Se ha dicho desde hace tanto tiempo y tantas veces, que ya nadie parece acordarse de que en el origen de la guerra colombiana está la inequidad en la tenencia de la tierra. Pero ahora las cosas van a cambiar, dice el recién posesionado presidente Juan Manuel Santos, cuyo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció ante el Congreso la restitución de dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados, por paramilitares y narcotraficantes.

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Se volvió a hablar de reforma agraria, algo que por primera vez se abordó por allá en 1936 y, luego, por la década de 1960, sin que hasta ahora se haya concretado efectivamente.

El ministro Restrepo dijo que se creará una Jurisdicción Agraria ante la cual acudirán los campesinos desplazados a los que se les hará titulares mediante un ‘carné de fe’, previa indagación de la historia del despojo, en notarias y con testigos; la carga de la prueba la tendrá que aportar quien detenta la tierra supuestamente arrebatada mediante violencia. “Sé que no será fácil y que habrá fuertes presiones y resistencia”, reconoció el ministro.

Cifras
Las cifras de la propiedad y uso de la tierra en Colombia llaman a escándalo. El 4% de propietarios detenta 64% de la tierra agrícolamente apta. En las últimas décadas, entre tres y cuatro millones de campesinos fueron expulsados de sus parcelas, a sangre y fuego, y 70% no tendría título de propiedad de su parcela usurpada. Este que es el segundo país de mayor biodiversidad y el cuarto a nivel mundial en recursos hídricos, ocupa dos segundos deshonrosos puestos: después de Sudan, registra el mayor número de refugiados internos, y, en América, sólo en Haití hay más inequidad social.

Además de la alta concentración de la propiedad en pocas manos, el uso privilegia la ganadería extensiva sobre la agricultura. Los datos más recientes del estatal Instituto Geográfico Agustín Codazzi indican que del 18% del territorio colombiano que tiene vocación agrícola, sólo el 3,3% se destina a este fin. Por el contrario, cuando sólo el 12,5% son tierras apropiadas para la ganadería, se usa con tal fin un 37,3% de la tierra. En cada hectárea de tierra ganadera pastan en promedio 5 animales, dice la Sociedad de Agricultores de Colombia.

El actual paisaje rural colombiano es herencia de la expropiación violenta, de hacendados hastiados de desmanes de la guerrilla y narcotraficantes ávidos de poder y dinero que en los años 70 armaron ejércitos privados, trajeron entrenadores de Israel y Gran Bretaña, y encontraron eco en brigadas militares, para sembrar el terror a lo largo y ancho del país. Avanzó con tanto ímpetu el ‘narcoparamilitarismo’ que entre entonces hasta 2006, capitalizó el 35% de la bancada del Congreso y logró cooptar regionalmente franjas del Estado en sectores neurálgicos como la salud y la educación.

Problemas
Uno de los aspectos más complejos del anunciado plan gubernamental será el de los predios incautados a los narcos, pues de dos mil hectáreas incautadas (400 predios) la mayoría son fincas de recreo, no cultivables. De 900 mil hectáreas entregadas por los capos que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, mediante acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Estado ha tenido que retornarles 485 mil, y de las restantes, sólo 110 no tienen líos jurídicos. En el curso de los últimos ocho años sólo se devolvieron 17 mil hectáreas y se adjudicaron 43 mil a campesinos despojados, lo que indica los engorrosos trámites legales y la telaraña de testaferros en que se amparan.

Para describir los métodos violentos utilizados por los narcotraficantes y paramilitares de la región de Córdoba, la investigadora y columnista del diario El Espectador, Cristina de la Torre, recordó la frase de alias Pitirri, testigo de un sonado juicio contra el ex presidente del Congreso, Mario Uribe: “Unos iban matando, otros comprando (tierras) y otros legalizando”. Se estima que desde 1990 la guerra interna ha dejado 165 mil muertos, unas 1.300 masacres y 31 mil desparecidos, comentó.

Cautela
Cauteloso sobre los anuncios oficiales se muestra Darío Fajardo, analista de Razón Pública, experto en asuntos agrarios, ex Representante de la FAO, quien dicta un seminario sobre asociaciones agrarias en la Universidad Externado de Colombia.

Radio Nederland. ¿Cuál es la dimensión de las tierras que fueron despojadas a los campesinos colombianos en la última década, la llamada contrarreforma agraria del narcotráfico?
Darío Fajardo. Se habla de entre 4 y 6 millones de hectáreas, cifra equivalente o un poco superior a la superficie sembrada actualmente, pues, estamos más o menos por los 5 millones de hectáreas en producción agrícola.

RN.- El nuevo gobierno del presidente Santos habla de restituir a los campesinos desplazados por lo menos 2 millones de hectáreas. ¿Es factible?
DF. Después de los ofrecimientos han empezado a surgir los problemas, los limitantes. No es solamente un problema de recursos sino que hay una serie de objeciones de carácter jurídico que comienzan a plantearse. Hay temas muy complicados porque las tierras que se usurparon no están desocupadas. Se han generado muchos tipos de ocupación, directamente o por empresas como ha ocurrido en el Bajo Atrato, donde empresas palmeras, bananeras, y ganaderas entraron directamente a ocupar los territorios usurpados. Hay otras tierras que han sido ocupadas por segundos y terceros ocupantes, muchas veces en relación oculta con los causantes del despojo y de la presión para el desplazamiento. Todo esto dificulta muchísimo el proceso de restitución a los legítimos poseedores de la tierra, quienes fueron víctimas de la usurpación.

RN.- Se habla de que en la Fiscalía hay cerca de dos mil procesos de extinción de dominio a los narcotraficantes pero apenas unos doscientos casos fallados.
DF. Es que la maraña jurídica que se ha tejido en el país, para dificultar la extinción de dominio es supremamente compleja. Se están ensayando algunas figuras discutidas en el pasado acerca de cómo hacer la intervención sobre las tierras y dar a cambio unos títulos que en el caso de que no prosperara la extinción serian reconocidos en su valor y en caso de prosperar, simplemente el afectado es objeto de la extinción del dominio. Pero estos procedimientos están por definirse. En el corto plazo es muy poco lo que se puede hacer así exista mucha voluntad política. Es importante sí, comenzar los procesos y dar una señal política en el sentido de que se va a avanzar en el proceso. Pero eso tiene que ir acompañado de muchas más medidas.

RN.- Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, ¿hay capacidad de interlocución con el gobierno para presionar una mejor negociación?
DF. Evidentemente hay capacidades limitadas porque no en vano estas organizaciones han sido sometidas a procesos represivos muy fuertes, destrucción de organizaciones, persecución sistemática. Episodios como el descubrimiento de la fosa de La Macarena, en una zona con historia muy fuerte de organización que fue destruida, da una idea. Cuando hablamos de 2 mil cadáveres en el cementerio clandestino de La Macarena estamos hablando de activistas, de líderes, de ese tipo de personas… Y en Granada, Meta, se acaba de descubrir en terrenos de una brigada militar otro cementerio clandestino; en medio del cementerio legal fueron sepultadas muchas víctimas NN. Estas no son personas muertas simplemente dentro de la guerra, son los procesos de destrucción de las organizaciones que precisamente habrían de ser los interlocutores en un proceso de reforma agraria.

RN.- Habría una contrapropuesta a la esta de reforma agraria del gobierno Santos en una gran apertura a la inversión extranjera para minería extractiva.
DF. La reciente exposición del ministro de Agricultura suscita ese temor porque al tiempo que se habla de una política encaminada a la recuperación de la tierra para las víctimas, se habla del mapa de las concesiones mineras. Naturalmente uno siente el temor de que por un lado se está ofertando una reforma agraria y procesos de recuperación de las tierras para las víctimas, y, por otro lado, estemos hablando de la amenaza -que ya no lo es porque hay miles de concesiones- de minería de cordillera en tierras muy complicadas para este tipo de extracción. Estamos ante el reto de que el país recibe una reforma agraria que tendría que ir de la mano con una política muy ambiciosa de concesiones mineras en cordillera. Es muy grande el riesgo que está viviendo el país. Creo que el gobierno tendrá que hacer una claridad meridiana sobre si nos vamos a ir por la reforma agraria o por el país minero, o pretendemos irnos por los dos, en un matrimonio que veo imposible.