Casa de Nariño se alentaba una segunda reelección consecutiva del mandatario, ocurrió: Pretelt renuncio a la embajada en Italia para responder por los cargos que también se le atribuyen al ministro de Protección Social, Diego Palacio, y a quien, probablemente, la Fiscalía llamará a juicio.

En defensa de su ex ministro y embajador, el Presidente Uribe dijo que “se está confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia (dar representación, estudiar recomendaciones) con el cohecho”, y dijo que la ex legisladora Medina es “una persona cuya capacidad de mentir está plenamente comprobada”.

Caso Noguera
Detenido, acusado de homicidio y concierto para delinquir, está Jorge Noguera, ex director del DAS (policía de inteligencia adscrita a la Presidencia). Definido en su momento por el presidente como “un buen muchacho”, Noguera fue coordinador, en el departamento del Magdalena, de la campaña presidencial que condujo al triunfo de Uribe en 2002 y desde entonces hasta 2006 ejerció la jefatura del DAS. La Procuraduría lo investigó y falló inhabilitándolo por 18 años para cargos públicos al hallarlo culpable de enriquecimiento ilícito y colaboración con paramilitares. Y es que según testimonio de varios ex funcionarios –hay 18 detenidos–, Noguera filtraba a los paramilitares alias Jorge 40 y Hernán Giraldo, listas de sindicalistas y académicos algunos de ellos asesinados posteriormente, en tanto ordenaba limpiar antecedentes judiciales de narcotraficantes.

Se cierra el círculo
Bajo este título la edición de la revista Semana que entró en circulación ayer, transcribe declaraciones de testigos que “apuntan a funcionarios de la Casa de Nariño” como solicitantes o destinatarios de cuestionadas operaciones del DAS tales como las ‘chuzadas’ o interceptaciones telefónicas sin orden judicial; seguimiento a opositores, magistrados, periodistas y miembros de ONG de derechos humanos, y hasta manuales y protocolos para “sembrar” falsas pruebas para desprestigiar y judicializar a contradictores del gobierno.

Entre los mencionados están el Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el Secretario Jurídico, Edmundo Del Castillo, en cuya defensa la Presidencia emitió un comunicado en el que “rechaza enfáticamente la versión” del semanario y afirma que “jamás se dieron instrucciones sobre actividades indebidas contra ningún ciudadano”.

Pecados graves
El gobierno de Álvaro Uribe ha cometido “dos pecados mortales” en los últimos años, afirma el ex Canciller y ex Constituyente Augusto Ramírez Ocampo, al referirse a las ‘las chuzadas’ del DAS, y los ‘falsos positivos’, ejecuciones de personas para hacerlas pasar como guerrilleros dados de

Ramírez Ocampo reconoce que Uribe en ocho años de gobierno minó a la guerrilla, mantuvo buenos índices económicos, y ”recibió con tranquilidad democrática y sin aspaviento dictatorial el fallo de la Corte Constitucional que negó la posibilidad de una segunda reelección”, pero cree que en términos democráticos su gobierno ha significado “un paso atrás, porque la gravitación del Presidente en el Estado ha sido de tal naturaleza que ha opacado las otras ramas del poder público, generando un desbalance sumamente perjudicial”

Radio Nederland.- ¿Qué dimensión y alcances tiene esos ‘pecados mortales’ desde el punto de vista de la institucionalidad?

Augusto Ramírez Ocampo.- Lo que está apareciendo casi es de ciencia ficción. El DAS, que depende directamente de la Presidencia de la República, tiene grabaciones y registros de más de 60 mil conversaciones de colombianos, todo eso adelantado en buena medida, no se si todo, sin ordenes judiciales, sin atender lo que tiene que ser en un sistema respetuoso de la intimidad y del ciudadano. Por lo tanto, ha exacerbado profundamente la marcha institucional en Colombia. El segundo de los pecados capitales es el de los llamados ‘falsos positivos’, consistente en que para presentar cifras de eficacia de parte de algunas de las Fuerzas, se asesinaban personas para vestirlos de guerrilleros y ponerlos como si se tratara de guerrilleros dados de baja. Esos dos pecados, muy serios, del gobierno, han contribuido a que en este momento se encuentre alivio en la posibilidad de que haya un cambio de presidente de la República.
 

RN.- Los dos casos que menciona hacen que, incluso candidatos a suceder al Presidente Uribe, mencionen con frecuencia la Corte Penal Internacional. ¿Avista ese eventual escenario para el Presidente Uribe o su entorno más inmediato?

ARO.- No creo que haya las condiciones que define el Tratado de Roma para que la Corte Internacional intervenga, porque éste opera cuando no se aplica la justicia nacionalmente, y en ambos casos las investigaciones que se adelantan son profundas, las lleva un poder Judicial que no ha vacilado en llegar hasta el fondo de los acontecimiento y, seguramente, producirá sentencias. De hecho ya hay algunas en torno a los ‘falsos positivos’ y se avanza a pasos gigantes en la investigación de las chuzadas. Por eso no hay la posibilidad.

Alivio democrático
Ramírez Ocampo dice que no hay comparación entre Colombia y los ‘estados fallidos’ de África cuyos casos han sido llevados a la Corte Penal y que la Justicia colombiana está probando que “tiene fuste”. Además, desestima, por personalista, la propuesta del senador Roy Barreras, del gobiernista Partido de la U, quien anunció un proyecto de reforma política que permita que una vez deje el poder Álvaro Uribe sea declarado senador vitalicio, lo que en algunos sectores se interpretó como una forma de ‘blindarlo’.

En vísperas de que nueve candidatos disputen la sucesión presidencial en los comicios del 30 de mayo, el ex Canciller y ex Constituyente define el actual momento político colombiano como de “alivio democrático y democracia pura”.