La libertad provisional de 31 militares en Colombia vinculados a investigaciones por los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combate, deja muchas suspicacias por posible impunidad y enfrenta a órganos del poder Judicial.

Práctica siniestra

La cascada de órdenes de libertad se inició el 30 de diciembre con un Mayor y siguió la semana pasada con beneficio para 17 uniformados; el martes fueron seis y el miércoles otros siete, incluido un Coronel. Habían pasado más de 90 días en reclusión sin que se les llamara a juicio oral y sus abogados alegaron ‘vencimiento de términos’ y obtuvieron su libertad.

Todos los casos corresponden a hechos siniestros ocurridos en el 2008 cuando jóvenes de Soacha, localidad del extremo sur de Bogotá, fueron engañados mediante falsas promesas de trabajo por calanchines de guarniciones militares del departamento de Norte de Santander, adonde fueron conducidos y ejecutados para presentarlos luego como ‘positivos’, denominación genérica de las bajas en combate. La ‘contabilidad de cuerpos’ como índice de éxito en la lucha contrainsurgente, implica estímulos en días de descanso, ascensos y reconocimientos.

Un informe preliminar de Philip Alston, relator especial de la Naciones Unidas, quien a mediados del 2009 viajó por distintas regiones del país y se entrevistó con familiares de las víctimas, señala más de 1.800 ejecuciones perpetradas “a sangre fría” y de “manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército”. Para entonces él habló de 1.800 víctimas.
Tras las audiencias que concluyeron con la libertad de los 31 uniformados, madres y hermanos de los jóvenes ejecutados han denunciado amenazas mediante panfletos lanzados por debajo de las puertas de sus casas; advertencias verbales de motociclistas que los interceptan en la calle, y llamadas telefónicas en las que les dicen que se callen si no quieren correr la misma suerte de sus parientes.

Tensión en la cúpula
Mientras el ministro de Defensa, Gabriel Silva, ordenó que los cobijados por la medida de libertad permanezcan en guarniciones del Ejército sin tareas del servicio, la Casa de Nariño –sede de Gobierno- emitió un comunicado en el que expresa “preocupación por las decisiones judiciales las cuales, alegando vencimiento de términos, han dejado en libertad a personas sindicadas”, y planteó eliminar este recurso para delitos de lesa humanidad.

En tanto, el Procurador, Alejandro Ordóñez, afirmó que “es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad de la administración de justicia” y señaló como responsable de la dilación al Consejo de la Judicatura, instancia que negó haber tardado más de los 90 días de Ley para tramitar y conceptuar en los casos, pero anunció una “investigación exhaustiva”. Empero, el juez de garantías Fernando Sarmiento, dijo que se quiere convertir a los jueces en “chivos expiatorios” cuando en realidad la dilación en los trámites se produjo por negligencia del Consejo de la Judicatura.

¿Impunidad?
El abogado Tito Gaitán, de ‘Minga’, organización no gubernamental que defiende a víctimas de siete ejecuciones extrajudiciales de Soacha y otras ocho ocurridas en Putumayo, Arauca y Catatumbo, dijo a Radio Nederland que “la estrategia defensiva armada por los militares, con recursos públicos, está dirigida sin duda alguna a procurar impunidad” por lo que los casos exigen interés y especial dedicación de los órganos de justicia. Sin embargo, se han tratado “como episodios ordinarios de delincuencia”.

Gaitán afirma que desde fines de 2005 se han denunciado de manera contundente y con solidez jurídica las ejecuciones extrajudiciales. “Inicialmente el Gobierno negó que estos hechos hayan ocurrido y señaló que se trataba de una ‘estrategia de desprestigio’ implementada por organizaciones afines a la subversión para dañarle la imagen. Luego, cuando se desvelaron los casos de Soacha, cuya repercusión fue mayor por tratarse de víctimas urbanas, el Estado intentó aplacarla. Sin embargo, una vez iniciadas las indagaciones y proferidas las primeras órdenes “el tratamiento que se les dio a los procesos fue deleznable, surtiendo fruto la estrategia de los defensores de los militares y así fue que quedaron libres los pocos que se han vinculado formalmente”, asevera el abogado.

Radio Nederland.- ¿Cuál es la verdadera dimensión de los hechos y cómo van los procesos en la Fiscalía? Se habla de más de 2.500 víctimas y más de 1.700 militares vinculados.
Tito Gaitán.- Puede haber un subregistro impresionante. Creo que los hechos denunciados suman más de 2.000 víctimas en los últimos seis años. Las personas de Soacha fueron seducidas con promesas falsas para llevaros y ejecutarlos en una región rural del departamento de Norte de Santander, donde ya ocurrían casos similares denunciados por los parientes de los campesinos ejecutados. Como los jóvenes de Soacha no eran conocidos en la zona, se aceptaba que en las brigadas dijeran que se trataba de delincuentes. Eso mismo ha ocurrido en muchas regiones del país. En cuanto a los militares, en algunos casos excepcionales hay sentencia condenatoria. Tal vez 1.700 han sido señalados en indagaciones preliminares, que es el estado de la mayoría de los procesos que no han pasado a la etapa formal.

RN.- En Colombia ha hecho carrera la expresión ‘la justicia es para los de ruana (poncho)’, significando que sólo la gente del pueblo es objeto de acusación y sentencia. ¿Ocurrirá así en estos casos?
TG.- Esa es una verdad incontestable. No sólo por la calidad de las víctimas sino también por quienes son sometidos al enjuiciamiento. Tomando los datos que nos ofrece nuestra experiencia en el litigio, vemos que en las ejecuciones extrajudiciales siempre son vinculados soldados, suboficiales u oficiales de baja graduación. Las altas esferas siempre permanecen protegidas por la impunidad. En el caso de Soacha, por el impacto mediático y la repercusión internacional, se llegó a niveles medios, pero los comandantes de Brigada y de División no han sido investigados ni creemos que los sean en el inmediato futuro.

RN.- ¿Qué rol juega la veeduría internacional, intervendrá la Corte Penal?
TG. Ha sido fundamental. Cuando las denuncias estuvieron en los espacios nacionales no avanzaron, incluso, el Presidente de la República cuestionó la credibilidad. Se dinamizaron cuando se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y a las Naciones Unidas para que prestara atención. Ahora, si no hay posibilidad de que sean juzgados en el ámbito interno, se acudirá tanto a la CIDH como a la Corte Penal Internacional para que se establezcan responsabilidades tanto institucionales como individuales.

Vea la entrevista de Radio Nederland al vicepresidente de Colombia Francisco Santos